Odebrecht. (Foto: Archivo)
Odebrecht. (Foto: Archivo)
Paul Rebolledo

Como era de esperarse, el incremento del riesgo reputacional de las empresas pertenecientes al llamado ha impactado en sus resultados financieros y en el desempeño de sus valores.

Al respecto, la repercusión más visible en el mercado se centra en la volatilidad de la acción de la empresa Graña y Montero. Sus precios cayeron 60% en el 2017 y se recuperaron 6,4% en el 2018 y 8% en lo que va del 2019. La acción local retrocedió 9% en mayo último, pero, luego de que la empresa se acogiera a la colaboración eficaz, ha venido ganando cerca de 5%.


Por otro lado, algunas de estas empresas emitieron bonos en el mercado de capitales local con el objetivo de financiar sus proyectos. Sobre la base de la información pública, ¿qué aristas trajo consigo la situación de estas empresas para los distintos actores del mercado?

Un primer aspecto se basa en los continuos ajustes de las clasificaciones de riesgo de los bonos sobre la base de la nueva información del emisor. En algunos casos, las empresas tuvieron que reestructurar los cronogramas de pagos tras defaults técnicos con la anuencia de los inversionistas; y en otros casos menos exitosos, entraron a procesos concursales de Indecopi, lo cual interrumpió el pago de sus bonos.

Un segundo tema concierne a la valorización de estos bonos. La ausencia de precios de referencia para emisiones de alto riesgo en el mercado local dificulta esta tarea. Adicionalmente, las clasificadoras pueden tardar en ajustar sus clasificaciones, lo cual exige al valuador un análisis pormenorizado de las estructuras (grado de cobertura de garantías, liquidez de las mismas, entre otros aspectos) y el desarrollo de metodologías alternativas para ajustar los precios de manera oportuna.

Una tercera arista se centra en la capacidad de respuesta de los emisores para buscar mecanismos de resolución de impago de obligaciones y la transmisión de sus avances al mercado de capitales.

Así, en algunos casos, se han constituido fideicomisos de activos y cartas-fianza como garantías de las emisiones, lo cual ha permitido incluso mejorar su calidad crediticia. Sin embargo, la incertidumbre sobre la efectiva ejecución de determinadas garantías y las demoras en comunicación a obligacionistas pueden alargar los procesos de resolución.

Un cuarto tema se refiere al efecto de las desvalorizaciones temporales o permanentes en las rentabilidades de algunos inversionistas institucionales.

En general, el impacto es acotado dado que estas emisiones representan una porción aún pequeña de los fondos. A pesar de ello, sí es necesaria una rendición de cuentas a los beneficiarios finales en el marco de su deber fiduciario.

En suma, la poca visibilidad de algunos nichos del mercado de capitales hace desafiante la labor de asignar precios, en especial, en el mundo de la renta fija non prime. Por otro lado, el riesgo reputacional del sector podría desanimar a los inversionistas a tomar nueva deuda de estas empresas (y posiblemente otras del mismo sector económico).

La solución a este tema dependerá de la credibilidad de sus acciones y de los nuevos estándares que se adopten.

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