Los planes de dinamizar la economía a través de la inversión pública este año se frustró con el estado de emergencia declarado en marzo por el COVID-19. (Foto: GEC)
Los planes de dinamizar la economía a través de la inversión pública este año se frustró con el estado de emergencia declarado en marzo por el COVID-19. (Foto: GEC)
Redacción EC

A inicios de año se pensaba que la economía peruana aceleraría su crecimiento en torno a un 4% en 2020, y la estrategia del gobierno de Martín Vizcarra apuntaba a una mayor inversión pública para dinamizar la actividad. Pero después del impacto de pandemia del COVID-19, Perú enfrentó una recesión que derivará en una caída de 11.5% de su Producto Bruto Interno (PBI), según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Las múltiples decisiones desde el Gobierno central y el BCR sumado a una pandemia que devastó el mundo, el 2020 ha sido un año cargado en eventos económicos. Según el economista Jorge González Izquierdo, la principal tarea al inicio del confinamiento por el nuevo coronavirus fue evitar una mayor catástrofe.

El optimismo con el plan de inversión pública terminó el 16 de marzo, cuando Vizcarra decretó el estado de emergencia nacional y se paralizaron diversas actividades productivas por varios meses.

“Desde el 16 de marzo hasta la quincena de abril, la economía entró en una fase de emergencia, en donde la política económica, fiscal y monetaria trató de evitar quiebras masivas de empresas, que se caiga el ingreso de las familias de los trabajadores peruanos a cero y que se quiebre el sistema financiero”, indicó el docente de posgrado de la Universidad del Pacífico a este diario.

En esta fase de rescate se anunció el Bono Familiar Universal de S/ 380, que luego se convirtió en un subsidio de S/ 760. También se liberó la CTS y se habilitó el retiro de hasta 3 UIT de las AFP. Además, se comenzó a trabajar en estrategias para postergar declaraciones tributarias o un programa de créditos con garantía del Estado, como lo fue Reactiva Perú.

“Fue una etapa de alivio. No había nada de estímulo. Lo que se quería era evitar que la economía colapse. El trabajo del BCR fue adecuado, pero el MEF falló en diseñar una política para llegar a la gente más necesitada”, apuntó el economista.

Para financiar el déficit fiscal que sufrió la economía peruana, el Gobierno decidió emitir bonos por US$ 3,000 millones en abril, operación que se repitió en noviembre, cuando se emitieron bonos por US$ 4,000 millones, con una porción a un largo plazo de 101 años.

Reactivación de la economía

En el interín, se planteó un plan dividido en cuatro fases para abrir las actividades económicas, con un plazo de cuatro meses, que estimaba tener en setiembre abiertos bares, gimnasios, teatros y otros negocios. No obstante, la pandemia del COVID-19 llegó a su punto más crudo en los meses de julio y agosto, lo que retrasó la apertura de la economía, e incluso hoy se habla de un retorno a la fase 3.

La apertura progresiva de las actividades, según González Izquierdo, generó un rebote de la economía, cuya fuerza va menguando mes a mes, y pronto necesitará de un estímulo para iniciar la reactivación, a través del gasto público.

En paralelo, el Congreso tomaba protagonismo con una serie de medidas que generaban críticas e inestabilidad. Leyes como la vinculada a los peajes, la devolución de la ONP, un segundo retiro de la AFP o la eliminación del régimen CAS atentaban contra la estabilidad del país. Por otro lado, las constantes diferencias con el Ejecutivo y las citas semanales al gabinete, terminaron con la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

La conducta del Legislativo generó bastante tensión política y afectó la predictibilidad e institucionalidad, lo que comienza a tener impacto en la reputación del Perú frente a las agencias calificadoras de riesgo.

“El Congreso se ha constituido en un ‘shock’ externo negativo adverso a la economía nacional y sobre todo a las finanzas públicas”, indicó el economista.

“Si el Tribunal Constitucional (TC) falla a favor de la devolución de la ONP nos puede costar alrededor de S/ 15,000 millones. Si el Gobierno no observa la ley sobre CAS, son S/ 5,000 millones más”, añadió.

Explicó, además, que si las calificadoras de riesgo degradan la calificación de Perú, se encarecerá el crédito, disminuirá la llegada de capitales y se complicará las negociaciones internacionales del país (un TLC, por ejemplo).

Perspectivas

Hacia el 2021 la tarea es reactivar la economía e intentar llegar a los niveles previos a la pandemia. Pero ello dependerá de tres factores.

El primero es si hay un rebrote de la pandemia, pues esto obligaría al Gobierno a cerrar actividades nuevamente, y pondría un freno al aparato productivo del país.

En segundo lugar, la llegada de la vacuna y su aplicación a un 75% de la población. De acuerdo al experto, esto normalizaría el consumo privado. Mientras, el gobierno de Francisco Sagasti debe mantener una política expansiva.

El tercer factor son las elecciones. Con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, es importante que el próximo gobierno pueda garantizar la recuperación del Perú. Por el momento, la preocupación recae en las propuestas que la clase política ha elevado durante los últimos meses. “El populismo es lo más pernicioso que le puede pasar a una sociedad”, puntualizó González Izquierdo.

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