Gobierno modificará Ley de APP

El Gobierno promulgó dos Decretos Legislativos (DL) que modifican los marcos regulatorios de las Alianzas Público Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI).

El DL de APP considera ocho propuestas. Una de ellas condensa en un solo texto las cuatro normativas distintas vigentes para las APP. “Lo que teníamos eran cuatro normas distintas que a veces creaban confusión en el inversionista”, explicó Gabriel Daly, director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF.

PROINVERSIÓN

El DL también regresa al MEF algunas competencias que hasta hace poco mantenía ProInversión. Entre ellas, los lineamientos generales para las APP, que ahora dependerán enteramente del MEF.

“ProInversión, como parte del MEF, estructurará, hará los procesos de transacción y adjudicará proyectos. La política la hará el MEF […] La lógica de esta norma sigue la suerte de las mejores prácticas internacionales donde el ente rector dicta políticas de promoción privada y ProInversión se dedica a ejecutar”, detalló Daly. En ese sentido, también aseguró que esta decisión fue tomada de manera consensuada y previa conversión entre las entidades.

En los últimos cinco años, las autoridades han realizado tres reformas a ProInversión. Entre ellas está la composición de su directorio. Originalmente, este estuvo conformado por tres ministros, pero en el 2016 –durante la gestión de Alfredo Thorne en el MEF– se agregó a tres directores independientes, provenientes del sector privado, alegando la necesidad de “despolitizar” decisiones sobre los proyectos de infraestructura.

A pesar de ello, los nombramientos de estos directores nunca se realizaron. Esto, según el MEF, porque era difícil encontrar personas que no tuvieran algún tipo de conflicto de interés. 

Siendo así, el DL promulgado hoy amplía el número de miembros del consejo directivo. “Antes eran tres personas del Estado. Ahora serán cinco y no habrá [directores provenientes del sector] privados […] La gran reforma de ProInversión no viene con una ley sino en la medida en que hayan buenos proyectos que genere competencia y que las adjudicaciones se realicen según los cronogramas”, afirmó Daly.

Por otro lado, la verificación de riesgos fiscales pasa nuevamente al MEF. “Aquí tenemos el presupuesto y la programación de los sectores”, sentenció el funcionario.

ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS

Por otro lado, será el MEF la entidad que haga seguimiento a proyectos de APP para poder identificar problemas en la ejecución de contratos. Esto implica devolver el equipo especializado de seguimiento de la inversión, creado en el 2013, al MEF. En el 2016 se partió en dos y una mitad recaló en ProInversión.

Además, el DL promulgado permite que el sector privado participe en las fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución de proyectos complejos.

La idea, según el MEF, es permitir que se incorpore la experiencia del sector privado en los procesos mencionados. Actualmente, interfieren a partir de la fase de transacción. “Deberían ser dos o tres participantes que puedan ir interactuando con el Estado para que este desarrolle de mejor manera un proyecto”, agregó Daly.

Sin embargo, en marzo del año pasado el Banco Mundial prepublicó una guía para hacer políticas sobre el manejo de propuestas privadas no solicitadas de proyectos de infraestructura. Dicho informe advierte que ninguna iniciativa privada debe permitirse en la etapa de formulación, pues rompe con la planificación del Estado y genera incentivos perversos. Esto, según el BM, porque la empresa privada que diseña el proyecto cuenta con información privilegiada que le permitiría ganar una eventual licitación.

APOYO ESPECIALIZADO

En aras de fortalecer al Estado frente a las negociaciones que debe enfrentar con el sector privado, el DL habilita la contratación de especialistas. “El Estado a veces es débil al negociar [con un privado]. Tienes a un sector que se sienta frente a abogados internacionales y los mejores ingenieros […] Buscamos que sea como el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicresi), que ve el tema de los casos enviados al Ciadi”, explicó Daly.

Asimismo, se faculta a los ministerios a crear un órgano especializado en el que se concentrarán ciertas funciones, de manera que la gestión de un proyecto determinado pueda ser tercerizado. Esto, resalta Daly, no significa que se estén delegando las facultades del ministerio a un tercero, pues la aprobación final seguirá dependiendo de este último. Además, aclara Daly, la tercerización no podrá estar a cargo de la empresa que conforme la APP.

MECANISMOS DISUASIVOS E INICIATIVAS COFINANCIADAS

El DL busca también evitar que se abandonen proyectos en ProInversión.

“Los sectores encargan iniciativas que eventualmente son abandonadas. Esto es costoso y provoca que recursos se desperdicien. Si un sector no está interesado en un proyecto debe decirlo para cancelarlo. Abandonarlo cuesta, pero si se canela no [se tendrá que pagar nada]”, explicó Daly. Finalmente, el DL establece también que cuando sean varios los sectores involucrados en la firma de un convenio, haya un acuerdo previo para delimitar cuál será el sector concedente.

EL DATO

Los proyectos que nacieron con la una norma previa no serán afectados por el DL.