Seis sectores del gobierno nacional han gastado menos del 11% de su presupuesto relacionado al Covid-19

Dentro del gobierno nacional, seis sectores han ejecutado menos del 11% de su presupuesto asignado ante el Covid-19, que en el país tiene una incidencia de un contagiado por cada 103 peruanos a la fecha. El monto de estos, en conjunto, asciende a S/446 millones y el nivel de gasto es de entre 1,3% y 10,8%.

Los sectores de Educación, Contraloría General y Transportes y Comunicaciones son los de peor desempeño. Pero no los únicos. El promedio del gobierno nacional es de 68,6%, pero 15 sectores están por debajo de ese porcentaje de ejecución.

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SECTORES CRÍTICOS

El Ministerio de Educación, que tiene el 91% de los recursos del rubro, explicó que S/93 millones corresponden a la Beca de Continuidad de Estudios, donde el proceso aún está en trámite y su cierre de convocatoria es el 14 de julio.

En tanto, S/140 millones son para el cierre de la brecha digital, vía la adquisición de tablets, que se anunció en abril. El Minedu detalló que el 6 de julio la Unidad de Administración de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (Digere) cerró la propuesta económica y desde ayer martes 7 se realizan “las gestiones de certificación de estos recursos”.

Los S/10 millones restantes, para adquirir kits de higiene para universidades. El 80% ya se gastó.

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Pero en este sector también figura que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la de San Antonio Abad del Cusco, la Federico Villarreal y la San Cristóbal de Huamanga, con recursos entre S/1 y S/2 millones, no han realizado gasto alguno.

La Contraloría, por su parte, planea destinar su mayor gasto a la contratación de servicios (S/22 millones), pero a la fecha ha ejecutado solo el 5,2%.

En tanto, Transportes y Comunicaciones divide sus recursos principalmente entre la ejecutora del legado de los Panamericanos 2019 -que dispone de S/47 millones, pero ha asignado solo el 6,6%- y la Autoridad De Transporte Urbano Para Lima Y Callao (ATU). Esta última dispone de S/54 millones y una ejecución de solo 3,6%.

Específicamente, en el marco de la pandemia, se ha asignado casi S/43 millones para “servicios de limpieza, seguridad y vigilancia” de la ATU, pero el avance es de 0,7%.

La ATU explicó a El Comercio que esto se debe a que, “debido a la falta de interés del mercado, no hubo la cantidad de cotizaciones deseadas, pues las empresas informaron que había carencia de instrumentos de limpieza requeridos y que la restricción del tránsito no les permitía desenvolverse”.

“[Esto] retrasó la contratación del servicio de limpieza y desinfección y, por ende, la ejecución del servicio”, detalló la ATU. Agregó que en este contexto se evidenció el incumplimiento de algunos aspectos de los términos de referencia que forman parte de contratos durante la prestación de los servicios, lo que produjo la resolución de dos contratos con las empresas Megapack Trading y Tatsa Perú.

Ahora bien, indicaron que “el incremento de la oferta del transporte regular al 100% va permitir que las empresas contratadas puedan realizar sus servicios en todas las unidades, lo que incrementará la ejecución del presupuesto asignado, aunado a la implementación de una nueva estrategia en el marco del inicio de la fase tres”.

Al respecto, un experto en materia vial que prefirió el anonimato criticó que la ATU no haya planificado el retorno de las personas a la vía pública y haya aplicado medidas limitadas para evitar los contagios.

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“A la ATU le dieron montos para desinfectar los buses, pero eso es medio complicado porque con la desinfección no se supera al virus. La tarea no era solo poner círculos en las veredas, sino también distanciar los paraderos. No entiendo por qué no han ejecutado. El MTC tiene que intervenir”, dijo.

A su turno, Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad, criticó los desempeños de estas autoridades, más aún cuando se trata mayormente de gastos corrientes, que corresponden a medidas de corto plazo.

“Si es gasto corriente es más fácil de ejecutar porque no se habla de proyectos, sino de acciones en el corto plazo”, refirió.

Incluso, indicó que bajo la declaratoria del estado de emergencia no había trabas para no gastar, pues este brinda facultades para agilizar los procesos, como contratar directamente al prestador del servicio, toda vez que está sujeto a control posterior.

“En el caso de emergencias no hay excusas [para no gastar] porque puedes contratar directamente. Lo que dicen estos resultados es que si en condiciones normales la gestión pública tiene deficiencias, en una emergencia no saben actuar. Y claro está que no es un tema de normas”, precisó.

Por último, Carrillo sostuvo que estos bajos índices de gestión de recursos ante el COVID-19 podrían responder a "miedos" a los controles posteriores sobre los contratos firmados, pero esto tampoco sería una excusa válida.

“En este contexto lo que debe ocurrir es que se contrate directamente y luego se justifique. La pregunta es por qué no se hacen esas contrataciones. Puede ser porque los funcionarios públicos tienen miedo de lo que diga después la Contraloría, entre otros, pero entonces para qué estás en la función pública si no puedes siquiera contratar durante una emergencia”, refutó Carrillo.

RESULTADOS POSITIVOS

Seis sectores del Gobierno están por encima del promedio de ejecución de recursos. Trabajo y Promoción del Empleo (96%) y Desarrollo e Inclusión Social (91,1%) destacan.

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