CTS para trabajadores CAS y otras medidas suman casi S/7.000 millones de gasto anual, ¿se aviva otra alerta fiscal?

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El Gobierno promulgó la ley que incorpora el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS, una medida que, junto con otras normas aprobadas por el Congreso, elevaría el gasto público en cerca de S/7.000 millones anuales. Pese a ello, el presidente José María Balcázar reconoció este martes - en entrevista para Exitosa - que aún no está definido cómo se financiarán estos beneficios. “Se tiene que prever en el presupuesto”, señaló, sin descartar la posibilidad de recurrir a un crédito suplementario.

La norma, publicada en el Diario Oficial, establece dos gratificaciones al año equivalentes a una remuneración mensual, así como el reconocimiento de la CTS para los trabajadores CAS, en el marco de una reforma que, según el Ejecutivo, busca mejorar sus condiciones laborales.

Sin embargo, el impacto fiscal de esta y otras medidas ha encendido alertas entre economistas, en un contexto en el que las cuentas públicas ya enfrentan presiones para reducir el déficit. Además de los beneficios para trabajadores CAS, el Congreso aprobó cambios en el sistema previsional de la Caja Militar y Policial, lo que incrementa los compromisos permanentes del Estado.

De acuerdo con estimaciones, ambas decisiones podrían añadir entre S/6.800 millones y S/7.000 millones anuales al gasto público sin una fuente de financiamiento definida.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Instituto, el impacto fiscal de las normas aprobadas es significativo porque se trata de compromisos permanentes y no temporales. “En el caso de darle CTS a los trabajadores CAS, te suma anualmente alrededor de S/3.050 millones, y en el caso de los cambios previsionales a los pensionistas, cerca de S/3.800 millones. De una sola vez estamos incrementando el gasto fiscal por S/6.800 millones sin ninguna fuente de financiamiento”, señaló.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, calculó también que las medidas aprobadas tendrían un gasto permanente de casi S/ 7.000 millones anuales sin financiamiento. “El costo no lo pagarán los congresistas, sino todos los peruanos”, indicó.

Castilla advirtió que este tipo de decisiones vuelve más rígido el presupuesto público, ya que se incrementan los gastos corrientes vinculados a remuneraciones, beneficios y pensiones.

“Una vez que se incrementa el gasto en estos rubros, el efecto es que el presupuesto se vuelve más rígido y se incrementa el gasto corriente de forma desmedida”, explicó.

Además, alertó que el nuevo gasto complica el cumplimiento de la meta fiscal del Gobierno. El déficit fiscal cerró el 2025 en 2,2% del PBI y la meta para este año es reducirlo a 1,8%, objetivo que ahora enfrenta mayores presiones.

Impacto acumulado y presión sobre la deuda

El impacto fiscal podría ser aún mayor si se suman otras iniciativas que el Congreso discute actualmente. Según David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, las medidas aprobadas y otras en agenda podrían elevar significativamente el gasto estructural del Estado.

“Solo esta ley del régimen previsional de la Caja Militar y Policial ya implica alrededor de S/3.500 millones anuales adicionales, y si se suma la norma del CAS y otras iniciativas previsionales que están pendientes, podríamos estar hablando de hasta S/14.000 millones más de gasto permanente todos los años”, indicó.

Tuesta explicó que el problema central es que estos compromisos no cuentan con financiamiento, lo que obliga al Estado a elegir entre mayor endeudamiento, reducción de otros programas o incremento de impuestos.

“No hay de dónde pagar esos recursos adicionales. Al final la responsabilidad se traslada a los ciudadanos porque el Estado tendrá que endeudarse más o recortar gasto en otras áreas”, sostuvo.

Riesgos para el equilibrio fiscal

Ambos especialistas coinciden en que el principal riesgo es el deterioro gradual de las cuentas públicas. Castilla recordó que, aunque la deuda pública peruana es relativamente baja frente a otros países, el margen fiscal se ha ido reduciendo en los últimos años.

“En la última década la deuda neta —la deuda menos los activos del Tesoro— se ha incrementado cerca de 20 puntos del PBI, lo que reduce el margen de maniobra del Estado para enfrentar contingencias”, advirtió.

Esto cobra mayor relevancia en un contexto global incierto, donde factores como el alza del petróleo o nuevas crisis internacionales podrían generar presiones adicionales sobre el gasto público.

Según estimaciones de Scotiabank, el déficit se ubicó en 2,1% del PBI a febrero y mantiene un sesgo al alza debido al aumento del gasto corriente y a riesgos externos como la volatilidad de los precios de los metales.

Además, el incremento del gasto en remuneraciones —incluidos los trabajadores CAS— ya viene presionando las cuentas públicas, mientras que la inversión pública muestra señales de estancamiento.

Debate sobre la constitucionalidad

Esta situación también reabre el debate sobre los límites constitucionales del Congreso para aprobar normas que implican mayor gasto público. Tuesta sostiene que el Ejecutivo debería recurrir al Tribunal Constitucional, ya que la Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.

“El Ejecutivo tiene que presentar una demanda constitucional. Estas leyes son inconstitucionales y existen herramientas jurídicas para evitar que se comprometan las cuentas fiscales”, afirmó.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha presentado una acción de este tipo. El ministro de Economía, Gerardo López Gonzales, señaló que el Ejecutivo evaluará la ley que otorga CTS y gratificaciones a trabajadores CAS, aprobada antes de tomar una decisión.

Presión política en un año electoral

Para los economistas, la aprobación de este tipo de medidas también refleja las tensiones políticas propias de un periodo preelectoral.

“Este tipo de decisiones suele verse en periodos electorales, pero antes existía cierto nivel de autocontención en el Congreso. Ahora eso prácticamente ha desaparecido”, sostuvo Castilla.

Si la tendencia continúa, advierten, el próximo gobierno podría enfrentar un escenario fiscal más complejo, con menos margen para financiar nuevas políticas públicas o responder a shocks externos.

Balcázar analiza pedir crédito suplementario

Ayer martes, el presidente José María Balcázar , en entrevista con Exitosa, dejó abierta la posibilidad de solicitar un crédito suplementario para financiar el pago de beneficios a los trabajadores del régimen CAS, tras la reciente promulgación de la norma que incorpora gratificaciones y CTS.

El mandatario señaló que el Ejecutivo deberá evaluar si estos desembolsos se cubrirán con recursos del presupuesto vigente o si será necesario recurrir al Tesoro público mediante un crédito adicional. “Con un crédito suplementario sería fácil. Los mecanismos para el reconocimiento de los trabajadores no tienen dificultad”, afirmó en declaraciones a la mencionada radio.

En esa línea, indicó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con distintos sectores y que existe consenso en torno a la necesidad de cerrar la brecha de derechos laborales que afecta a este grupo de trabajadores. Según sostuvo, la medida apunta a dar fin a una situación de incertidumbre que se arrastraba desde hace años.

A juicio de Balcázar, la ley aprobada por el Congreso constituye una forma de reivindicación para los empleados bajo el régimen CAS, al equiparar progresivamente sus beneficios con los de otros trabajadores del sector público.