Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, en entrevista para RPP, advirtió que la reciente ola de leyes aprobadas por el Congreso podría comprometer seriamente la estabilidad económica del país.
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Segura explicó que en solo dos plenos realizados en marzo se aprobaron 11 normas con un impacto fiscal anual superior a los S/11.400 millones, cifra que podría elevarse hasta los S/15.000 millones si se incorporan otras medidas pendientes y costos no cuantificados.
“Son cifras brutales. Nadie, ni una familia, ni una empresa, ni un país, puede vivir por encima de su capacidad de generar ingresos. Básicamente se han abierto las puertas del infierno al país”, señaló el presidente del Consejo Fiscal a RPP, quien apuntó directamente al Tribunal Constitucional del Perú como un actor clave en este escenario.
Segura explicó que una interpretación del artículo 79 de la Constitución permitió al Congreso aprobar leyes que generan gasto a partir de años posteriores, lo que, según indicó, abrió la puerta a esta avalancha de normas.
El artículo 79 de la Constitución señala que el Congreso no tiene iniciativa ni para crear gasto público nuevo, ni para aumentar partidas que existen, excepto para el propio presupuesto del Parlamento. No obstante, el TC interpretó que dicha restricción se aplicaba solo al año del curso, pero sí genera gasto a partir del siguiente era válido.
Segura remarcó que el Congreso ha ido más allá de esa interpretación, aprobando normas con impacto inmediato. Cabe señalar que las últimas normas aprobadas en marzo obligan a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deba buscar más de S/6.500 millones de soles adicionales al presupuesto público para financiarlas desde este año.
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El titular del Consejo Fiscal también cuestionó el accionar del Ejecutivo. “Le estás hipotecando el 2027 y los años siguientes. No tienes la plata y aún así estás comprometiendo el gasto. El gobierno tenía herramientas para frenar esto, pero no las usó. Ni siquiera hizo el interno de observar las normas”, detalló.
Finalmente, el economista gráfico el impacto de estas leyes, señalando que el costo de estas medidas equivale a casi 9 veces el presupuesto de Pensión 65, más de 7 veces el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y cerca de 2 veces toda la inversión en infraestructura educativa.
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