Bonos agrarios: ¿de qué trata la denuncia por el pago de la deuda agraria?

El ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, negó las acusaciones del economista Carlos Anderson, quien lo acusó de usurpar la firma de Carlos Mesía para evitar favorecer a algunos tenedores de bonos agrarios.

La denuncia actualmente se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, y Urviola denunció en RPP que hay una 'mano negra' en el proceso.

Según Urviola, existen detrás de las denuncias "grandes intereses" que pueden afectar al país más que la sobrevaloración de la carretera Interoceánica Sur.

¿DE QUÉ TRATA ESTE CASO?
La disputa empezó en 1996, cuando el Colegio de Ingenieros del Perú interpuso una demanda de inconstitucionalidad para evitar que desaparezca la deuda agraria, arrastrada desde la reforma del gobierno de Juan Velasco Alvarado.

Entonces, se había publicado una ley que establecía el pago de la deuda con el valor nominal, sin tomar en cuenta la inflación. Es decir, el monto se reduciría a una cantidad muy pequeña.

En el 2001, explicó Urviola, el Tribunal Constitucional (TC) decide que debe utilizarse el valor real para calcularlo, pero sin especificar los mecanismos o criterios para ejecutar esta sentencia.

En julio de 2013, un nuevo fallo del TC estableció que el pago de los bonos agrarios debía hacerse mediante una metodología de dolarización, en lugar de otra sujeta el Índice de Precios al Consumidor (inflación) pues "si tuviera que realizarse alguna actualización sobre la base del IPC en épocas de niveles altísimos de inflación este cálculo sería artificial, haciendo impagable la obligación originaria por parte del deudor", detallaba el documento.

Por otro lado, el magistrado Gerardo Eto Cruz propuso utilizar el dólar norteamericano más intereses, añadió Urviola, quien terminó apoyando esta lista.

"El tribunal dice 'hay que pagarle con el dólar norteamericano más intereses', las fórmulas y el procedimiento lo decide el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", señaló.

Sin embargo, Gramercy —Gramercy es una sociedad limitada constituida bajos las leyes de Delaware (Estados Unidos) poseedora de unos 10.000 bonos agrarios adquiridos a partir del 2006— alega que la decisión —que supondría una menor valorización de los bonos agrarios— fue tomada en un contexto turbio.

Ello, pues a días del histórico fallo, el magistrado Carlos Mesia afirmó que su voto, tomado en cuenta para la resolución, no había sido consentido y que había sido falsificado en una situación en la que se contaban con tres votos a favor y tres en contra de la decisión. También dijeron que días antes, Eduardo Roy Gates visitó al entonces presidente del TC, Óscar Urviola para presionarlo.

Unos años después, los bonistas presentaron más de 50 denuncias contra Urviola y otros magistrados. Dichas denuncias fueron declaradas improcedentes.

No obstante, cuando ingresa la actual legislación, el caso viró nuevamente.

UN NUEVO CASO
Urviola precisó que el 4 de agosto de 2016, cuando se instala el actual Congreso, fue presentada una denuncia constitucional en su contra y esta fue tramitada. El documento señala que Urviola habría alterado el voto de Mesía para manipular la sentencia del TC. 

El ex magistrado niega dicha acusación. "Como en ese voto originalmente estuvo la firma de Eto Cruz, que retiró para luego presentar una nueva ponencia; el relator, al momento de publicar ese voto, le puso 'liquid paper' al nombre de Eto Cruz [y dejó solo el de Mesía]" explicó.

"¿Quién gestionó que le dieran trámite a una denuncia que ya había sido declarada improcedente en la legislatura anterior? Ahí hay una 'mano negra', de grandes tenedores de bonos que financian esta situación para desprestigiar al Perú en el arbitraje que se sigue en los EE.UU.", puntualizó.