Hace más de una semana el proyecto de ley que fortalece al  Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) quedó listo para su debate en el Pleno del Congreso. En él se estipuló un incremento en los montos de las multas a los operadores de telecomunicaciones, de acuerdo a los ingresos brutos del infractor. ¿Por qué sería trascendente dar luz verde a dicha iniciativa?

"La normativa [actual] no permitía velar por los compromisos que asumen las empresas en el marco de sus contratos de concesión. En los contratos de concesión el ministerio [de Transportes y Comunicaciones] viene introduciendo una serie de obligaciones a las empresas que implican tener más cobertura y eso obliga a Osiptel tener un despliegue mayor en provincias", sostuvo Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del organismo regulador .

Y es que en la actualidad la entidad no se da abasto para supervisar y fiscalizar los servicios de telecomunicaciones -cuyas ventas totales de los operadores se han situado por los US$5.500 millones en el 2013- en todo el país, por lo que más allá de las multas -señala- es necesario ampliar su capacidad de supervisión y fiscalización. "Si no tenemos servicios de calidad, tanto en provincias como en las grandes ciudades, no podemos hablar de inclusión social", resaltó.

Con 600 empresas trabajando en el mercado, el regulador argumenta que, además, trabaja por perfeccionar la normativa referente a supervisión con la creación de un consejo especializado que verifique el tema de sanciones y también se encuentran en la etapa de diseño de una norma que simplifique los procedimientos de reclamos en telecomunicaciones.

OSIPTEL NO EJERCE DOBLE SANCIÓN

Respecto a las afirmaciones que señalaron una doble sanción al momento de multar a las empresas de telecomunicaciones, Ruiz Díaz negó que su organismo ejerza este tipo de procedimientos ya que en su instancia se ofrecen todas las garantías para que se siga el debido proceso y las empresas puedan defenderse ante cualquier posible error que comenta el supervisor de telecomunicaciones. 

"Lo cierto es que en el 85% o 90% de los casos que son llevados al poder judicial, Osiptel termina teniendo la razón. [...] Sin embargo, este mecanismo sancionador no debe confundirse con el procedimiento que maneja el Ministerio de Transportes para la evaluación para decidir si le va a renovar el contrato a una empresa o no", puntualizó el directivo.