Essalud, Petro-Perú y Sedapal acumularon 79 presidentes y gerentes generales en el último quinquenio

El IPE analiza los principales retos que enfrenta el país de cara al inicio del nuevo gobierno. La débil gestión pública se refleja en el avance de la inseguridad, un entorno poco favorable para la inversión, el deterioro fiscal y las brechas regionales en el acceso a servicios básicos.

Generar condiciones para que la inversión privada crezca a doble dígito durante todo el quinquenio.

Entre 2004 y 2013, la economía creció 6,2% al año y la pobreza cayó de 58,7% al 23,9%. Desde entonces creció solo 2,4% al año y la pobreza llegó a 25,7% en 2025, por encima del nivel de 2013. El nuevo gobierno debe asegurar predictibilidad y un entorno favorable para la inversión privada, para que un crecimiento económico mayor al actualmente esperado permita generar más empleo formal, principalmente para los más jóvenes.

Asegurar gestión pública de calidad y autoridades competentes.

La alta rotación de funcionarios interrumpe políticas, debilita los equipos técnicos y retrasa decisiones e inversiones. Desde julio de 2021, el Perú ha tenido 10 ministros de Economía y Finanzas, 8 de Salud y 18 del Interior. La inestabilidad también afectó a otras entidades, que sumaron 79 cambios de presidentes y gerentes generales: Petro-Perú, 28; EsSalud, 35; y Sedapal, 16. Revertirlo exige elegir autoridades por mérito, experiencia e integridad, fijar metas medibles, fortalecer la rendición de cuentas y evitar nombramientos por cuotas partidarias o presiones políticas.

Luchar contra la inseguridad y las economías ilegales

En 2025, uno de cada cuatro peruanos mayores de 15 años fue víctima de algún delito. Las denuncias por extorsión sumaron 27 mil entre julio de 2025 y junio de 2026, cinco veces más que en 2021. Aun así, al 2024 menos del 30% de las comisarías estaba en buen estado. Este problema le cuesta al país más del 2% del PBI, según el BID. Enfrentarlo requiere fortalecer la capacidad operativa y de investigación de la Policía, mejorar la coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial, integrar los sistemas de información y reducir la sobrepoblación penitenciaria.

Según la UIF, las operaciones financieras sospechosas vinculadas a la minería ilegal sumaron US$6.036 millones en 2025, ocho veces más que en 2016, y las denuncias crecieron 39% en el primer semestre de 2026. En zonas como Pataz y Tambopata, los inscritos en el Reinfo coinciden con cultivos de coca, lo que evidencia la débil presencia del Estado. Tras cinco prórrogas y casi una década del Reinfo, apenas 2,4% logró formalizarse. La respuesta debe combinar formalización con plazos creíbles, trazabilidad de insumos, fiscalización sostenida, presencia efectiva del Estado y cooperación transfronteriza.

Restaurar el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)

Entre 2006 y 2013, el Estado aprovechó los altos precios de los minerales para ahorrar y tuvo superávit fiscal en 6 de 8 años. Recursos como el FEF fueron luego utilizados para responder al FEN 2017 (gasto de 1,2% del PBI) y el Covid-19 (2,5% del PBI). Pese al nuevo incremento de los precios de los minerales, este fondo solo acumula cerca de 0,9% del PBI al segundo trimestre de este año. En cambio, hoy los mayores ingresos financian gasto inflexible, como las remuneraciones del sector público. Se necesita una consolidación fiscal que priorice el ahorro del Estado para responder a nuevas emergencias.

Convertir el potencial minero y de hidrocarburos en mayor inversión

Los retrasos en procedimientos ambientales postergan inversiones, y limitan la generación de empleo e ingresos fiscales para las regiones. En la última década, la aprobación de estudios de impacto ambiental y sus modificaciones en minería e hidrocarburos han superado ampliamente su plazo legal de 120 días hábiles. La inversión minera representaría solo 2,4% del PBI en 2026, frente al 4,8% del anterior superciclo de precios, y en el sector hidrocarburos no se han firmado nuevos contratos de exploración desde 2017. Para aprovechar el potencial de ambos sectores, se requiere fortalecer al Senace y reducir duplicidades, sin rebajar los estándares ambientales.

Lograr que la descentralización cierre brechas

A más de dos décadas de iniciado el proceso, persisten marcadas desigualdades en conectividad, saneamiento, electricidad, educación y salud. El agua refleja esta urgencia: en 12 regiones, menos de la mitad de los hogares recibe el servicio las 24 horas y, en 13, menos del 20% de la población accede a agua con niveles adecuados de cloro. El problema responde principalmente a la débil gestión de las EPS, pues el 76% no factura al menos el 30% del agua producida. El próximo gobierno debe fortalecer la capacidad de gestión de las entidades responsables, y promover la participación privada para garantizar servicios de calidad.

Fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias

El Perú es vulnerable frente al FEN del próximo verano y a otros desastres naturales. Seis de cada 10 viviendas urbanas se construyeron informalmente y solo el 13,8% tuvo asistencia técnica. Además, el 48,4% de los locales educativos está en riesgo de colapso. Más aún, carece de una adecuada respuesta: al 2024, 69,5% de entidades públicas no contaba con un plan de prevención de riesgo de desastres aprobado y vigente. Se requiere ordenar la expansión urbana, priorizar la rehabilitación y sustitución de colegios, reforzar o reubicar infraestructura pública crítica y actualizar los planes de prevención para reducir las pérdidas humanas y los costos de reconstrucción.