Condiciones para el financiamiento de infraestructura, por José Larrabure

Una de las pocas cosas donde existe consenso a todo nivel en nuestro país es que hay un déficit gigantesco de infraestructura. Algunos estudios señalan que este déficit estaría alrededor de los US$70 mil millones, y aunque esta cifra puede parecer exagerada, lo claro es que las necesidades de infraestructura en el país son enormes.

En la década pasada, uno de los principales impulsores del crecimiento económico fueron los grandes proyectos de infraestructura como los relacionados al gas de Camisea, el metro de Lima, la remodelación y ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el transvase de Olmos, la concesión de puertos, entre otros.

Lamentablemente, muchos de los grandes proyectos de los últimos años han sufrido largas paralizaciones o demoras, ya sea por estar relacionadas a escándalos de corrupción como a problemas de títulos, licencias sociales, interferencias políticas, entre otros que afectaron su inicio o plazos de implementación.

Para lograr reactivar los grandes proyectos de infraestructura y conseguir el capital privado para financiarlos se requieren condiciones mínimas que mitiguen los riesgos que los han afectado en los últimos años. Uno de estos requisitos es la incorporación de cláusulas anticorrupción que daría por terminado cualquier contrato de concesión.

Asimismo, deberían incorporarse cláusulas que mantengan indemnes a los proveedores de financiamiento en caso el contrato de concesión quede anulado por la comprobación de un acto de corrupción por parte del concesionario.

Proyectos como el gasoducto del sur han tenido problemas para lograr el cierre financiero por estar asociados a escándalos de corrupción.
Una segunda condición básica para reactivar los proyectos de infraestructura es asegurar el saneamiento de los derechos de propiedad sobre los terrenos afectados como condición precedente a cualquier financiamiento.

Las grandes demoras en la expropiación de terrenos ha sido uno de los principales factores que han generado grandes demoras en proyectos como la ampliación de la carretera Panamericana hasta Ica, la línea 2 del metro de Lima, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y la ampliación de la autopista Ramiro Prialé.

Por último, es indispensable contar con todas las autorizaciones y licencias por parte de los entes de gobierno como municipalidades o gobiernos regionales. En los últimos años hemos visto cómo factores políticos han afectado una posible venta de activos como el transvase de Olmos, el incremento de los peajes como en el caso de la concesión de Rutas de Lima y recientemente la ampliación de la Vía Expresa Sur.

Es innegable que el país necesita inversión en infraestructura y existen inversionistas privados muy interesados en participar, sin embargo, tras los problemas vistos con los proyectos en los últimos años, los nuevos deben incorporar cláusulas adicionales para poder convertirse en realidad.