(Foto: Archivo)
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Redacción Economía

(Informe IPE-El Comercio) En su último mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra criticó que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) tuviera cerca de 70 mil procesos judiciales relacionados a la obtención de una pensión. Estos se deben, en buena parte, al requisito de validar 20 años de aporte efectivo como condición para acceder a una pensión para el jubilado o sus familiares. En ese sentido, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), cerca de dos tercios de sus afiliados no obtendrán una pensión debido este requisito de años de aporte mínimo.

LAS REGLAS ONP
Según la Ley 27617, el requisito principal para acceder a una pensión ONP es acreditar 20 años –240 meses a lo largo de la vida laboral– de aporte efectivo. De cumplirlo, el jubilado recibirá como pensión una proporción de su último salario, ratio que dependerá de los años de aporte efectivo adicionales a los 20 años obligatorios. La ley, además, establece un tope mínimo y uno máximo: la pensión no podrá ser menor de S/415 ni mayor a S/857.

LOS QUE SÍ Y LOS QUE NO
A partir de información de la ONP, y de mantenerse el mismo ritmo de contribución entre los trabajadores, se estima que dos tercios de los afiliados no alcanzarían los 20 años de aporte efectivo y, por lo tanto, no accederían a una pensión a pesar de haber contribuido por años. Las principales características del afiliado que determinan su probabilidad de recibir una pensión son su tasa de densidad (definida como la proporción promedio de meses en un año en que realiza aportes previsionales) y su edad.

Los afiliados que no recibirían una pensión tienen en promedio una tasa de densidad menor a un tercio; es decir, solo realizan aportes previsionales en promedio 4 de cada 12 meses. Así, acumularían apenas 8 años de aporte efectivo de los 20 obligatorios. Por otra parte, la edad promedio de este grupo de afiliados es 43 años, lo cual significa que, aun mejorando su estructura contributiva, tienen una menor cantidad de años restantes para aportar y cumplir el requisito.

El tercio de afiliados que sí cumplirían el requisito de los 20 años de aporte muestra características diferentes. Este grupo de afiliados tendría una tasa de densidad cercana al 90%; realizan aportes previsionales en 11 de cada 12 meses en promedio.

Los afiliados que sí llegarían a los 20 años de aporte tienen en promedio un nivel de ingresos más altos durante su vida laboral. En consecuencia, los aportes de aquellos con menores ingresos y reducidas oportunidades de empleo formal, y que no recibirán una pensión, son destinados a financiar pensiones de jubilados en una posición económica relativamente mejor.

INSOSTENIBILIDAD
Actualmente, el aporte de los afiliados a la ONP resulta insuficiente para financiar el pago de las pensiones y, por ende, el Estado debe transferir recursos a la ONP para cubrir este déficit. Entre el 2011 y el 2017, se transfirieron anualmente en promedio S/2.034 millones, lo que representa un costo promedio anual de 0,4% del PBI. Estas transferencias aumentarían significativamente con el fin del bono demográfico en un par de décadas. En la actualidad, existen aproximadamente 2,9 aportantes por cada pensionista. Se espera que esa proporción caiga a solo 0,4 al 2050.

En este sentido, el IPE proyectó las transferencias del Estado necesarias para cubrir las pensiones en el período 2018-2063. El costo de mantener la ONP tendría una tendencia creciente a partir del 2044 ante el deterioro de las condiciones demográficas que obliga al Estado a transferir mayores recursos a la ONP. Así, el costo promedio anual alcanza un máximo de 0,6% del PBI hacia el 2060. Sin embargo, este costo no incluye los costos indirectos para el Estado de que dos tercios no accedan a una pensión ONP a pesar de haber aportado. Además, dicho costo resulta artificialmente más bajo porque los afiliados que no recibirían una pensión financiarían las pensiones de los que sí la recibirían.

Si se considerase que este grupo de afiliados recibiese una pensión mínima proporcional a los años de aporte efectivo, el costo total para el Estado de mantener la ONP aumentaría significativamente y alcanzaría un pico en el 2060 de 1,4% del PBI.

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