Chavimochic III: ¿Qué puede pasar con este proyecto?

El Gobierno Regional de La Libertad anunció que rescindirá el contrato de concesión de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic al consorcio formado por Odebrecht y Graña y Montero. 

Según explicó a este Diario el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, la resolución del contrato se debe a que el concesionario –Consorcio Chavimochic S.A.C.– incumplió con el plazo de presentación del cierre financiero del proyecto.

La caducidad será oficializada la semana que viene tras la emisión de la opinión técnica vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas, precisó Valdez. Informó que se reunió ayer con representantes de esta cartera y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Firmado en mayo del 2014, el contrato establece una estructura de cofinanciamiento a dos tiempos para la construcción de dos obras: una presa (Palo Redondo) y un canal de 129 kilómetros. “Se estableció en el contrato, a favor de la empresa concesionaria, que sea el Estado Peruano el que invierta los US$374 millones al inicio, postergando la inversión de la empresa concesionaria”, criticó el gobernador. 

Precisó que la concesionaria debe aportar US$342 millones. Del total, hasta ahora se han desembolsado US$200 millones por parte del Estado, que han permitido avanzar en 60% la construcción de la presa. El canal aún no se ha empezado. 

La concesionaria reaccionó a la decisión del Gobierno Regional de La Libertad. Según declaró a El Comercio, no ha podido cumplir con la presentación del cierre financiero porque el Estado no ha entregado las tierras que se comprometió a disponer para el proyecto. “No es posible realizar el cierre financiero sin contar con los terrenos liberados, puesto que la obra a financiar no puede realizarse si no se cuenta con las superficies donde se debería construir”, alegó la concesionaria, en un comunicado enviado a este Diario. El 82% de las 19.420 hectáreas nuevas de la tercera etapa están en litigio, ya que la empresa azucarera Agrícola Chicama alega que son de su propiedad. 

La concesionaria debía presentar el cierre financiero a fines del 2015, sostuvo Valdez. Resaltó que “no existen las condiciones para continuar con la ejecución contractual”. Se refería a la complicada situación legal que enfrenta Odebrecht tras la confesión de actos de corrupción en la región para acceder a obras públicas. 

Perspectivas
Ante las versiones dispares de las partes, la rescisión del contrato exige analizar con detenimiento su causal, coinciden dos expertos consultados. 

“No sabemos si se ha producido un incumplimiento por parte del concesionario previsto en el contrato o una decisión en base a la presión del momento”, opinó Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. 

Explicó que la decisión abre dos escenarios posibles. Si el fin del contrato se atribuye al incumplimiento por parte del concesionario, el Estado puede finalizar la concesión y solicitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios, ejecutar las garantías contractuales y reemplazar el concesionario. 

En cambio, apunta Salinas, si la resolución es por una causal no prevista en el contrato, el concesionario podría reclamar una cancelación indebida ante un tribunal arbitral, lo que conllevaría mayores costos para el Estado. 

José Luis Guasch, ex jefe del grupo de expertos globales en asociaciones público-privadas (APP) del Banco Mundial, coincidió con Salinas en la necesidad de esclarecer la causal de la resolución del contrato. “Hay que ver cuáles son las causas y si ameritan esta decisión”, reflexionó. 

Sobre el relanzamiento del proyecto, opinó que no debería enfrentar mayores obstáculos, ya que se trata de un proyecto cuyas etapas I y II están en operación y las obras avanzadas fueron financiadas por el Estado. “Esto facilita el relanzamiento. Si la inversión hubiera venido por el concesionario, habría que asumir las compensaciones”, sostuvo. 

Por otro lado, los problemas en la adjudicación de tierras para las obras que alega la concesionaria podrían frenar su continuidad aun en caso de volver a licitarse. “Puede ser un factor de demoras. Veo difícil que cualquier postor se tome en serio este proyecto, si no hay claridad en la liberación de tierras”, añadió Guasch. 

Pero Miguel Orlando Chávez, gerente general del Proyecto Especial Chavimochic, entidad regional que supervisa las obras, confía en que en un mes destrabarán la entrega de los terrenos. Ya está en conversaciones para ello con Agrícola Chicama.