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¿Debería existir un control previo de fusiones y adquisiciones?

El informe final de la Comisión de Trabajo fue remitido a la Comisión de Economía 

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(Foto: El Comercio)

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República realizó cuatro mesas de diálogo con diferentes actores en las que se abordó la necesidad de contar -o no- con una regulación ex ante de fusiones y adquisiciones

El informe final del grupo de trabajo, que fue enviado a la Comisión de Economía del Parlamento este mes, concluye que las operaciones de concentración empresarial deben contar con un control previo para garantizar la competencia efectiva en los mercados en beneficio del consumidor.

A FAVOR
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) tuvo una posición favorable respecto a la necesidad de contar con la mencionada regulación.

El jefe de la Sección de Capacitación y Asesoría de la División de Política de Competencia y Consumidor del organismo, Juan Luis Crucelegui, resaltó que el control ex ante tiene como objetivo preservar la estructura competitiva de los mercados.

Para la UNCTAD, el texto del anteproyecto se ajusta y es compatible con el estándar internacional en materia de control de concentraciones, en tanto que respeta los principios básicos que debe contener un texto de estas características.

De la misma manera, el jefe de la División de la Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Antonio Gomes, se manifestó a favor de esta regulación.

"Más de cien jurisdicciones, incluyendo a los países de la OCDE, tienen regímenes [previos] de control de fusiones como parte de sus leyes de competencia”, indicó el funcionario en una misiva.

Por su lado, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) también se mostró a favor de la norma.

De hecho, resaltó que la evaluación previa ex ante de este tipo de operaciones debería producirse sobretodo en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo detalló que si bien la implementación de un mecanismo de control previo supone una limitación a la libertad empresarial, no resulta inconstitucional per se.

EN CONTRA

Desde el otro lado de la mesa, los gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) manifestaron una posición opuesta a la regulación previa de las operaciones de concentración empresarial.

La Confiep, por ejemplo, recordó que el Perú ya se cuenta con un marco legal que restringe el abuso de posición de dominio por parte de los agentes económicos en el mercado.

Por su lado, la SNI consideró que existe amplia evidencia que demuestra que el control previo de fusiones y adquisiciones es un mecanismo con altos costos públicos y privados que no es idóneo para preservar la competencia.

Asimismo, mientras AFIN señaló que el anteproyecto debería contemplar el presupuesto necesario para su implementación, Comex calificó la propuesta de inconstitucional.

"Ninguna disposición del artículo 61 de la Constitución del 93 permite concluir que el marco legal peruano impide la formación de monopolios privados o de empresas con posición de dominio en el mercado. La única prohibición son los monopolios de origen legal”, detalló el gremio.

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