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Estas 5 regiones del país dejaron de gastar S/2.000 millones para obras en lo que va del periodo, ¿por qué y qué pasa con las otras?
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Año tras año, los gobernadores suelen reclamar por un mayor presupuesto para proyectos de inversión. Sin embargo, en el actual período ha surgido un patrón que va en contra de ese histórico reclamo, con gestiones regionales que reducen sus recursos para obras con el fin de destinarlos a gasto corriente o transferirlos a municipios. Desde el inicio de sus gestiones en el 2023, cinco gobernadores han dejado de gastar más de S/2.000 millones en obras.
La práctica de reducción de presupuesto no es exclusiva del actual periodo, pero en periodos anteriores se dio excepcionalmente sin un patrón en específico (ver gráfica). Para el actual mandato, la investigación de este Diario detectó que se ha convertido en una práctica recurrente en La Libertad, Áncash, Arequipa, Piura y Callao. Esta reducción ayuda a algunas gestiones -como la de Rohel Sánchez en Arequipa- a mostrar una alta ejecución, pero a otros como César Acuña en La Libertad y Ciro Castillo Rojo Callao no les ha servido de mucho, porque se mantienen en los últimos puestos de eficiencia de gasto.
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El gerente general de La Libertad, Martín Namay, justificó la reducción alegando que, desde 2023, han transferido S/ 430 millones a 66 municipalidades. Cuando consultamos sobre la trazabilidad de los recursos repartidos, el funcionario indicó que eso le correspondía al concejo regional. “Si no se realiza la ejecución, se revierte la transferencia al gobierno regional. Pasó con un municipio”, reconoció Namay. El resto de presupuesto se transfirió a gasto corriente para salud y seguridad.
Situación similar ocurre en la gestión del gobernador Koki Noriega en Áncash, quien ha instaurado el programa Hatun Áncash para transferir presupuesto a gobiernos locales. “El proceso es: las municipalidades presentan sus expedientes técnicos, pasan una evaluación técnica por la gerencia de infraestructura, las que cumplen las normativas técnicas, son las aprobadas en Concejo Regional y se hacen las transferencias”, explicaron desde el equipo de Noriega, quienes también indicaron que han hecho transferencias a la Autoridad Nacional de Infraestructura por S/150 millones para la construcción de una carretera.

Al igual que La Libertad, la gestión de Áncash aseguró hacer seguimiento de las inversiones, pero reconocieron que en algunos casos solicitan retornos. “Este año hemos solicitado incluso el extorno, porque hemos detectado que algunas municipalidades no han iniciado los procesos constructivos. Hay otros que les ha sobrado presupuesto porque han ganado al 90% o 95%. Todo esto, por un tema de responsabilidad y transparencia, estamos solicitado el retorno al gobierno regional”, precisaron.
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Consultado también por la labor de seguimiento a las transferencias, el equipo del gobernador Ciro Castillo Rojo se limitó a referirse a las cifras de ejecución del portal del Ministerio de Economía. “Las 17 inversiones tienen en promedio una ejecución mayor al 90%, en las que se encuentran obras concluidas y otras en proceso de culminación”, indicaron.
Este Diario también buscó -desde el pasado lunes- explicaciones de los casos de Arequipa y Piura, pero no respondieron, ni los gobernadores, ni sus equipos de prensa.
El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, lidera por tercer año consecutivo el ranking de ejecución presupuestal para proyectos de inversión. En una entrevista concedida a este Diario, en el marco del Día1 Summit, Cárdenas refirió que "pocos gobernantes trabajan con líneas de base, con planificación".
"La mayoría trabaja empíricamente. Considero de que todavía es incipiente la planificación en los gobernantes del país", refirió en dicha entrevista.

Sin capacidad de gasto
Para Gustavo Meza, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), la reducción de presupuesto sincera el manejo que tienen los gobiernos regionales, lo que es un indicador de que estos no tienen la capacidad de ejecutar dichos recursos.
Sostuvo que hay diversos factores sobre el tema, como una mala elaboración de expedientes técnicos, la falta de capacidad técnica de los encargados de distintas áreas de los gobiernos regionales o la rotación de funcionarios.
“Según el Observatorio de Videnza, en el Callao, por ejemplo, el gerente regional dura en promedio cinco meses a cinco meses y medio. Eso implica que muchas veces se paralicen las cosas para que otra autoridad pueda empezar de cero”, expresó.
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Por su parte, Gustavo Jiménez, especialista en inversión pública de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explicó que en este periodo del año debería existir un compromiso de gasto aproximado de un 75%. Agregó que los montos presupuestados para las entidades se basan fundamentalmente en gasto corriente, como pago de personal, planillas y servicios. “El presupuesto para inversión es menor para la ejecución de obras”, apuntó.
“No solo hemos tenido un problema de falta de recurso especializado, falta de capital, sino de unidades productoras, las que ejecutan los proyectos con el personal y equipos adecuados. El recurso es escaso, pero la gestión no es la mejor, el recurso humano es incipiente”, señaló.
La reasignación presupuestaria conlleva a que se eleven los porcentajes de ejecución en inversión. Estos niveles serían inferiores si no habrían transferencia de recursos, consideró Meza.

En el caso de Piura, su gobernador regional Luis Neyra indicó durante el Encuentro Económico organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) que tienen un devengado de S/755 millones de los S/1.117 millones que tienen en presupuesto para inversión. “El 2022, 2023 y 2024 logramos cerca del 90% de inversión. La idea es llegar al 100% este año. Con la ejecución del siguiente año podremos superar la inversión de las dos últimas gestiones”, indicó.
¿Cómo mejorar la ejecución y evitar la reducción presupuestaria? Según Meza, se pueden conformar equipos multisectoriales que involucren a los gobiernos regionales, a Proinversión o a la Autoridad Nacional de Infraestructura para el destrabe de proyectos importantes para los departamentos.
A su vez, Jiménez apuntó que las medidas a corto o mediano plazo no ayudarían, debido a que se necesita mayor inversión e ingresos públicos, pero estos últimos se ven afectados por distintas normas aprobadas en el Congreso. “Se necesitan cuadros eficientes que conozcan de gestión pública y sobre todo dar confianza para que se haga a través del proceso de promoción y de inversión privada”, sostuvo.
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