"El ‘floro’ institucional", por Alfonso de la Torre

De un tiempo a esta parte, hablar sobre instituciones se ha puesto de moda. A primera vista, no falta razón: en las últimas décadas el Perú ha progresado en lo económico, pero existe una sensación generalizada de estancamiento, sobre todo, de desgobierno.

Las instituciones involucran dos cosas: reglas y la capacidad de aplicarlas de manera predecible y transparente. Estas pueden ser tanto formales (escritas en ley) como informales; las formales, sin embargo, son las que abarcan al Estado mismo. Países como el Perú, en el que la capacidad del Estado para aplicar sus propias leyes es reducida, tienden a recurrir en mayor proporción a las reglas informales, las cuales son instituciones al fin y al cabo, pero instituciones mucho más precarias. La informalidad en el Perú, no solo laboral sino también la empresarial y política, refleja este proceso.

El reto que el país tiene por delante es doble. Efectivamente, el Perú requiere mejores reglas (leyes) en muchos ámbitos, pero estas por sí solas no cambian nada si la capacidad del Estado para aplicarlas no es fortalecida.

El intento de prohibir la postulación a cargos públicos de personas acusadas de corrupción es un buen ejemplo. La intención es buena, pero el que se encarga de aplicar la norma es justamente el Poder Judicial, un organismo visto como corrupto por la mayoría de los peruanos. Con una política tan judicializada como la peruana, no es insensato esperar que esto se vuelva un arma para inhabilitar a adversarios políticos, trasladando la competencia de las urnas a los tribunales.

Sin embargo, la descentralización es quizá el ejemplo más dramático. A inicios de los años 2000 se procedió a crear nuevas instituciones en las regiones, pero estas eran de papel. Existía la regla, pero no la capacidad.

El resultado lo hemos visto en los últimos años, primero con los escándalos de corrupción en Áncash, Loreto y Tumbes (entre otros) y ahora con los problemas para ejecutar la reconstrucción con cambios. Es irónico, si acaso no trágico, que las instituciones regionales inicialmente creadas para fortalecer la capacidad de acción del Estado a lo largo del territorio han devenido más bien en barreras que lo hacen aun más inefectivo.

La política económica tampoco se salva, independientemente de los colores políticos. Mientras parte de la derecha resalta la necesidad de flexibilizar el mercado laboral y combatir la informalidad para llevar a cabo una reforma de ese tipo, se requieren tribunales capaces de evaluar y dictar sentencia por demandas de despido arbitrario de manera transparente y oportuna. Quienes en la izquierda proponen retomar el rol empresarial del Estado y asignar más recursos a Petro-Perú, por ejemplo, requieren un Estado con capacidad de gobierno corporativo y mecanismos anticorrupción.

Como estos, los ejemplos abundan. Sin embargo, discutir sobre la necesidad de nuevas reglas y referirse a estas como ‘instituciones’ es capturar el problema tan solo parcialmente. Como los chicos en el colegio cuando solo conocen la respuesta a medias, insistir en reglas solamente es meter un ‘floro’ institucional. Ninguna de las múltiples reformas que necesita el Perú (electoral, laboral, educativa, etc.) avanzará de esta forma.

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