

El Consejo Fiscal se refirió al “Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al 2024”, donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestra la evolución de las finanzas públicas de los gobiernos regionales y locales durante el 2024, y evalúa el cumplimiento de las reglas fiscales de aplicación a los 1917 gobiernos subnacionales existentes en dicho periodo.
El informe también contiene la evaluación del CF sobre los efectos sobre las finanzas de los gobiernos locales del reciente cambio en la normatividad del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) y la situación fiscal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en el contexto de su más reciente operación de endeudamiento.
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Como primer punto, el Consejo Fiscal resaltó los bajos niveles de incumplimiento de las reglas fiscales subnacionales. “Ningún gobierno regional incumple las reglas fiscales desde hace cinco años, y menos del 5% de los gobiernos locales incumplió por lo menos una regla fiscal durante 2024″, precisó.
No obstante, el CF reiteró su advertencia sobre la existencia de un grupo de gobiernos locales (26) que vienen incumpliendo persistentemente la regla que limita el Saldo de Deuda Total (SDT) desde 2017. En ese sentido, el CF indicó que saluda que el IAECRF visibilice la existencia de este grupo de gobiernos locales y reitera la necesidad de evaluar mecanismos que permitan reducir los niveles de endeudamiento de estas municipalidades.
En esa línea, el CF recordó que, aunque estos Gobiernos Locales (GL) representan únicamente el 1,4% de los GL del país, concentran el 20% de toda la deuda subnacional. Cabe resaltar que, como parte de este grupo, se encuentra el 14% de los gobiernos distritales la provincia de Lima Metropolitana y el 50% de los GL del Callao.
Sobre esta situación, el CF reiteró la necesidad de evaluar mecanismos que permitan reducir los niveles de endeudamiento de estas municipalidades, a fin de evitar mayores dificultades financieras que comprometan la provisión de servicios públicos a más de tres millones de personas que residen en dichas jurisdicciones (aproximadamente el 9% de la población del país).
Respecto a la Municipalidad de Lima, señaló que la MML ha concertado niveles de endeudamiento excesivos dada su capacidad de generación de ingresos propios. Además, con la reciente emisión realizada por S/1.300 millones, la deuda de la MML se habría multiplicado por más de 3,4 veces desde 2022.

En ese sentido, el Consejo Fiscal alertó que, con este nivel de endeudamiento, la Municipalidad de Lima podría comprometer la provisión adecuada de servicios públicos de las futuras administraciones. Esto debido a que se está entregando en garantía a un fideicomiso un porcentaje significativo de sus ingresos para el pago del servicio de la deuda, a pesar de que estos recursos financian no solo sus gastos de capital, sino también sus gastos corrientes.
El Consejo Fiscal estimó que, para el pago del servicio de la deuda derivado de las tres operaciones de endeudamiento, se ha comprometido recursos municipales que representan aproximadamente el 30% de sus ingresos. Dichos recursos que actualmente se destinan al financiamiento no solo de sus gastos de capital sino también de sus gastos corrientes, ahora pasarán a ser destinados exclusivamente para el servicio de la deuda
Asimismo, el servicio de la deuda que se generaría para las tres próximas administraciones municipales (2027-2038) sería muy superior a lo históricamente gastado en servicio de la deuda y similar a la ejecución de la inversión pública promedio del periodo 2021-2023, consumiendo así el espacio fiscal de dichas administraciones. Por último, las obligaciones aún no asumidas y la potencial materialización de contingencias adicionales por sentencias judiciales y laudos arbitrales podrían incrementar aún más sus niveles de deuda y su servicio financiero.
Por tales motivos, el Consejo Fiscal reiteró que resulta inadecuado establecer excepciones al cumplimiento de las reglas fiscales basadas en calificaciones crediticias.
“Esto se debe a que el análisis de las calificadoras de riesgo se centra en la probabilidad de pago de la deuda financiera por parte de la entidad evaluada. El objetivo de las reglas fiscales es garantizar la sostenibilidad fiscal de la entidad, lo cual implica honrar sus deudas sin necesidad de recurrir a rescates del Gobierno Central”, añadió el CF.
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