Disputa por la supervisión del puerto de Chancay provoca reacción de EE.UU.: ¿está en juego la soberanía peruana?

La controversia entre Ositrán y Cosco Shipping en torno a la supervisión del megapuerto de Chancay ha trascendido el ámbito técnico y escalado al terreno geopolítico. El punto de quiebre fue la decisión del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que declaró fundado el recurso de amparo presentado por la empresa china con el objetivo de impedir que el regulador ejerza facultades de supervisión, fiscalización y sanción sobre el terminal.

A partir de ese fallo, el debate cruzó fronteras. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental —dependencia del Departamento de Estado de Estados Unidos— publicó en su cuenta de X un mensaje en el que advirtió sobre una posible afectación a la soberanía peruana. El pronunciamiento fue posteriormente reposteado por el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

“Preocupados por los últimos informes de que Perú podría verse impotente para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores, apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, señala el mensaje difundido por la oficina. Navarro lo compartió añadiendo: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.

El fondo del conflicto

Para Patricia Benavente, especialista en infraestructura y expresidenta de Ositrán, la discusión no debe centrarse en el carácter privado de la inversión —un aspecto que considera indiscutible—, sino en la potestad del Estado para regular a una empresa que presta servicios a terceros.

“Es un tema entre el Estado peruano y un inversionista que, con el planteamiento que está haciendo Cosco Shipping frente al Poder Judicial, lo que pretende es ser básicamente un enclave casi colonial en donde ellos no aplican una ley peruana porque no quieren y donde creen que tienen el derecho de escoger quién los supervisa y quién no”, señaló.

Tal como explicó, aun tratándose de una inversión íntegramente privada, la regulación debe aplicarse en la medida en que se trata de infraestructura de uso público que brinda servicios a terceros.

“El tema que está en discusión no es la propiedad del puerto, sino si alguien que presta servicios portuarios a terceros debe estar regulado igual que todos los demás o puede hacer lo que quiera. Ese es el tema”, afirmó.

Impactos a nivel geopolítico

Si bien Benavente considera que el conflicto no puede calificarse, por ahora, como una afectación directa a la soberanía, advierte que el precedente podría adquirir esa dimensión si el Estado deja de aplicar su marco normativo de manera homogénea.

Asimismo, observa implicancias en el plano internacional, en particular en el contexto del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Estados Unidos es miembro.

“Estados Unidos es un país miembro de la OCDE y Perú aspira a ingresar a esa esfera, que se caracteriza por promover recomendaciones de políticas públicas homogéneas. China no forma parte de la OCDE y hay una serie de estándares que no cumple. Entonces, este es un tema que el Estado peruano —tanto la Cancillería como la PCM— debe merituar: es necesario defender el derecho del Estado de aplicar sus políticas públicas a todos los agentes económicos de manera homogénea, neutral y sin privilegios”, sostuvo.

En esa misma línea, advirtió que otros operadores portuarios con inversiones en el país —como APM Terminals o DP World— podrían invocar los tratados bilaterales si consideran que existe un trato desigual que afecte la competencia, en caso Cosco no esté sujeta al mismo marco regulatorio.

¿El Megapuerto de Chancay está regulado?

Desde la empresa, sin embargo, descartan que exista un vacío de supervisión. En declaraciones a El Comercio, Gonzalo Ríos Polastri, gerente general adjunto de Cosco Shipping, afirmó que el Estado ejerce plenamente su soberanía dentro del terminal. Recordó, además, que diversas entidades públicas —como Senasa, Serfor, Digemid y Digesa— cuentan con oficinas dentro del puerto.

“El Perú, en la perspectiva del puerto, ejerce absolutamente todo lo que es soberanía y jurisdicción en el puerto de Chancay. Chancay no es un enclave. El desarrollo de las actividades se enmarca en las competencias que tiene el país para ejercer sus facultades de supervisión”, indicó.

Según explicó, Ositrán busca ahora asumir competencias en la solución de controversias entre el puerto y los usuarios. No obstante, sostuvo que existen distintas instancias para atender esos reclamos.

“Cuando establecemos un contrato, fijamos condiciones con los usuarios y procuramos brindar el mejor servicio. Y cuando no hay satisfacción, contamos con un procedimiento completo de solución de controversias. Además, existen instancias como la atención de usuarios del sistema portuario en la Autoridad Portuaria Nacional (APN) o incluso la defensa del consumidor a cargo de Indecopi”, precisó.

En la misma línea, Juan Carlos Paz, expresidente de la APN, consideró que el megapuerto no está exento de regulación, aunque señaló que existe un vacío o falta de claridad legal respecto al rol de Ositrán en infraestructuras privadas de uso público, lo que permite interpretaciones distintas de una misma normativa.

La posición de Ositrán

Aunque el Poder Judicial ya emitió un pronunciamiento, Ositrán adelantó que apelará la decisión. En un comunicado difundido el último viernes, sostuvo que el marco normativo vigente le otorga facultades para supervisar y fiscalizar las Infraestructuras de Transporte de Uso Público, incluyendo puertos de titularidad privada y uso público como el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Según indicó, estas competencias fueron comunicadas oportunamente a la empresa.

Asimismo, a través de Canal N, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, respondió a cada argumento de Cosco Shipping. “Hay una confusión, pues se cree que Ositrán solo fiscaliza concesiones; sin embargo, según la norma, la supervisión alcanza a empresas prestadoras de servicios públicos”, declaró.

También precisó que la mayoría de reclamos en el ámbito portuario se relacionan con demoras en la carga, falta de información y controversias con líneas navieras. Recordó que, si bien existen oficinas de diversas entidades estatales dentro del puerto, estas cumplen funciones operativas y no atienden reclamos vinculados a la calidad integral del servicio.

En ese sentido, aclaró que Indecopi no tiene facultades para revisar determinados reclamos de usuarios intermedios. “Ositrán tiene funciones específicas que no ejercen las instituciones que hoy están dentro de Chancay”, subrayó.

Sobre esta situación, la Presidencia de Consejo de Ministros publicó un comunicado donde destacó que el Perú promueve y vigila la libre competencia,protege la propiedad privada, y establece que la inversión nacional y extranjera [sin distinción de su procedencia] están sujetas a las mismas condiciones.

De esta manera, “el Terminal Portuario de Chancay, de propiedad del consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano, incluyendo aquella regulación en materia de seguridad portuaria y carga, así como de entidades públicas”, se indica.

Por ello, explicó que si se “configuran tales supuestos”, es decir, si se confirma la orden judicial para que Ositrán se abstenga de ejercer sus funciones, la PCM, “en cumplimiento de la normatividad legal vigente, hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta”, señaló.