Contraloría identifica perjuicio económico de más de S/ 2 millones en obra de corredor vial de Huancayo

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 2′469,863.13 al proceso de contratación y ejecución contractual de la obra mejoramiento del corredor vial de transporte masivo norte–sur, Av. ferrocarril (tramo: Av. circunvalación–cruce Carretera Central), en la provincia de Huancayo, región Junín.

Precisó que en el informe de auditoria de cumplimiento N° 17399-2021-CG/GRJU-AC (período de evaluación del 22 de setiembre de 2016 al 8 de mayo de 2019) se advierte que funcionarios del Gobierno Regional de Junín convocaron el 28 de marzo de 2018 el procedimiento de selección para la ejecución de la obra y posterior otorgamiento de la buena pro, a un postor que no acreditó el cumplimiento de los requisitos de calificación, según las bases de la dicha convocatoria.

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Sin embargo, los trabajos se iniciaron el 20 de julio de 2018 sin contar con la disponibilidad física del terreno y sin la absolución de consultas sobre la disposición del área no se realizó de manera motivada, situaciones que afectaron la transparencia y legalidad que rigen las contrataciones públicas.

Del mismo modo, el documento de Contraloría advirtió la aprobación de un expediente técnico de adicional de obra carente de sustento técnico y legal, aun así, reiniciaron la ejecución de la obra sin subsanar las observaciones que motivaron su suspensión. Este hecho ocasionó el perjuicio económico de S/ 378,630.84 por la pérdida de la inversión realizada al encontrarse inconclusa y por el pago de la elaboración y evaluación del citado expediente técnico de adicional de esta obra.

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Además, la Comisión de Auditoria, identificó que funcionarios de la gestión 2015-2018, así como de la actual (2018-2022), valorizaron, pagaron y reconocieron partidas no ejecutadas a favor del Consorcio Vial Junín (ejecutor de la obra), lo que generó un segundo perjuicio económico de S/ 2′091.232,29.

Tras la identificación de estas observaciones, se ha dispuesto que la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la Republica, inicie las acciones legales contra los 11 funcionarios comprendidos en los hechos del presente informe de auditoría con presuntas responsabilidades administrativas y penales.

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