El MTPE busca promover el empleo. (Foto: GEC)
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Redacción EC

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó la Política Nacional del Empleo Decente (PED), que tiene por objetivo brindar el marco y los lineamientos para una acción multisectorial que atienda el problema de la falta de empleo decente.

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A través del Decreto Supremo N° 013-2021-TR se establece que el Estado peruano promoverá las condiciones institucionales, económicas y sociales necesarias para garantizar que los trabajadores puedan acceder en igualdad de condiciones y libres de cualquier discriminación, a un trabajo decente y productivo.

La norma establece como características del empleo decente: el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales; acceso a un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado; el trabajo sin ningún tipo de discriminación, principalmente de género.

También el disfrute de jornadas laborales reguladas y descanso periódico; acceso a seguridad en el trabajo; acceso a la protección social y a la seguridad social; y el diálogo social tripartito.

La PED contiene seis objetivos prioritarios, 27 lineamientos y 55 servicios a ser desarrollados por los sectores y las entidades de los tres niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, los mismos que están dirigidos en beneficio de la ciudadanía.

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Menciona que los objetivos son: incrementar el capital humano de la población en edad de trabajar; fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral; incrementar la generación del empleo formal en las unidades productivas; ampliar acceso a la seguridad social, derechos y beneficios sociales de los trabajadores; fomentar la igualdad en oportunidades de empleo; y fomentar un entorno social e institucional adecuado.

La norma explica que, en vista que la falta de empleo decente es un problema con causas múltiples que requieren una atención integral.Castillo respetará la economía de mercado en un eventual gobierno suyo, afirma Francke

El Decreto Supremo precisa que la Política Nacional del Empleo Decente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y que su conducción está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública, en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, y para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable”, apunta.

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