Se agrava disputa entre Gobierno y Odebrecht por orden de pagos
Se agrava disputa entre Gobierno y Odebrecht por orden de pagos
Iván Álvarez Arredondo

El pasado 13 de febrero el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 003-2017 con el fin de asegurar la eventual reparación civil de empresas vinculadas a casos de corrupción y la continuidad de grandes proyectos de infraestructura. La norma estableció que compañías como no podrán transferir sus capitales al exterior por un año y también se dispuso la creación de un fideicomiso para depositar los pagos estatales y los pagos de las firmas que compren activos.

Frente a este escenario, Odebrecht informó que el marco jurídico creado por Ejecutivo está comprometiendo la cadena de pagos vinculada a la compañía, desmintiendo así las afirmaciones hechas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia.

"A pesar de lo declarado de que Odebrecht Perú tendría la potestad de definir la orden de sus pagos, preservando las cadenas económicas vinculadas a su actividad, la empresa aclara que no dispone de ningún medio para establecer criterios de prioridad a trabajadores, acreedores y proveedores, pues casi todo el recurso financiero se encuentra bloqueado", dijo la compañía en un comunicado.

Odebrecht señaló, además, que aún sigue pendiente la venta de sus participaciones en varios proyectos y que Electro-Perú ha retenido el 40% del pago por la energía generada en la central Chaglla, dinero que debió entregarse a los bancos que financiaron el proyecto.

"Estas medidas tienen como efecto un fuerte y progresivo deterioro de la capacidad de Odebrecht Perú y de los proyectos en que participa para seguir cumpliendo sus compromisos con las cadenas económicas", apuntó la empresa.

El Comercio buscó la repuesta del MEF sobre la posición de Odebrecht, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Anteriormente, el ministro Alfredo Thorne había señalado a este Diario que con las nuevas disposiciones del Ejecutivo "no se le puede suspender la cadena de pago a nadie".

LIQUIDEZ DE LOS PROYECTOS
En opinión de Sergio Salinas, economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, es importante la creación del fideicomiso que garantice el pago de las reparaciones al Estado que defina el Poder Judicial, particularmente en escenarios de venta de participaciones de concesionarios como Odebrecht involucrados en casos de corrupción.

Sin embargo, el especilista agrega que la medida debe ser adecuadamente calibrada para evitar dejar sin liquidez la operación de los proyectos en manos de la firma brasileña, al impedir el flujo de pagos a legítimos proveedores y terceros.

"El Estado puede precisar vía reglamento los conceptos y gastos derivados de la operación de la concesión que deben ser cubiertos antes de la retención para determinar el margen a retener en cada caso. Con ello se asegura la liquidez del negocio", dijo Salinas en diálogo con El Comercio.

Si se quiere tener un mayor control y seguridad del flujo de egresos de las concesiones de la constructora, el economista consideró que el Gobierno puede solicitar al Poder Judicial la designación de un interventor que apruebe los desembolsos de la empresa.

Desde su ingresó al país en 1979, Odebrecht ha participado en 63 obras y el 80% de ellas (51) lo ha hecho con el sector público.

Lee más noticias de Economía...

Contenido sugerido

Contenido GEC