Elecciones 2021: Keiko Fujimori plantea que el 40% del canon se reparta directamente a la población, ¿es esto viable?

Los recursos por canon en las regiones donde está presente la actividad de minería, hidrocarburos y gas no son invertidos con eficiencia, y ello ha generado descontento en muchas zonas donde dichas actividades están presentes. Un informe de este Diario mostró, de hecho, que el saldo acumulado en canon y regalías mineras no utilizadas en los últimos seis años suma S/5.046 millones, mientras que la ausencia de infraestructura y servicios de calidad se mantiene en muchos lugares del país.

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En ese contexto, la candidata por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó una propuesta durante el debate presidencial en Chota, Cajamarca: ofreció, en un eventual gobierno suyo, entregar directamente a la población los recursos del canon, con el objetivo de aliviar ciertas demandas de las poblaciones.

“Lo que propongo es el canon para el pueblo: el 40% del canon se repartirá directamente a la población. De esta manera vamos a trabajar de la mano con todos ustedes”, dijo.

Es oportuno mencionar que lo planteado por Fujimori no es completamente nuevo: Carlos Casas, exviceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico (UP), y Roxana Barrantes, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), mencionan que la propuesta es muy similar a lo que actualmente ocurre en Alaska, donde, en teoría, las comunidades tienen una participación en la propiedad de las empresas que explotan petróleo y las utilidades se reparten entre ellos.

“Quienes son residentes del estado norteamericano de Alaska reciben su cheque correspondiente a lo que llaman un dividendo con respecto a la explotación del petróleo. Eso se hace”, explica Barrantes.

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Pero la implementación de dicha propuesta en nuestro país podría ser riesgosa, según los expertos; y considerando las brechas que persisten en diversas regiones, tampoco sería del todo recomendable.

“VIABLE, PERO EN EL CORTO PLAZO”

El economista Carlos Casas considera que la propuesta es recomendable solo en el corto plazo y de manera extraordinaria, mientras dure la crisis del COVID-19. En ese sentido, apunta que habría que modificar la ley actual del canon, porque esta indica que dichos recursos deben ser destinados específicamente para realizar obras de infraestructura.

“Es una propuesta que hace tiempo daba vueltas. Si uno lo analiza, y por razones más de contentar a la población, la persona ve que una mina funciona en su zona, que supuestamente genera producción y utilidades, y el gobierno local tiene bastante dinero pero no gasta o, en el peor de los casos, el alcalde se la roba. [Esta propuesta] sería una forma de cortar ese descontento y dárselo directamente”, comenta.

Sin embargo, Casas no deja de lado el riesgo que podría implicar este planteamiento, considerando que los ingresos por canon no son permanentes y están sujetos a que se den las actividades de minería o hidrocarburos en las zonas beneficiadas.

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“El problema es que la gente se acostumbre a esas transferencias y cuando [ya no se tengan esos ingresos], no se puedan hacer dichas entregas de recursos. [...] Mientras dure la emergencia del COVID-19 lo podría hacer como una medida extraordinaria. Pero hacerlo permanente podría generar más problemas en el futuro”, anota.

UNA PROPUESTA “NO RECOMENDABLE”

Para Roxana Barrantes, el problema de implementar la propuesta de “canon para el pueblo” es que implicaría quitar recursos a inversiones de todo tipo de infraestructuras que se requieren en las zonas de influencia de las actividades de minería o hidrocarburos, en lugar de hacer algo para concretar que dichas obras se realicen.

“¿Cómo vas a asegurar que todos tengan acceso a agua potable y a un sistema de alcantarillado decente si no tienes recursos? Los recursos del canon están destinados a proveer obras como las que describo, además de carreteras, vías, postas, escuelas, etc.”, detalla.

Por este motivo, Barrantes no recomienda la implementación de dicha propuesta, y menos en un contexto de serios problemas de provisión de infraestructura básica en los centros poblados que están ubicados, justamente, en regiones donde el canon no se ejecuta de forma efectiva.

“No podemos seguir viviendo en un país que no tenga agua potable para sus ciudadanos, y nuestros indicadores son vergonzosos con respecto a eso. Entonces, que todos vivan felices con el dinero que les llega directamente del canon… ¿pero que haya población en esas zonas viviendo sin agua o buena infraestructura? Es una solución individual a un problema que es de todos”, resalta.

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No obstante ello, la investigadora agrega que esto no elimina la necesidad de que el canon se deba invertir mejor en las regiones donde se recibe.

“Las obras [en estas regiones] se ven en la capital de las provincias o regiones, pero no en los centros poblados más aislados. Se acusa al Perú de ser centralista para Lima, pero varios gobernadores y alcaldes son centralistas para sus capitales en sus provincias”, puntualiza.

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