Entradas a conciertos podrían subir si se aprueba norma que permite el ingreso de alimentos y bebidas, ¿qué falta para que tenga luz verde?

Desde el sector de espectáculos, la oposición es clara. Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sostuvo que el proyecto impulsado por la congresista Katherine Ugarte es “una norma que vulnera derechos y afecta la sostenibilidad económica de la industria cultural”. Para ella, la propuesta no solo complica la logística y operación de los eventos, sino que compromete la seguridad, especialmente en espectáculos que pueden reunir entre 5.000 y 30.000 personas en un mismo espacio.

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Espinoza advirtió que permitir el ingreso libre de productos abre la posibilidad de que se introduzcan sustancias peligrosas o armas camufladas, generando mayores exigencias en control y seguridad. A ello se suma la imposibilidad de garantizar que los alimentos traídos desde fuera estén en buen estado o cumplan condiciones de salubridad.

Según explicó, la medida incluso podría promover la informalidad dentro y fuera de los recintos, al incentivar la proliferación de ambulantes que ya hoy se concentran en los alrededores, pero no pueden ingresar sus productos.

Por su parte, Verónica Vergaray, socia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), señaló que el dictamen impone obligaciones desproporcionadas que afectan la libertad de empresa y trasladan costos adicionales a productoras, municipios e incluso al Indecopi, que tendría que fiscalizar las nuevas exigencias. La especialista cuestionó que el proyecto parta de la premisa de un “desequilibrio contractual” sin demostrar que la prohibición actual sea abusiva. Los asistentes, recuerda, conocen las condiciones del evento al adquirir sus entradas.

“El proyecto no se pronuncia sobre los incentivos perversos que puede generar: al no existir un máximo de productos por asistente y obligarse a informar precios previamente, se fomenta la reventa clandestina dentro del concierto, afectando a organizadores y vendedores autorizados, e incluso comprometiendo la seguridad y tranquilidad de los asistentes”, advierte Vergaray.

En esa misma línea, Gianfranco Iparraguirre, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y especialista en competencia, consideró que la propuesta carece de sustento técnico y podría afectar derechos constitucionales como la libertad de empresa y la libre contratación. Prevé que, de aprobarse, la normativa incrementará los costos operativos y de seguridad, lo que nuevamente recaería en el precio final de las entradas. También alerta sobre riesgos en eventos deportivos donde el ingreso de botellas podría provocar incidentes graves.

Un ahorro que podría trasladarse al ticket

En términos económicos, Espinoza señaló que la venta de alimentos y bebidas es parte de la estructura de ingresos de un evento y que eliminarlos como fuente de financiamiento podría elevar el precio de las entradas entre 5% y 8%, considerando que un asistente consume entre S/ 15 y S/ 25 por evento, con el 70% de este gasto destinado a bebidas.

Por su lado, Vergaray aseguró que una aprobación del dictamen obligaría a las productoras a replantear su modelo de negocio, lo que podría traducirse en un aumento del valor de las entradas o incluso en una menor oferta de eventos.

“Hoy los precios son altos porque los proveedores gozan de exclusividad dentro del evento, lo que limita la competencia. Si el proyecto se aprueba, este esquema se rompe: ingresan nuevos actores, desde vendedores externos autorizados hasta revendedores informales, generando una presión competitiva directa”, argumenta Vergaray.

A su vez, Iparraguirre advirtió que actuaciones legislativas sin análisis técnico “envían un mensaje negativo a la inversión privada”. “La norma podría afectar a aquellos consumidores que adquieren sus entradas para vivir la experiencia de asistir a un concierto o a un evento deportivo o cultural, con la tranquilidad de que sea el organizador quien controle las bebidas y alimentos que se venderán en este, a fin de no afectar la experiencia que desea disfrutar. Además de que lógicamente existirá un incremento en el costo de las entradas”, comentó el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Desde ComexPerú apuntaron -en un pronunciamiento cuando la propuesta fue ingresada, en el 2024- que si el objetivo es corregir una presunta práctica abusiva, el camino adecuado es la denuncia ante el Indecopi, para que la autoridad técnica evalúe caso por caso y no se impongan reglas generales para industrias diversas. El gremio recordó que la propia institución se pronunció en contra del proyecto, indicando que no se requiere una regulación específica adicional.

Pese a que a primera vista parece una estructura similar, el proyecto de Codeco hace referencia al caso de los cines como precedente para justificar esta nueva obligación. Según Vergaray, hay una diferencia clave y es que Indecopi analizó situaciones concretas, considerando los términos y condiciones del proveedor, su información registral y otros elementos específicos. “Fue una decisión particular, no una regla general”, explicó la socia de PPU.

En cambio, comentó Vergaray, el proyecto busca imponer una obligación uniforme para toda una industria diversa, sin evaluar las particularidades de cada operador. “Esa generalización no solo marca la diferencia, sino que abre la puerta a críticas más fuertes sobre la pertinencia y proporcionalidad de la medida”, complementó.

¿Qué falta para la aprobación?

El dictamen debe ser incluido en la agenda del Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación. El plazo mínimo para esto es de 7 días calendario desde la publicación del dictamen, aunque puede tomar meses, dependiendo de la voluntad política de aprobarlo, comentó Vergaray. Una vez en el Pleno, los congresistas votarán para definir su aprobación, archivo o devolución a la comisión que elaboró el dictamen (en este caso, Codeco) para su reestructuración.

De ser aprobado, el Congreso enviará la autógrafa al Poder Ejecutivo para su publicación o formulación de observaciones.