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Confiep apoya cláusulas anticorrupción en acuerdos de concesión

Implementación de este tipo de cláusulas no tendrá impacto negativo en inversiones futuras, prevé el presidente del gremio

Confiep: Hay US$17.000 millones paralizados por permisos

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La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) respaldó la colocación obligatoria de cláusulas anticorrupción en los contratos de concesión del Estado, señaló Martín Pérez, presidente del gremio.

"Estamos absolutamente de acuerdo. Por un lado nos parece bien, pero por otro es lamentable que se tenga que hacer esto pues, en principio, no puede haber corrupción. Pero frente a la necesidad [vista] nos parece bien [la medida]", declaró el empresario a El Comercio.

Además, Pérez resaltó que si bien el marco jurídico peruano actual permite al Estado perseguir la corrupción con eficacia, es perfectible, tal como lo demuestran estas medidas.  

"El Perú cuenta con una legislación de acuerdo a los estándares OCDE respecto a la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Las organizaciones en general -partidos políticos, ONG, empresas- asumen responsabilidades de forma autónoma respecto a la comisión de delitos", anotó.

Así, bajo esta normativa, las personas jurídicas pueden recibir sanciones que van desde una multa, la confiscación del bien mal habido, la suspensión para contratar con el Estado, la inhabilitación e incluso la disolución de organizaciones que se hubieran creado solamente con el fin de delinquir, explicó.

Además, el líder de Confiep señaló que estas cláusulas anticorrupción no tendrán ningún efecto negativo en las inversiones futuras. "Las inversiones, como todas las que se tienen que hacer el país, tienen que enmarcarse en el marco jurídico que el país defina y si este es la lucha contra la corrupción, enhorabuena", anotó.

En tanto,  Martín Pérez se mostró a favor del decreto de urgencia que busca evitar la paralización de obras públicas. La medida suspende transferencia de capitales, dividendos o utilidades de empresas con responsabilidad probada en delitos contra la administración pública o que hayan confesado su participación hasta que hayan cumplido con el pago de una reparación civil al Estado.  "Me parece que el Estado tiene todo el derecho de hacer los máximos esfuerzos para que quienes hayan cometido actos de corrupción puedan enfrentar el peso de la ley", puntualizó.

DATO

►  La ley sobre responsabilidad autónoma de la persona jurídica entrará en vigencia el 1 de julio de este año.

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