Dada la crítica situación de los servicios de agua y saneamiento, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) apuesta por el uso de contratos de gestión para mejorar la provisión de estos servicios. Follow @EconomiaECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
“[Las empresas de agua y sanemiento] pierden el 50% del agua que despachan porque las tuberías no están en buen estado y cobran la mitad de lo que llegan a facturar, de manera que de cada 100 litros que despachan, posiblemente, cobran 25 litros. Con esas cifras es imposible que esa actividad tenga eficiencia y futuro”, indicó Gonzalo Prialé, presidente de AFIN.
En ese sentido, el especialista opinó que, tal como sucede actualmente con Sedapal –la empresa de saneamiento para Lima–, se utilicen contratos de gestión, agrupando las diversas obras que existen para este servicio a nivel regional.
“Sedapal ya tiene contratos de gestión para cerca del 70% de todas las actividades que realiza. Por lo tanto, no es mala idea hacer contratos de gestión para manejar el agua y saneamiento en Lima Metropolitana y encargárselo a empresas privadas calificadas”, señaló Prialé.
Agregó que esta modalidad no consiste en privatizar el servicio, sino que con la participación del sector privado se permite mejorar la provisión de los servicios.
La semana pasada, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, indicó a El Comercio que el gobierno no tiene pensado privatizar ni dar en concesión los servicios de agua y saneamiento, pero sí promover los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas (APP). MIRADA GENERALPrialé detalló que a fin de cerrar la brecha de infraestructura a nivel nacional –estimada en US$159.549 millones– es necesario seleccionar y priorizar los proyectos, para luego decidir si conviene realizarlos vía APP u obras públicas. Para esto también se requiere la reforma de Pro Inversión, tal como propone el gobierno.
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