La Contraloría General de la República. (Foto: GEC)
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Una nueva modalidad de operaciones fraudulentas en diferentes municipalidades y gobiernos regionales, conocida como “pagos fantasmas”, fue identificada por la Contraloría General de la República y hasta el mes de setiembre se evidenciaron operaciones de este tipo en nueve informes de control que involucran un monto total de S/ 35.86 millones que fueron transferidos a terceros sin vínculo laboral alguno con las instituciones involucradas.

Esta modalidad consiste en el uso irregular, por parte de funcionarios o servidores públicos, de un código autorizado para aprobar y ejecutar fases de gasto sin sustento documental en el (SIAF), para luego efectuar pagos a terceros sin vínculo contractual con la entidad.

El mayor monto involucrado en esta modalidad de transacción fraudulenta se registró en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, en la región Ucayali, donde se detectó un perjuicio económico de S/ 10.27 millones, en el . Dichos recursos fueron transferidos de manera electrónica a cinco empresas que no tenían contrato con la entidad, consignando información falsa en el SIAF.

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En total se realizaron 39 transferencias interbancarias a cinco empresas que no ejecutaron obra ni servicio alguno a la entidad edil y se sustrajeron parte de los recursos destinados al proyecto de agua potable de Aguaytía. Por este hecho, la Contraloría determinó en siete ex funcionarios y servidores de la entidad presunta responsabilidad administrativa y/o penal.

En la misma región Ucayali se detectó un caso similar en la Municipalidad Distrital de Manantay, donde se determinó que un usuario inactivo de clave SIAF y con claves de acceso a cuentas bancarias, registró información no acorde con la realidad en dicho sistema y se permitió transferir una suma superior a S/ 1 millón a las cuentas bancarias de dos empresas y una persona natural que no tienen ningún vínculo con la entidad, lo que ocasionó un perjuicio económico por dicho monto.

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El informe detalla que se realizaron 42 transferencias electrónicas sin contar con sustento documentario y provocaron que se postergue el proyecto de inversión pública de mejoramiento del pool de maquinarias de la Gerencia de Servicios Públicos. Por estos hechos, la Contraloría determinó en tres exfuncionarios y un servidor presunta responsabilidad administrativa y/o penal.

Mientras que en la región Cajamarca, se detectó que servidores de la Municipalidad Distrital de Callayuc autorizaron sin justificación alguna, a través de operaciones en el SIAF, la transferencia de recursos a favor de terceros, ocasionando un perjuicio económico por S/ 8.8 millones. El informe determinó presunta responsabilidad administrativa y penal en dos exfuncionarios.

Otra “transferencia fantasma” se registró en el Gobierno Regional de Tumbes, donde se descubrió que funcionarios y servidores de la entidad aprobaron cuatro certificaciones de crédito presupuestario irregulares que no contaban con documentación que sustente dichas operaciones por un total de S/ 7.53 millones a favor de tres empresas que no realizaron prestación alguna a la entidad.

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De ese total, no se concretaron transferencias por S/ 3.39 millones y S/ 1.98 millones, debido que se transfirieron a cuentas bancarias inactivas; mientras que el saldo de S/ 2.15 millones fue devuelto por la empresa que recibió la transferencia.

Por este caso, se determinó presunta responsabilidad administrativa y penal en dos funcionarios y dos exfuncionarios del GORE Tumbes.

En la región Loreto, se detectaron dos “pagos fantasmas” desde la Municipalidad Distrital de Inahuaya y la Municipalidad Provincial de Ucayali, respectivamente. En el caso de Inahuaya se emitieron certificaciones presupuestarias que permitieron realizar pagos a terceros sin vínculo contractual con la entidad por S/ 1.14 millones, determinándose presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro exfuncionarios ediles.

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En el caso de la Municipalidad Provincial de Ucayali, ubicada también en la región Loreto, se evidenció que funcionarios ediles permitieron crear un usuario SIAF a un locador de servicios para que pueda acceder y registrar una serie de datos ficticios para emitir cinco certificaciones presupuestales que luego fueron pagadas mediante 17 cheques por un total de S/ 1.43 millones a favor de un proveedor sin vínculo laboral con la entidad. Son 12 personas con presunta responsabilidad administrativa (5 funcionarios, 6 ex funcionarios y 1 servidor), de las cuales nueve también tienen presunta responsabilidad penal.

Otro caso similar fue detectado en el informe realizado a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, también en Loreto, donde se pudo detectar que en mayo del 2019 se ejecutaron pagos por S/ 736,318 a favor de una empresa que no tenía vínculo contractual con la entidad, sin sustento alguno y en base al registro de información sin veracidad en el aplicativo SIAF, lo que originó un perjuicio económico contra la entidad por dicho monto.

Dichos recursos iban a financiar las labores de supervisión de la obra de mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 599 Espiguita del Sembrador en el AA.HH. Aeropuerto en el distrito de San Juan Bautista en la provincia de Maynas (región Loreto), pese a que la obra ya estaba concluida. Los auditores determinaron presunta responsabilidad penal y administrativa en tres exfuncionarios de la entidad.


Lima y Callao

La provincia de Lima Metropolitana tampoco se libra de registrar estas prácticas de malos funcionarios públicos. En la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo se detectó un perjuicio económico de S/ 1 millón debido a una modificación presupuestaria que derivó en el desembolso de recursos a favor de un tercero que no realizó contraprestaciones a dicha entidad.

En este informe se determinó presunta responsabilidad en cuatro exfuncionarios ediles de la referida entidad que tienen presunta responsabilidad administrativa y/o civil y/o penal.

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Mientras que en la región Callao, la Contraloría detectó un perjuicio económico de S/ 3.86 millones en contra de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, debido a desembolsos de fondos públicos que se realizaron sin tener sustento documental y al margen del procedimiento regular, en favor de dos terceros que no efectuaron contraprestación alguna a la entidad.

Se realizaron un total de 39 operaciones de gasto generadas en el SIAF, que luego fueron utilizadas para desembolsar los más de S/ 3 millones a favor de dos terceros que no realizaron contraprestación alguna a la entidad. Por estos hechos, se determinó presuntas responsabilidades en tres funcionarios y cuatro exfuncionarios de la entidad. De ese total, dos tienen presunta responsabilidad civil, penal y administrativa; uno tiene civil y administrativa; y cuatro tienen administrativa.

La Contraloría sigue el rastro de operaciones similares que se podrían estar realizando en otras regiones del país. En las próximas semanas también se informarán los resultados que sobre esta materia se habría presentado en la Municipalidad de San Borja, que involucraría un monto de aproximadamente S/ 5.9 millones, bajo el mismo patrón delictivo que viene develando el Órgano Superior de Control.

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