Desde hoy los venezolanos que lleguen al Perú deberán presentar pasaporte o visa humanitaria, medida anunciada por el presidente Martín Vizcarra. (Foto: GEC)
Desde hoy los venezolanos que lleguen al Perú deberán presentar pasaporte o visa humanitaria, medida anunciada por el presidente Martín Vizcarra. (Foto: GEC)
Franco Balza Tassara Cánepa

Redactor de la sección Economía y Día1

franco.balza@comercio.com.pe

Tras publicarse en diario El Peruano la ordenanza dada por el gobierno regional de que establece sancionar a las empresas que despidan trabajadores locales para contratar “en y ”, la vicepresidenta de la República, , señaló que esta es inconstitucional.

“Ninguna persona puede hacer algún tipo de discriminación de esa naturaleza. Las reglas de juego son bien claras y están en la Constitución”, indicó Araoz.  



En ese sentido, recordó que la legislación peruana ha fijado que como máximo las empresas pueden tener hasta un 20% de trabajadores extranjeros y que a ninguna persona se les debe “pagar salarios de carácter esclavistas”.  

De otro lado, la vicepresidenta criticó esta ordenanza porque los criterios de contratación de trabajadores responden a una política pública nacional, es decir, que se establecen a nivel del gobierno central.

“Ningún gobierno local ni regional puede tomar decisiones sobre leyes nacionales de trabajo”, subrayó Araoz.

Por otro lado, se conoció que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no presentará un proceso de inconstitucionalidad por el momento, dado que todavía se está estudiando si esta es discriminatoria.

DEFENSORÍA
En conversación con este Diario, la Defensoría del Pueblo precisó que establecer diferencias basadas en el origen es ilegal.

“Nosotros ya nos habíamos pronunciado en contra de esta ordenanza, desde la etapa de dictamen. Se mandó un oficio al gobierno regional instándolos a no aprobar el proyecto de ordenanza. Lo desoyeron”, indicó Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría.

Lo más probable es que la entidad impulse una acción de inconstitucionalidad si llega a publicarse, agregó.