Demanda de Bear Creek le costaría US$1.200 millones al Perú
Demanda de Bear Creek le costaría US$1.200 millones al Perú

CLAUDIA PAAN  / ALEJANDRA COSTA

La minera canadiense  podría exigirle al una compensación de US$1.200 millones y tendría muchas posibilidades de ganarla, si es que inicia un proceso de  ante el  (Ciadi) en respuesta a la cancelación de sus derechos para operar la mina de plata Santa Ana (Puno), estimó Oscar Frías, especialista del Centro de Desarrollo Sostenible e Innovación Minera de la

"Considerando el monto de inversión del proyecto, calculo que la empresa podría solicitar una indemnización de unos US$1.200 millones ante ese órgano del Banco Mundial debido a que el (TLC) con Canadá incluye una cláusula de garantía de inversiones", comentó el experto. 

Con estos recursos se podría cubrir el presupuesto del  durante los próximos siete años y, de concretarse, sería la segunda demanda más onerosa que tendría que enfrentar el Estado peruano, después de la interpuesta en junio del 2011 por la ciudadana francesa Renée Rose Levy y la empresa Gremcitel por un proyecto inmobiliario en el Morro Solar, que se encuentra en curso. 

Como se ha informado, la minera envió un comunicado al gobierno de Ollanta Huamala notificándole que "si no se alcanza un acuerdo amistoso en un periodo de seis meses, la compañía puede iniciar un proceso de arbitraje internacional contra Perú de acuerdo al TLC entre Canadá y Perú". 

El experto consideró que el Gobierno deberá haer un esfuerzo para evitar que se concrete la amenaza de la empresa. 

“El gobierno tiene que enfrentar el tema político en para acercar las inversiones. Con esto, estoy seguro que Bear Creek va a dejar la demanda. Pero mientras que el Estado no refuerce la gobernabilidad, la empresa va a querer recuperar su inversión por la vía judicial”, remarcó.

POCAS POSIBILIDADES

Por su parte, el ex ministro de Energía y Minas, Fernando Sánchez Albavera, opinó que el Estado peruano no tiene muchas posibilidades de salir airoso de un eventual proceso arbitral ante la Ciadi.. 

"Es un caso donde un derecho de una empresa se ha visto afectado por una razón de tipo social. Acá hay un problema de institucionalidad porque el Estado otorga las concesiones mineras por una razón de interés público, entonces no puede ampararse en el interés público para retirar el derecho que obtuvo la empresa. Acá el que está en falta es el Estado peruano", opinó. 

Consideró que, en el fijado por la empresa para tratar de llegar a un "acuerdo amistoso" con el Estado peruano, el Ministerio de Energía y Minas tendrá que hacer un esfuerzo para evitar la demanda de la minera canadiense, lo cual tendría que pasar por retribuirle sus derechos sobre la mina de plata Santa Ana, que fueron cancelados en junio del 2011 por el saliente presidente Alan García debido a las fuertes protestas en Puno. 

"No estoy juzgando el comportamiento de la empresa porque no lo conozco, pero podría ocurrir que el Estado peruano intente demostrar que el conflicto se generó por una mala política de la empresa, lo cual podría ser un atenuante", comentó. 

Frías coincidió en que es fundamental que el Estado pueda zanjar el tema antes de llegar a un arbitraje internacional con la minera ya que lo perdería y esto, como consecuencia, impactaría en el clima de inversiones.