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D.U. 003: ¿Por qué se ha debatido cinco veces el PL que lo remplazará?

Mercedes Araoz asegura que a quienes no consideran prioritario el proyecto para reemplazar el D.U. 003, “no les interesa el país”

Debate

Las comisiones de Justicia y de Economía sesionarán nuevamente hoy por la tarde. (Foto: El Comercio)

La polémica por el proyecto de ley (P.L.) 2408, que reemplazará al Decreto de Urgencia (D.U.) 003, incrementa cada vez más la polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La primera ministra, Mercedes Araoz, cuestionó la posición adoptada por algunos congresistas de Fuerza Popular (FP), como Miguel Torres, por no considerar urgente la discusión de la norma que reemplaza el Decreto de Urgencia 003.

“No les interesa el país. Les interesa bloquear cualquier posibilidad de recuperación del país, no importa con tal de tener el poder y la capacidad de afectar el desarrollo. Es lamentable que no les apure un tema de urgencia nacional”, sentenció.

La respuesta de Torres llegó vía Twitter horas después. “Cómo se nota q @MecheAF está desconectada! Si se informara del trabajo que estamos haciendo por lograr una buena norma que reemplace el desastroso D.U. 003 tendría una opinión distinta. FP desde el inicio está ayudando con sugerencias y no obstante q no aceptan muchas, no desistimos!”, escribió.

Más allá de los dimes y diretes, las declaraciones de Araoz reflejan, sin duda, la preocupación del Ejecutivo con respecto a la vigencia de la prórroga del D.U. 003, que concluye en siete días.

EL DEBATE 

Con este panorama y el reloj en cuenta regresiva, la quinta reunión conjunta de las comisiones de Economía y de Justicia para debatir el mencionado proyecto se llevó a cabo ayer por la mañana. Sin embargo, lejos de votar el predictamen de la norma, la sesión –que tomó casi tres horas– concluyó con el anuncio de un cuarto intermedio. Las comisiones se reunirán nuevamente hoy, por sexta vez, a las 3 de la tarde para debatir y, eventualmente, aprobar el dictamen que sería incluido en la agenda del pleno del Congreso del jueves.

Durante el debate, Percy Alcalá, de Fuerza Popular, propuso que se pida información a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Sunat para saber a cuánto asciende la deuda real de las empresas vinculadas con actos de corrupción en el sistema financiero. Coincidió Marisa Glave, de Nuevo Perú, quien criticó también que el proyecto contemple que, si una compañía culpable o confesa vende su participación en un consorcio, este ya no sería blanco de retenciones.

El legislador de Acción Popular Yonhy Lescano criticó la colaboración eficaz sugerida para las personas jurídicas. “¿Los fiscales o los jueces lo han pedido? ¿Por qué el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo está introduciendo? En el fondo, esto ayuda a las empresas corruptas para que sigan funcionando como si nada hubiera ocurrido. Si admiten que han incurrido en delito, la norma podría dejar de aplicarse total o parcialmente”, apuntó.

En respuesta, el congresista ex oficialista Gino Costa clarificó que, si las empresas aceptan los delitos de corrupción y contribuyen a la investigación –en función a su grado de colaboración–, podrían reducir su responsabilidad penal, bajar el monto que deben destinar a la reparación civil y, eventualmente, seguir operando. “Las personas jurídicas pueden colaborar para seguir ejecutando los proyectos. La ministra [Claudia] Cooper dijo antes que, para que haya reparación civil, los proyectos tienen que tener flujos”, agregó César Liendo, viceministro de Economía, quien también estuvo presente en la sesión.

Entre las propuestas más polémicas se encuentra la de Mario Mantilla, parlamentario de Fuerza Popular, quien sugirió que las empresas tengan directores elegidos por el Ministerio de Justicia para que puedan cumplir con el pago de proveedores y otras obligaciones.

A esto, Costa respondió que la figura de la veeduría (implementar la contratación de veedores para garantizar la transparencia en los proyectos) contemplada en el P.L. es mejor que el mecanismo sugerido por Mantilla.

El congresista Miguel Torres señaló que el proyecto no determina lo que sucederá con las empresas en el tiempo que el procurador se tome para calcular la reparación civil.

Asimismo, coincidió con el parlamentario del Apra Jorge del Castillo al señalar que la suspensión de transferencias al exterior debería mantenerse vigente no solo hasta que se cumpla con la reparación civil, sino también con todas las responsabilidades con trabajadores, proveedores e instituciones financieras.

LAS SALIDAS 

El MEF ha manifestado que no optaría ni por emitir una nueva prórroga del D.U. 003 ni publicar un nuevo decreto.

Esto, porque este tipo de mecanismo requiere, según ley, de varias condiciones entre las que se encuentran la búsqueda de predictibilidad y una situación de carácter de urgencia que requiere de medidas que sean ejecutadas inmediatamente.

“Al momento que se dio la prórroga [del D.U. 003, días antes de su vencimiento], hubo un hecho imprevisible. Hoy ya no hay un acto de este tipo. Estamos en medio de la discusión del P.L., por lo que no se estaría cumpliendo al 100% los criterios que necesita un D.U.”, aseguró Liendo.

Más allá de ello, el proyecto de ley del Ejecutivo busca abarcar temas como la colaboración eficaz, la suspensión de medidas cautelares por parte de la Sunat y la contratación de veedores. Estos, no podrían estar incluidos en un decreto de urgencia, pues este solo tiene alcance económico y financiero.

Siendo así, el destino de la estrategia del MEF depende en este momento del Legislativo. Mañana, el predictamen de la norma podría aprobarse y ser incluido en la agenda del pleno mediante una extensión de esta. Para ello, además, sería necesario que se exonere de prepublicación por parte del Consejo Directivo. Los predictámenes deben publicarse al menos por 24 horas en la página web del Congreso.

Si el predictamen del proyecto de ley no es aprobado hoy, la Junta de Portavoces o el pleno pueden exonerar al proyecto del trámite de comisiones. Sin embargo, este escenario sería poco probable, pues se necesitaría de mayoría.

Asimismo, en el peor de los casos para el MEF, no existe ninguna norma que impida una nueva prórroga para el D.U. 003. No obstante, las consecuencias políticas podrían ser significativas.

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