Deudores de pensión de alimentos: Plantean que no puedan renovar DNI ni brevete

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) se creó en el 2007 con el objetivo de llevar un consolidado de las personas que hayan incurrido en morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, contenidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas o acuerdos conciliatorios. 

El acceso a la información del Redam es gratuito (https://casillas.pj.gob.pe/redam/#/)  y el Poder Judicial se encarga de proporcionar a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) mensualmente la lista actualizada de los Deudores Alimentarios Morosos. Esto, a efectos de que se registre la deuda alimentaria en la central de riesgos de dicha institución. 

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Es decir, el primer impacto -en la actualidad- para los deudores es financiero: limita su acceso al crédito (los bancos sabrán si tiene un juicio por alimentos, por ejemplo). 

¿QUIÉNES INGRESAN AL REGISTRO DE DEUDORES?
De acuerdo a la ley vigente, ingresan al Redam aquellas personas que adeuden 3 cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada.

También serán inscritas aquellas personas que no cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos si no las cancelan en un período de 3 meses desde que son exigibles.

En el 2017,  el partido Fuerza Popular presentó un proyecto que busca aumentar las sanciones para los deudores alimenticios morosos. El proyecto fue aprobado en la Comisión de Constitución y ahora se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso.

En resumen, el proyecto propone que los deudores alimentarios no puedan:

1. Renovar y actualizar datos en el documento nacional de identidad.
2. Solicitar la emisión, renovación o recategorización de la licencia de conducir.
3. Solicitar antecedentes penales. 
4. Solicitar la emisión o la renovación de su pasaporte; suscribir contratos públicos o privados en las notarías públicas en el que tenga que presentar su DNI.

Si bien el Congreso es el que debe dar el voto final para que se convierta en ley, de las entidades consultadas por el partido, solo el Ministerio de la Mujer dio una opinión positiva.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el del Interior expresaron su rechazo ya que limitaría mucho a la persona en cuestión; el Ministerio Público manifestó una opinión "negativa en parte"; y la SBS, Sunarp y el Ministerio de Trabajo se inhibieron de dar su opinión.