El Gobierno plantea establecer incentivos económicos de carácter voluntario para los servidores públicos que opten libremente por su salida, como parte de las facultades legislativas solicitadas para impulsar una reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil.
Según la propuesta, entregada ante la Cámara de Diputados, el incentivo tendría un cálculo equivalente a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, conforme a la propuesta que se formule.
El texto precisa que esta delegación no comprende la facultad de disponer el despido o destitución de trabajadores que gozan de estabilidad laboral, cuya situación jurídica permanecerá resguardada.
La medida forma parte de un conjunto de propuestas del gobierno destinadas a fortalecer el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y su rectoría, entre ellas la promoción y reconocimiento de la meritocracia en el acceso, ascensos, capacitaciones, reestructuraciones y demás acciones de personal.
Asimismo, se plantea regular los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente respecto de funcionarios, directivos y personal de confianza. La iniciativa también propone legislar en materia de integridad pública, responsabilidad disciplinaria y funcional y seguridad jurídica de funcionarios y servidores civiles, con especial atención a quienes intervienen en proyectos de inversión pública y proyectos de inversión público-privada.
El objetivo es promover la adopción oportuna de decisiones públicas y evitar que el uso indebido o irrazonable de mecanismos de control o responsabilidad inhiba el ejercicio regular y legítimo de la función pública.
En el ámbito de las asociaciones público-privadas, se plantea establecer mecanismos de participación técnica de la entidad pública titular del proyecto, el organismo regulador y el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, según corresponda, en procesos constitucionales y contencioso-administrativos que puedan incidir en la ejecución y continuidad de los contratos.
