Facultades legislativas: estas son las de índole económico

El Ejecutivo presentó anoche al Congreso el proyecto de solicitud de facultades legislativas basado en seis grandes ejes, cuatro de los cuales son de índole económico y esencialmente buscan impulsar las inversiones, el empleo y ampliar la base tributaria.

Los cuatro ejes económicos están relacionados a materia de gestión económica; gestión tributaria y financiera; ámbitos relacionados con la adopción de estándares, recomendaciones y mejores prácticas internacionales para facilitar la adhesión del Perú a la OCDE; y a materia de optimización de procedimientos administrativos y funcionamiento del Estado.

Por otro lado, los otros dos ejes van ligados a materia de gestión del riesgo de desastres y a la lucha contra la corrupción.

El pedido es por 120 días y será sustentado por la primera ministra Mercedes Aráoz ante la comisión de Constitución, que luego deberá elaborar un informe sobre la viabilidad de los requerimientos.

Cabe señalar que esta solicitud fue ingresada al Parlamento a una semana del cierre -15 de diciembre- del primer periodo de la legislatura 2017-2018. Por lo que, probablemente, su evaluación y posible aprobación será en el 2018 y no en este año.

GESTIÓN ECONÓMICA

En este eje se plantean normas que buscan garantizar la aceleración de la ejecución de la inversión pública registrada en los últimos meses. En ese sentido, se busca adecuar el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) a los principios y normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Asimismo, se busca desplegar una mayor inversión privada en infraestructura, minería y vivienda, promoviendo una mayor generación de empleo formal de calidad, el cierre de brechas y la reducción de sobrecostos a favor de los ciudadanos.

Se plantea, en la misma línea, uniformizar y hacer más eficiente el trámite de los proyectos de asociación público privada (APP) y proyectos en activos promovidos bajo distintos marcos legales.

Por otro lado, se quiere impulsar la participación del sector privado en las fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución en los casos de proyectos de APP y proyectos en activos de alta complejidad para generar una mayor competencia.

Se plantea también reformar el régimen especial de contratación para las micro y pequeñas empresas (Compras MYPEru), de forma que sea más ágil y predecible mediante un adecuado proceso de selección, asistencia técnica y transferencia tecnológica.

Igualmente, se busca perfeccionar el régimen aplicable a los procesos de obtención de predios para la ejecución de proyectos de infraestructura y obras.

Cabe recordar que hace unos meses el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley 1718/2017 PE para que ProInversión pueda entregar los predios de los proyectos adjudicados de manera oportuna. La nueva propuesta excluye a los predios que se encuentran en tierras de propiedad de pueblos índigenas u originarios.

Finalmente, el pedido tiene como uno de sus objetivos facilitar la promoción y provisión de servicios de transporte ferroviario regular de pasajeros en el tramo Lima - Chosica con tarifas competitivas.

GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA

Se platean normas que busca ampliar la base tributaria, hacer más eficiente la administración tributaria y eliminar distorsiones que erosionan la recaudación.

Se establecen los mecanismos para permitir al Tribunal Fiscal y a la Sunat elaborar, modificar y aprobar sus instrumentos de gestión, organización interna y otros que resulten necesarios para su adecuado funcionamiento. 

Además, se propone la Ley del Impuesto a la Renta con la finalidad de eliminar la obligación de presentar declaración jurada anual en el caso de aquellos contribuyentes que perciban exclusivamente rentas de quinta categoría, así como aprobar las normas que permitan a la Sunat devolver los montos en exceso de manera expeditiva.

Se plantea, igualmente, el uso generalizado de comprobantes de pago electrónicos y simplificar las obligaciones de los contribuyentes, incluyendo aquella relacionada con certificados digitales. Ello hace parte de la estrategia de formalización para ampliar la base tributaria.

Se plantea implementar el uso obligatorio de medios de pago en la economía para reducir la alta incidencia de la comisión de delitos y para impulsar la formalización de la economía.

Finalmente, se propone sujetar a las cooperativas de ahorro y crédito a la supervisión de la SBS, y proteger a los socios cooperativistas. En este contexto, se advierte que más de un millón 600 mil socios podrían enfrentar problemas por falta de cumplimiento de las obligaciones, sobre todo en periodos de crisis.

ADHESIÓN A LA OCDE

El objetivo de la reforma es la adopción de los estándares y las mejores prácticas internacionales para el acceso del Perú a la OCDE, entidad que agrupa a 35 países que aplican los mejores estándares de política pública en el mundo.

Se busca adecuar la legislación nacional a los estándares de la OCDE, por ejemplo, en lo que respecta a los mecanismos de resolución de controversias previstos en los convenios para evitar la doble imposición internacional.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Entre otros puntos resaltantes, se incluyen los siguientes: dictar normas para eliminar las barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno; optimizar los procedimientos de Indecopi en cuanto a medidas para la protección de los consumidores y fortalecer su potestad de inspección; e implementar sistema de planilla púnica del estado en los tres niveles de gobierno.

Además, se propone modificar la ley de Contrataciones del Estado para simplificar los procedimientos de contratación e impulsar las contrataciones electrónicas; y actualizar la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto para afianzar el proceso de programación multianual de gasto y modernizar la gestión presupuestaria del sector pública.

EL DATO

► Para aprobar la delegación de facultades se requiere mayoría simple: el 50% más uno de los votos de los congresistas. De ser otorgadas, el presidente Pedro Pablo Kuczynski deberá informar a la comisión de Constitución sobre cada uno de los decretos que promulgará.

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