
La masificación del gas natural podría congelar sus motores en el norte del país, dejando a más 280 mil hogares (más de un millón de peruanos) sin este vital servicio.
Esto, a raíz de la controversia tarifaria que enfrenta a Osinergmin con la empresa Gases del Pacífico (Promigas), concesionario del servicio de gas para las regiones Ancash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca (Concesión Norte).
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Y es que la disputa ha escalado a tal punto que la empresa colombiana está “considerando o iniciar un arbitraje internacional o retirarse del Perú”, manifiesta Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Es decir, lo mismo que ocurrió cinco años atrás cuando la española Naturgy decidió abandonar la Concesión Sur Oeste (Arequipa, Moquegua y Tacna) porque “consideraba que había falta de seguridad jurídica y de predictibilidad”, anota el líder gremial.
De darse el mismo caso, Gases del Norte abandonaría la Concesión Norte tras ocho años de operaciones y una inversión de US$340 millones, dejando pendientes US$300 millones programados para los próximos años “debido a este problema del marco tarifario que pone en riesgo la sostenibilidad de las inversiones en el sector de gas natural”, agrega Cantuarias.

¿De qué trata esta controversia?

NUEVA TARIFA
Días atrás, Gases del Pacífico presentó un recurso de reconsideración ante Osinergmin por la manera “arbitraria, injusta, irrazonable y discriminatoria” con la que ha procedido a fijar la nueva tarifa de distribución de gas natural para la Concesión Norte, aplicable para el periodo 2025-2028.
Ello, debido a que el nuevo pliego tarifario considera una reducción de 32%, comparado con el que estuvo vigente hasta el año 2024.
De acuerdo a un análisis del Estudio Echecopar, esta nueva tarifa tendría un carácter expropiatorio, pues despoja a Gases del Pacífico del “mínimo de ingresos que el Reglamento de Distribución le asegura”.
“Con las tarifas máximas aprobadas mediante la Resolución de Tarifas, Osinergmin ha hecho inviable económicamente la operación del sistema de distribución de gas natural para la Concesión Norte”, apunta Gases del Pacífico en el citado recurso de consideración.
¿Por qué una Osinermin habría fijado una tarifa tan baja?
De acuerdo al Estudio Echecopar, lo que buscaría el regulador es brindar un incentivo o señal regulatoria para que Gases del Pacífico “amplíe su cartera de clientes y logre que más usuarios cambien su matriz energética”.

“En otras palabras, lo que Osinergmin pretende hacer es fijar montos lo suficientemente bajos que incentiven a Gases del Pacífico a buscar más clientes”, señala el buffet de abogados.
Remarca, sin embargo, que no hay ninguna disposición en el marco regulatorio del gas natural que habilite al regulador a fijar tarifas bajas como señal regulatoria para que el concesionario “promocione nueva demanda o fidelice a sus clientes”.
“Por ende, es ilegal que Osinergmin asigne a Gases del Pacífico obligaciones que exceden y transgreden lo pactado en el Contrato de Concesión”, señala.
DEMANDA PROYECTADA
Gases del Norte sostiene que la resolución tarifaria de Osinergmin hace “inejecutable el cumplimiento de diversas obligaciones bajo el Contrato de Concesión”, particularmente, porque sobredimensiona la demanda proyectada de gas natural en el norte del país, de tal manera que la tarifa media “resulta mucho más baja de lo que debería ser”.
En esa línea, refiere que el regulador considera como potenciales clientes a empresas industriales que han cerrado sus operaciones o se encuentran en baja definitiva o “no tienen una matriz energética en base a gas natural y no tienen ninguna intención de modificarla”.
Alega, también, que incluye en su cálculo a empresas pesqueras con problemas operativos, entre ellas, una con un proceso de Plan de Cierre y otra que no cuenta con licencia de operación.

Finalmente, señala que el regulador no está tomando en cuenta el efecto que el Fenómeno del Niño tiene sobre el sector de pesca.
Trascendió que, debido a esto, Gases del Norte ha solicitado la suspensión de sus obligaciones contempladas en el contrato de concesión.
A entender de Felipe Cantuarias, la regulación que viene aplicando el Osinergmin “crea conceptos totalmente subjetivos” y va en contra de la meta del Ministerio de Economía y Finanzas, orientada a destrabar la inversión y recuperar la confianza del sector empresarial.
Manifiesta, sin embargo, que el regulador todavía puede recapacitar y hacer una revisión tarifaria sobre la base de criterios objetivos que “garanticen la seguridad jurídica y la predictibilidad de las inversiones”.
PLAN DE GASODUCTOS
Para Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy es imperativo que Gases del Pacifico y el regulador entren en algún tipo de mediación para que la operación continúe y la empresa no se vaya del país.
Advierte que, si ello ocurre, la Concesión Norte tendría que ser entregada a Petroperú, como ocurrió con la Concesión Sur.

“Pero Petro-Perú no tiene ninguna habilidad para ampliar o manejar eficientemente esa operación debido a que tiene demasiadas complicaciones”, exclama.
En ese orden de ideas, aconsejó acompañar el dialogo con medidas radicales que ataquen en problema de fondo. Esto es, la “política errada de masificación” basada en el transporte del gas natural mediante de camiones, sistema costoso que complica la viabilidad de las concesiones sur y norte.
“Por eso, en Gas Energy hemos presentado un plan Nacional de Gasoductos que nos ha sido pedido por el Ministerio de Energía y Minas, precisamente porque veníamos viendo venir todo este problema”, manifiesta Ríos.
Día1 se comunicó con Osinergmin para pedir sus descargos sobre la disputa tarifaria. Sin embargo, se excusó de “adelantar opinión” hasta que no culmine el proceso relacionado con el recurso de reconsideración interpuesto por Gasas del Pacífico.
Dicho proceso concluirá este miércoles. De no llegar a un acuerdo, Gases del Pacífico podría iniciar un arbitraje en el extranjero porque los temas tarifarios no se ventilan localmente.
De acuerdo a Álvaro Ríos, ese sería el paso obligado porque “las resoluciones de Osinergmin son finales, lo cual significa no existe otra instancia adonde acudir en el país”.