La Cámara de Comercio de Lima (CCL), ante el alarmante incremento de hechos delictivos en el país, exige al Gobierno una estrategia integral para resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Además, solicita que se destine el presupuesto necesario a la lucha contra la criminalidad en el país.
“Consideramos que la declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, no es suficiente. Esta medida debe ir acompañada de acciones concretas y articuladas con las actuales autoridades regionales y locales para desplegar una lucha frontal contra el crimen organizado, bandas criminales y la delincuencia que aqueja a nuestro país”, indicó la CCL en su comunicado.
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Ante ello, la Cámara de Comercio propone declarar en estado de emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP), para dotarla de la infraestructura, equipamiento y todos los recursos logísticos y operativos necesarios para la lucha contra la criminalidad.
Asimismo, en reducir la brecha de déficit de personal policial. Actualmente, se requiere alrededor de 50 mil efectivos policiales. También, incorporar agentes de inteligencia y de investigación con amplia experiencia que se encuentran en situación de retiro.
Otra medida es tomar el control de las 120 zonas vulnerables del país, que se encuentran debidamente identificadas, a través de acciones conjuntas entre la PNP y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la articulación de sus respectivas oficinas de inteligencia mediante un sistema integrado dedicado a la lucha contra la criminalidad.
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“Saludamos la creación del Grupo Gorex pero, ante el incremento descontrolado de la delincuencia, el país no necesita que se expongan las fotos de los efectivos, sino el resultado de sus acciones y eso se logra con trabajo en las calles. Los nombres, las etiquetas y las puestas en escenas no le van a devolver la tranquilidad que requiere la población”, refirió la CCL.
Finalmente, la Cámara recalcó que la propuesta de crear una figura delictiva como el terrorismo urbano es una medida política que puede resultar favorable, pero no es suficiente para disminuir y controlar en lo inmediato el desborde de la criminalidad, que mantiene en zozobra a los peruanos, además que desalienta la inversión e impide el crecimiento económico del país.
