(Foto: El Comercio)
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Luis Fernando Alegría

En los últimos días un nuevo escándalo de corrupción ha aparecido en el ya agitado panorama nacional. El caso del ‘club de la construcción’ involucra a las 30 constructoras más importantes del país que, según la fiscalía, se habrían coludido para el reparto concertado de las licitaciones en la ejecución de obras públicas.

La posibilidad de una paralización en el sector construcción y en la economía peruana es real, según Eduardo Torres-Llosa, CEO del BBVA Continental. Dijo que esta situación podría causar “un frenazo importante”.

El costo de esta parálisis podría ser bastante elevado. En un ejercicio conservador, el BBVA Research estimó que el sector construcción podría crecer 0% este año y, con ello, el PBI local se expandiría 2,7%; cifra inferior al 3,5% de crecimiento en su escenario base.

“En términos monetarios, la menor expansión del PBI que resulta de este ejercicio es aproximadamente equivalente a US$1.750 millones. Si se considera un escenario más ácido y otros efectos amplificadores [como caída de la confianza], el costo sería mucho mayor”, advirtió.

El sector construcción representa cerca de 6% del PBI nacional, pero su impacto indirecto es importante. Por ejemplo, el 81% de los bienes que consume son manufacturas y 11% son servicios; ambos intensivos en la contratación de personal. Por esa razón, el BBVA Research estima que, en el escenario de parálisis de la construcción, se perderían unos 70.000 empleos.

EFECTO GATILLO
La incertidumbre ya comenzó a afectar la conducta de los agentes económicos. Torres-Llosa indicó que ya no van a dar nuevas cartas-fianza a las empresas constructoras, lo que podría frenarlas.
“La actitud responsable del banco es ser muy cauto con el otorgamiento de cartas-fianza, pero a su vez genera una situación que puede potencialmente paralizar al país”, dijo.

Efectivamente, este primer paso podría gatillar las consecuencias macroeconómicas previamente descritas. Elmer Cuba, socio de Macroconsult, advirtió que si los bancos cortan las cartas-fianza, se corta la cadena de pagos y “la recuperación de la economía ya fue”.
En particular, el ejecutivo del BBVA Continental mostró su preocupación por las medianas empresas, cuya morosidad real ya alcanza los dos dígitos.

Para salir de este potencial embrollo sin dañar la actividad económica, Torres-Llosa considera que la clave es salvaguardar los flujos de caja y la operación de las empresas constructoras y aplicarles penalidades que desalienten la corrupción, pero sin llevarlas a la quiebra.

En la óptica de Cuba, la solución es que el juez encargado de los procesos nombre un interventor, que administre a las compañías investigadas en lugar de sus accionistas. De ese modo, las empresas siguen operando mientras el juicio se desarrolla.

“Mientras dura el proceso le quitas la chequera al dueño de la firma. Sigue operando, te aseguras de que el Estado recupere el dinero y los bancos siguen operando porque tienen la garantía estatal. Cuando se determina la multa, se paga y devuelves la compañía al accionista. Esa es la salida”, concluyó.

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