MDN
Gasoducto Sur: nueva licitación tomaría al menos seis meses - 2

La obra de infraestructura más cara en la historia del Perú, el , podría volver a ser licitada debido al escándalo de corrupción que Odebrecht, su principal accionista, enfrenta mundialmente. 

Según el hito del contrato aún vigente, la empresa concesionaria (GSP) –compuesta por , Graña y Montero y Enagás– tiene hasta el 23 de enero para que los bancos internacionales hagan efectivo el primer préstamo para la obra. Para ello, es fundamental que Odebrecht concrete la venta del 100% de sus acciones en el proyecto. 

Comportamiento de la acción de Graña y Montero (G&M) en la bolsa de Nueva York. (Fuente: El Comercio)

Tras una primera caída de la negociación con el consorcio Sempra-Techint, se conoció que el fondo canadiense Brookfield y la china CNPC estaban interesados en negociar su participación. Según fuentes de El Comercio, de ambos, solo Brookfield habría presentado documentos escritos y, además, estaría aún realizando el ‘due diligence’ para presentar la oferta definitiva. “CNPC ha tenido reuniones de interés pero aún no ha presentado una oferta formal”, dijo la fuente. 

Este Diario se comunicó con Techint, que mantenía interés en ser parte de la empresa constructora del proyecto, para averiguar el avance de sus negociaciones, pero indicaron que “lamentablemente”, no cuentan con ninguna novedad sobre el caso. 

LAS SEÑALES DEL GOBIERNO
Las recientes declaraciones del gobierno habrían tornado aún más pesimista las previsiones del proyecto. El lunes, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, realizó tres anuncios que no pasaron desapercibidos. El primero, se enmarcó en la venta de la participación de Odebrecht en el GSP. La cláusula anticorrupción presente en todos los contratos de concesión del Estado dictamina que, de encontrarse algún hecho ilegal, el concesionario perdería todo derecho sobre el proyecto. Este es el riesgo que correría cualquier empresa que buscara comprar el 55% de la brasileña. 

Para paliar este riesgo, Odebrecht propuso diferir el pago por sus acciones. “Odebrecht, si es que vende, no cobraría su participación por el gasoducto del sur. Ese dinero pasa a ser garantía en caso haya eventos de corrupción [...]. El dinero que se recaudaría iría a una garantía y esa garantía la va a poder cobrar Odebrecht si es que limpia su trayectoria sobre los casos de corrupción”, dijo también Thorne.

El segundo anuncio, y quizá el más contundente, estuvo relacionado con el retiro del cobro por el GSP de los recibos de luz. “Se va a retirar, estamos presentando el proyecto de ley. Desde la campaña [presidencial] dijimos que no estábamos de acuerdo con eso. La forma como se va a compensar a las empresas, cuando el ducto no tenga suficiente volumen, es vía una garantía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, indicó Thorne. Este cambio podría ser incluido en una nueva licitación.

Por otro lado, el ministro aseguró que el gobierno tiene un plan B frente a la posibilidad de que algún proyecto se viera afectado. Así, detalló que Pro Inversión cuenta con iniciativas privadas en las que se encuentran trabajando en caso sea necesario que estas reemplacen a los proyectos que se pudieran caer debido a los temas de corrupción. 

LOS DETALLES
Así, de cara al hito del 23 de enero, el panorama para la salida de Odebrecht y el cierre financiero del proyecto sería complejo. 

En caso no se concretaran, el contrato se rescindiría dado que el concesionario no habría cumplido con el hito del cierre financiero. Dada esta causa, el contrato establece que el gobierno deberá devolver al consorcio el 72,5% de lo invertido hasta la fecha, suma que asciende a aproximadamente US$1.600 millones. De ellos, US$1.000 corresponden a los aportes de los tres accionistas y US$600 mil a un crédito puente que se adquirió para avanzar con la construcción del ducto. 

La liquidación del proyecto y, por tanto, la devolución de lo invertido, se realizaría mediante un máximo de tres subastas de los bienes del proyecto.

Según Flauvio Ausejo, economista de la Universidad del Pacífico, y Magali Lazo, asociada del estudio Muñiz, el gobierno tendría dos opciones ante la resolución del contrato: suspender de inmediato todas las actividades con la concesionaria actual, o resolver el contrato pero permitir que el concesionario siga operando el proyecto hasta que se lance una nueva licitación. 

Sobre lo segundo, actualmente el contrato no especifica quién asumiría el mantenimiento mensual de la obra que, en su estado actual –paralizada desde marzo–, oscila entre los US$20 y US$30 millones. Cuando la obra está en operación, se invierte US$100 millones mensuales, detalló otra fuente. 

Por otro lado, explica Lazo, la resolución del contrato significaría también la ejecución de la carta de garantía del fiel cumplimiento que manejan todos los contratos de concesión, cuyo objetivo es respaldar la seriedad de la ejecución del mismo. “El dinero de la carta fianza –que en el GSP asciende a US$350 millones– podría usarse para resarcir a los inversionistas, pero no conozco un proyecto en el que se haya ejecutado. Nunca he visto que esto se active por incumplimiento del contrato” añade la especialista. 

¿Cuánto demoraría volver a licitar el proyecto? Lazo calcula que armar un nuevo esquema de licitación tomaría, aproximadamente, seis meses. “En adelante, la licitación depende de la concurrencia de los postores”, asegura la abogada. No obstante, Sergio Salinas, profesor de la Universidad del Pacífico, comenta que existe un segundo escenario en el que “si el Estado desea revisar y replantear las condiciones de la concesión, apuntando a su autosostenibilidad, la etapa de diseño y estructuración de la nueva concesión puede tomar unos 9-12 meses (contratación de asesores técnicos, estudios complementarios, entre otros) y unos seis meses más, cuando menos, para la etapa licitatoria”.

Contenido sugerido

Contenido GEC