La difícil infancia de la Sunafil

Los desafíos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) empiezan por casa. Hoy, el sindicato de trabajadores de la institución tiene prevista una huelga indefinida en reclamo de mejores condiciones de trabajo. 

La Sunafil fue creada en el 2013 –e inició funciones en el 2014– con el objetivo de mejorar la inspección laboral en el país, la cual era prácticamente inexistente fuera de Lima: según cifras del Ministerio de Trabajo, a abril del 2012 el 92% de los gobiernos regionales –autoridades responsables de la inspección laboral– no tenía más de cinco personas dedicadas a esta labor; y en Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín y Ucayali no existía ese personal.

Sin embargo, aún no termina de implementarse por completo. “Sunafil es una institución en construcción e implementación progresiva. Y una de las cosas que tenemos que entender es eso: que es un proceso; no es una institución que se crea y que de la noche a la mañana ya está todo hecho”, afirma a El Comercio Carlos Benites, superintendente nacional de fiscalización laboral, en relación con la huelga de un grupo de inspectores.

Solo en el distrito limeño de La Victoria, por cada empleador formal, existen dos informales, identificó la Sunafil gracias a su plan piloto Cuadrante Inspectivo –que consiste en la sectorización por manzanas del ámbito distrital y que busca fiscalizar la economía informal y formal–. 
En este escenario, ¿cuáles son las principales medidas que ha adoptado la Sunafil a fin de mejorar la fiscalización laboral en el país y qué retos quedan por delante? 

—Mayor claridad—
La Sunafil también fue creada para subsanar la diversidad de criterios utilizados. 
“Cuando nosotros asumimos la gestión, había más de 150 instrumentos normativos sobre cómo se debía inspeccionar. Esto generaba desconocimiento en los inspectores y empleadores sobre cómo proceder”, señala Benites.
En ese sentido, la Sunafil ha emitido dos directivas generales: la del procedimiento inspectivo y la de seguridad y salud en el trabajo. Estas son las dos grandes normas matrices que regulan la inspección de trabajo, explica el funcionario. 
Pero no son las únicas. Se ha aprobado el protocolo de inspección de trabajo forzoso; y se emitirá el de seguridad y salud en el trabajo en el sector industria, así como el de contratos sujetos a modalidad.
“La predictibilidad en la inspección es un tema básico, que permite saber con certeza cuál será la orientación y los criterios para resolver [los casos]. Se está avanzando mucho en generar mecanismos de predictibilidad”, destaca Luis Miguel Almendariz, abogado del Estudio Echecopar. 
Pero Germán Lora, abogado del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, advierte sobre posibles irregularidades que se estén dando en estos protocolos. “La norma dice que los inspectores auxiliares solo pueden revisar microempresas y pequeñas empresas, pero en el día a día los auxiliares hacen los trabajos solos en empresas medianas y grandes, y esto legalmente es incorrecto. Pero el protocolo dice que se puede regularizar [incorporando luego un inspector con competencia]. Un protocolo no puede regularizar una situación que es contraria a la ley”, opina el especialista. 
Benites indica que los protocolos están acorde a la ley y, en el caso puntual de los inspectores auxiliares, se busca no perder la etapa de investigación inicial que se ha hecho, ya que el tamaño de la empresa recién es determinado cuando se accede al volumen de las ventas de las compañías ya en la inspección.  

—Financiamiento—
Pero la Sunafil también está en busca de aumentar sus recursos. En ese sentido, ha planteado recibir financiamiento a través del aporte por regulación de parte de las empresas de minería y energía.
“Es innegable que tienen problemas de presupuesto, y esto afecta su labor de fiscalización”, señala Mario Zúñiga, de la asociación de Contribuyentes por Respeto. “Es discutible que este presupuesto provenga de un nuevo aporte por regulación. [...] Me queda poco claro que se justifique en el caso de fiscalizar la regulación laboral. Encima que a las empresas les trasladas el costo de los derechos y beneficios laborales, también ahora el de la fiscalización. El presupuesto de la Sunafil debería salir del presupuesto general”, opina el especialista. 
La duda reside en saber si se trata de un pago adicional de estas empresas o si se dividirá de lo que ya pagan a Osinergmin. “Es un costo que ya está incorporado dentro de la obligación de estos empleadores de aportar por el concepto de regulación. No es que le estemos generando gastos adicionales”, asegura Benites.
Pero la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía no está tan convencida. “El sector minero energético tiene directamente unos 200.000 trabajadores, de una fuerza laboral de entre cinco y seis millones en el sector formal. Se pretende que quienes contratan a esos 200.000 aporten por regulación para cubrir la supervisión de toda la actividad laboral del país”, comenta Carlos Gálvez, presidente del gremio.