Crisis en la ANA: 83% de sus opiniones técnicas se emitieron fuera del plazo legal, ¿qué pasa con la gestión del agua?

El inicio del proceso de reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) responde a problemas de gestión de la entidad que limitan su capacidad como autoridad técnica del recurso hídrico. El reto en el que se encuentra trabajando el gobierno exige fortalecer esta gestión y la de sus órganos desconcentrados.

Rezagos en la gestión del agua

Una de las principales funciones de la ANA es determinar la disponibilidad del agua, ordenar sus usos y anticipar los riesgos en cada cuenca hídrica. Sin embargo, sus indicadores más recientes muestran avances limitados en el cumplimiento de estas funciones. Por ejemplo, entre 2017 y 2023, el porcentaje de usuarios formalizados disminuyó de 29% a 25%, lo que dificulta identificar quién utiliza el recurso y controlar los volúmenes extraídos.

El rezago también alcanza a la planificación y el monitoreo de cuencas. En 2023, apenas el 15% contaba con un plan de gestión aprobado y solo una de cada tres había sido evaluada en términos de cantidad y calidad del agua, tarea en la que intervienen los órganos desconcentrados de la ANA. En particular, la OCDE y el Banco Mundial advierten que estas oficinas presentan capacidades desiguales y, en muchos casos, carecen de personal especializado. A estas deficiencias se suma la falta de criterios estandarizados, lo que reduce la predictibilidad de los procedimientos, y ocasiona información fragmentada y una supervisión ineficiente.

Estas brechas son especialmente graves en un país con el tercer mayor nivel de estrés hídrico de Latinoamérica, según el World Resources Institute. Esta presión se concentra principalmente en la costa, donde reside más del 60% de la población, pero se dispone de apenas el 2% del agua del país. A esto se le suma la exposición al fenómeno de El Niño, que incrementa el riesgo de inundaciones y daños en infraestructura. La ANA debería cumplir un rol técnico clave al identificar los puntos críticos en los cauces y generar la información necesaria para que las entidades competentes prioricen las medidas de prevención.

Los avances limitados se producen en un contexto de elevada rotación directiva. Desde 2021, los jefes de la ANA han permanecido apenas siete meses en promedio, menos de la mitad de los 17 meses registrados en el quinquenio anterior. Esta inestabilidad dificulta sostener una estrategia de largo plazo.

Retraso de las inversiones

Las deficiencias de gestión de la ANA también retrasan grandes proyectos de inversión, que requieren la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Para ello, el Senace requiere opiniones técnicas vinculantes de varias entidades, entre ellas la ANA, a quien consulta de los posibles impactos sobre los recursos hídricos. Si estas opiniones se demoran, el Senace no puede concluir la evaluación y el proyecto se retrasa.

Entre 2017 y marzo de 2026, el 83% de las opiniones solicitadas por el Senace a la ANA fueron emitidas fuera del plazo legal, con valores mayores de incumplimiento en proyectos de transporte, hidrocarburos y minería. Al considerar el conjunto de intervenciones de la entidad en la evaluación de instrumentos ambientales durante este periodo, los retrasos con respecto a los plazos legalmente establecidos promediaron 20 días hábiles. Esta demora se elevó a 36 días en minería y 33 días en electricidad. Así, los proyectos mineros enfrentan demoras 1,8 veces mayores que el promedio de los sectores.

Estas demoras prolongan la aprobación de los instrumentos ambientales, elevan los costos de desarrollo y restan predictibilidad a las inversiones. Según Senace, entre 2023 y 2025, 28 proyectos de inversión privada afectados por retrasos en la opinión de la ANA sumaban un valor de más de US$ 25 mil millones. De estos, 20 proyectos pertenecían al sector minero.

Una ANA eficiente será clave para fortalecer el uso del agua, prevenir riesgos y evitar retrasos en las inversiones. Resulta importante entonces que el inicio de su reorganización rinda frutos. En ese marco, esta debe fortalecer sus capacidades técnicas y territoriales, mejorar la información disponible y unificar los criterios de evaluación. En un país con alta variabilidad climática y episodios recurrentes del FEN Costero, también urge acelerar la planificación por cuencas y reforzar la coordinación con los gobiernos subnacionales para priorizar las intervenciones preventivas de la mano del sector privado.