Para el presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Luis Carranza, es importante sancionar a empresarios corruptos y a sus compañías, pero sin la necesidad de sacarlos del mercado.
“Por un lado están las sanciones y multas a personas naturales y empresa y, por otro lado, la verificación que se han tomado medidas de corrección en la empresa para evitar futuros actos de corrupción, y que la empresa siga operando”, señaló durante su ponencia en la CADE Ejecutivos 2019.
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“Si el dueño de la empresa comete actos de corrupción, tiene que caerle todo el peso de la ley y la empresa debe ser multada, pero no podemos meter a todos en el mismo saco”, añadió.
Este ruido en el empresariado nacional ha dañado, aún más, la confianza de la gente en el sector privado, y esta falta de confianza, acusó Carranza, es el principal limitante de nuestra economía.
“Ahora la población no confía ni siquiera en el gobierno. Necesitamos un esfuerzo conjunto de empresas y Estado para acercarse a las comunidades y mejorar su calidad de vida”, indicó el economista.
También resaltó la importancia de fomentar la competencia para dinamizar la economía, como sucedió en el sector agro.
“¿Competimos en todos los sectores por igual o estamos en una inercia, sin tomar decisión, viendo cómo no perder mercado y que el competidor del costado también esté alineado?”, preguntó a la audiencia.
Sobre el sector agrícola, Carranza planteó como opción para reducir la pobreza insistir en la ampliación de áreas de cultivo.
El titular de la CAF apuntó que hay 440,000 hectáreas disponibles para trabajar en el país, y que cada una de ellas genera cinco puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
“En el Perú tenemos seis millones de pobres. Díganme cuánto tiempo nos vamos a demorar en retomar estos proyectos de irrigación (Chavimochic y Majes Siguas II), y yo les digo cuánto tiempo nos va a tardar erradicar la pobreza en el país”, subrayó.
Con respecto a la minería, el economista recomendó cambiar el foco hacia las necesidades de las comunidades alrededor de los proyectos extractivos.
“Hay que encontrar mecanismos y foros en donde se hable del beneficio para la comunidad más que cuándo empezamos el proyecto”, puntualizó.