Fenómeno de El Niño: Perú es el país que más gasta, pero no ejecuta bien

Cada vez que se aproxima un nuevo fenómeno de El Niño, el Perú revive un escenario conocido: estados de emergencia, reuniones de coordinación, movilización de ayuda humanitaria y advertencias sobre posibles inundaciones. Sin embargo, el país cuenta con grandes dificultades para transformar diagnósticos, alertas y planes en acciones preventivas concretas y eficaces para el territorio nacional.

Según el World Risk Index, Perú es el tercer país de América Latina con mayor riesgo de desastres —superado solo por Colombia y México—. En línea con esto, un estudio de las Naciones Unidas determinó que Perú es el país que mayor gasto destina a contener los efectos provocados por desastres naturales en América Latina. Entonces, ¿por qué los eventos climatológicos siguen siendo devastadores? Los informes de evaluación del FEN 2023-2024 concluyeron que el país logró anticipar mejor el riesgo gracias a sistemas de monitoreo más sofisticados, pero contó con vulnerabilidades estructurales que ocasionaron una contención inadecuada para un evento de tal magnitud: 99 personas fallecieron entre los más de 65 mil damnificados y se registró la destrucción de 7.523 viviendas, entre las más de 146 mil afectadas.

Perú gestiona este desafío a través de su Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres creado en 2010. Entre 2014 y 2023, el país ha destinado un presupuesto de US$18,98 por habitante para dicho programa, lo cual es considerablemente mayor a lo que otros países de la región, como México (US$8,0) y Brasil (US$2,7), han destinado durante el mismo periodo. Asimismo, Perú destina casi la mitad del presupuesto del programa para la corrección de terrenos y reducción de riesgo de desastres a partir de obras de ingeniería, reestructuración de infraestructura o reubicación de asentamientos humanos. La diferencia en el presupuesto se distribuye entre la prevención (8,83%) y la reconstrucción de infraestructura dañada (40,5%), es decir, a reparar los daños ocasionados por el desastre.

Sin embargo, hay dos problemas importantes con la gestión de estos recursos: por una parte, el 93% del gasto público asociado a cambio climático corresponde a gasto corriente, es decir, operaciones administrativas y pago de remuneraciones, y, por tanto, apenas un 7% se destina a gasto de capital, es decir, al financiamiento de la obra física. Esto dista de países como Colombia, donde el 100% se destina a gasto de capital, y de Argentina y México que destinan un 65% en la inversión de proyectos.

Por otra parte, una cantidad significativa de los recursos destinados a la reparación se encuentra paralizada en las obras heredadas del programa Reconstrucción con Cambios (más de S/10 mil millones) un esquema diseñado tras el FEN de 2017 con el propósito de reparar los activos dañados y construir obras más resilientes. Con información al cierre de marzo del 2026, la Contraloría General de la República reportó un total de 202 obras paralizadas dentro de este marco, de las cuales 113 carecen de presupuesto para este año.

De hecho, según un informe del Banco Mundial de 2024 que compara cómo los países de la Alianza del Pacífico se preparan financieramente para enfrentar inundaciones, Perú es el que muestra el mayor rezago. Si bien, además del programa presupuestal, el país cuenta con el FONDES, un fondo presupuestal destinado a atender emergencias, su alcance es limitado: se recarga cada año con recursos del presupuesto público y sirve principalmente para cubrir la respuesta inmediata y la rehabilitación básica, por lo que se agota rápido en desastres de gran magnitud. En la práctica, el país depende casi exclusivamente de lo que tenga disponible en su presupuesto anual y de los préstamos que pueda gestionar con el Banco Mundial o el BID, sin contar con seguros ni otros mecanismos que permitan liberar recursos de manera automática. Esto lo diferencia de países como Chile y Colombia, que han construido sistemas más robustos combinando fondos públicos para emergencias cotidianas, líneas de crédito internacional para desastres de mayor escala y seguros privados para las catástrofes más graves; y también de México, que aunque eliminó su Fondo de Desastres Naturales y empezó a depender más del presupuesto anual, sigue contando con seguros catastróficos activos y bonos vigentes hasta 2028 por 595 millones de dólares que cubren sismos y ciclones, lo que le garantiza una capacidad de respuesta inmediata que la mayoría de los países de la región no tiene.

Los análisis del Perú y de otros países de la región muestran que el principal desafío no es únicamente cuánto se gasta para enfrentar los desastres, sino la capacidad de transformar esos recursos en prevención efectiva y, al mismo tiempo, complementarlos con mecanismos financieros que aseguren una respuesta rápida y sostenible. Esta diferencia será decisiva ante el nuevo escenario climático: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha confirmado la formación de El Niño en el Pacífico ecuatorial y el Enfen mantiene la alerta de El Niño Costero hasta febrero de 2027, con una ventana de mayor exposición a lluvias extremas, crecidas y huaicos entre enero y marzo del próximo año. El Perú ya cuenta con diagnósticos, presupuesto y experiencia acumulada; lo que falta es capacidad de ejecución para terminar obras paralizadas, priorizar intervenciones preventivas y asegurar coordinación entre niveles de gobierno. De lo contrario, el próximo Fenómeno El Niño volverá a encontrar al país con más recursos que resultados, y a millones de peruanos expuestos a una vulnerabilidad que pudo reducirse a tiempo.