De acuerdo con estimaciones de la Universidad del Pacífico a 2024, más del 20% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria severa en el periodo 2021–2023, una cifra que se ubica por encima del promedio regional (10,0%), y que sobrepasa los niveles que experimentan países vecinos como Chile (3,7%) y Colombia (5,3%).
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Frente a este escenario, Joanna Kámiche Zegarra, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), propone medidas urgentes, fundamentadas y políticamente viables para mejorar el uso de alimentos. En su investigación “Mecanismos para reducir la Inseguridad Alimentaria: el rol de la productividad y las mejoras en disponibilidad, acceso y uso de los alimentos”, realizada en el marco de la iniciativa Agenda 2026 de la Universidad del Pacífico, analiza con rigor las causas estructurales detrás de estas cifras y traza una hoja de ruta para la acción pública, a partir de tres pilares de la seguridad alimentaria.
El estudio identificó falencias en diferentes aspectos, donde, principalmente, se señalan la baja productividad agraria, programas alimentarios mal focalizados y ausencia de condiciones elementales como servicios básicos de saneamiento para la correcta preparación de los alimentos, como el agua potable y electricidad. “La inseguridad alimentaria en el Perú no es un problema de un solo sector, es multicausal y requiere soluciones donde participen distintos actores del Estado, el sector privado y la academia”, señaló Kámiche Zegarra.
El valor del estudio radica en su enfoque multidimensional y en su capacidad de articular propuestas que no solo buscan aumentar la producción de alimentos, sino también optimizar su distribución y aprovechamiento. Asimismo, destaca la necesidad de una acción coordinada entre el Estado, el sector privado y la academia para enfrentar un problema que es, por naturaleza, multisectorial.
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Entre las propuestas de política pública, se plantea elevar la disponibilidad y acceso a alimentos desde la mejora de la productividad agraria mediante semillas certificadas, riego tecnificado y una discusión basada en evidencia sobre Organismos Vivos Modificados (OVMs), fortaleciendo la investigación y la institucionalidad. Asimismo, propone mejorar la focalización de programas alimentarios usando criterios que prioricen a la población en condiciones de inseguridad severa y promover autoconsumo con biohuertos y vales de consumo.
Kámiche Zegarra subrayó que estas intervenciones son fiscalmente viables, pues sus beneficios económicos, estimados entre 2% y 4% del PBI, justifican la inversión pública. “La inseguridad alimentaria en el Perú no es una fatalidad geográfica ni económica: es el resultado de décadas de intervenciones fragmentadas, recursos mal asignados y una institucionalidad débil”, explicó la directora del CIUP.
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