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Las posturas del debate sobre el control previo de fusiones

El MEF dijo que su preocupación es “el abuso de la posición de dominio” y que apoyará “una ley que funcione”. Indecopi advierte que requerirá presupuesto adicional

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La compra de Quicorp –dueña de Mifarma y Arcángel– por parte de InRetail –matriz de Inkafarma– sigue dando que hablar. Ayer, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, se sumó a la discusión.

“Un sector como el nuestro tiene que atacar cualquier iniciativa de abuso de posición de dominio. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo [...] eso no genera competencia, no genera mercados eficientes, y no genera crecimiento”, afirmó en una entrevista en RPP.

Sin embargo, la titular del MEF no tuvo una posición clara acerca de la propuesta de realizar un control previo de las fusiones y adquisiciones. “Esa es la gran pregunta”, dijo en un momento, y minutos después añadió: “Yo no te estoy diciendo que no vamos a tener una ley, te estoy diciendo que tenemos que apoyar una ley que funcione”.

quicorp

Fuente: InRetail / Quicorp / Kallpa

LAS POSTURAS

Las propuestas para un control previo de fusiones y adquisiciones han generado intensos debates en el medio local en los últimos años. Los argumentos en contra de una normativa de este tipo son variados.

El más radical de ellos sostiene que es una regulación contraproducente, que pone en manos de la burocracia estatal hacer juicios y tomar decisiones sobre cómo se comportarán en el futuro los mercados.

“Es como ver una bolita de cristal”, afirma Alejandro Falla, socio de Bullard Falla Ezcurra +. “El funcionario tiene que empezar a imaginar qué es lo que pasará en el futuro si deja pasar una operación. Y al predecir el futuro cometen infinidad de errores”, añade.

Recomposición del mercado de farmacias

Recomposición del mercado de farmacias

Otro argumento no se opone al control en sí, sino a los riesgos de su implementación en un entorno de baja institucionalidad como el peruano, donde una política de este tipo podría ser sujeta de manipulación por parte de poderes políticos o económicos.

“Al ser este tipo de casos altamente mediáticos, es importante proteger a los funcionarios a cargo de cualquier tipo de presión o injerencia política y mediática”, sostiene Christian Chávez, socio de Baxel Consultores, haciendo referencia a una hipotética aprobación del control de fusiones.

Recomposición del mercado de farmacias

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“Ahí donde existe el control de fusiones, tienes una institucionalidad fuerte que protege a los Indecopi”, complementa Falla. “Pero mira lo que está sucediendo en el Congreso: ya están convocando a reuniones de emergencia donde citarán a todo el mundo. Si se le da ese poder a Indecopi [el control previo], los políticos empezarán a ejercer presiones sobre los funcionarios para que traben operaciones que le parecen molestas”.

Una tercera línea crítica se enfoca en que esta regulación, más allá de sus virtudes y defectos, tendrá el efecto de quitarle recursos económicos y humanos al Indecopi, así como de desviar la atención de esta entidad de otras prácticas valiosas, como la de combatir los cárteles de precios o eliminar barreras burocráticas para fomentar el ingreso de nuevos competidores a los mercados.

En ese sentido, ya el presidente de Indecopi, Ivo Gagliuffi, señaló la semana pasada en una entrevista con Semana Económica que su institución necesitaría un presupuesto adicional de S/5 millones a S/6 millones para financiar la implementación del control previo en el primer año, y de entre S/3 millones y S/5 millones en los años siguientes. Por ejemplo, Gagliuffi apuntó que se tendrían que crear instancias específicas para abordar este tema, como una comisión y una secretaría técnica.

Del otro lado de la mesa, se argumenta que el control previo es necesario, pues el excesivo poder de mercado tiende a causar aumentos en los precios, lo cual finalmente perjudica a los consumidores.

“La ley es importante porque cumple un rol preventivo frente a efectos anticompetitivos de las operaciones de fusión o adquisición empresarial”, refiere Tania Zuñiga, asesora del parlamentario Jorge del Castillo. El congresista del Apra presentó la semana pasada un anteproyecto de ley en esta materia, que podría comenzar a debatirse en unas semanas.

Además, en el contexto del ingreso a la OCDE, se afirma que contar con una norma de control previo es parte del paquete de recomendaciones de políticas públicas de este club de países. Un argumento en el mismo sentido cuestiona que el Perú sea el único país de la región, junto con Bolivia y Guatemala, que no emplee este mecanismo.

EL ANTEPROYECTO

De acuerdo con la iniciativa de Del Castillo, las empresas que deseen realizar fusiones y adquisiciones deberán, previamente, notificar su operación al Indecopi, siempre y cuando sus ventas anuales superen los umbrales que determinarían la PCM y los ministerios de Economía, Producción y Comercio Exterior.

Según Gagliuffi, un elemento clave por incorporar en una eventual ley es que permita a Indecopi manejar un procedimiento acelerado o ‘fast track’, adicional al ordinario, cuando las fusiones por evaluar no sean complejas o las empresas involucradas planteen medidas correctivas, como la escisión de ciertos activos.

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