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Congreso: Hoy se debate ampliar responsabilidad a socios de empresas corruptas

La Comisión de Constitución debatirá la iniciativa de la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta. Gremios consideran que la medida vulnera el principio de presunción de inocencia

Comisión de Constitución

La Comisión de Constitución recomendó hoy derogar el Decreto Legislativo 1323 referido a la violencia de género. (Foto: Congreso)

El impacto de Lava Jato. La iniciativa busca ampliar los alcances del Decreto de Urgencia 003 a las compañías que hayan sido socias de aquellas empresas cuyos actos de corrupción ya estén comprobados.

Congreso

Hoy la Comisión de Constitución del Congreso debatirá un proyecto de ley (PL) presentado por la parlamentaria de Fuerza Popular Karina Beteta, el que ha despertado las alertas del sector construcción. “Es una bomba de neutrón legislativa”, afirma Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

La iniciativa de Beteta busca ampliar los alcances del Decreto de Urgencia 003 a las compañías que hayan sido socias de aquellas empresas cuyos actos de corrupción ya estén comprobados. Fue presentada con el respaldo de 14 firmas de parlamentarios de Fuerza Popular y, según diversas fuentes consultadas por este Diario, su dictamen se votaría hoy en la Comisión de Constitución del Congreso, donde sería aprobada por la mayoría parlamentaria, a pesar de los esfuerzos de gremios empresariales y del propio Gobierno para que la iniciativa no prospere.

Como se recuerda, el decreto original, emitido por el Gobierno en febrero a raíz del escándalo de Odebrecht, establece que las empresas condenadas por casos de corrupción o lavado de activos, así como aquellas que hubieran admitido estos delitos, deberán destinar prioritariamente los recursos que obtengan de ventas de activos o de pagos recibidos del Estado a un fideicomiso para atender las reparaciones civiles que resulten de los procesos que se les sigan. Asimismo, establece que las firmas en cuestión no podrán transferir capitales al exterior.

Odebrecht

(Foto: EFE)

El decreto original fue emitido en febrero por el Gobierno, a raíz del escándalo de Odebrecht. (Foto: EFE)

(Foto: EFE)

La única empresa comprendida en el decreto 003 actualmente es Odebrecht. Pero de aprobarse el proyecto de Beteta, estas restricciones se aplicarían también a empresas locales como Graña y Montero, ICCGSA y JJC, sus socias en tres tramos de la Interoceánica Sur, uno de los proyectos en los que la constructora brasileña ya ha reconocido responsabilidad.

AFIN advierte que, en la medida en que se acrediten otros casos de corrupción similares, no solo otras empresas constructoras que hayan formado consorcios podrían ser sujetas a los alcances del decreto de urgencia. “El proyecto de ley es tan difuso y su alcance tan ilimitado que comprometería en actos de corrupción cometidos por terceros [...] a personas jurídicas y entes jurídicos como fondos de inversión, patrimonios fideicomitidos, AFP e incluso inversionistas en bolsa”, sostiene el gremio.

El proyecto de Beteta también estipula que, si una firma nacional o extranjera decide adquirir alguna de las compañías socias, no podrá alegar una compra de buena fe. En consecuencia, como se detalla en la exposición de motivos de la iniciativa, una empresa compradora no podrá evadir la responsabilidad en caso la empresa adquirida sea condenada y obligada a pagar una reparación civil.

“[El objetivo del proyecto] es evitar perros muertos”, enfatiza Beteta en entrevista con El Comercio. “Las empresas pueden reestructurarse, hacer sus cambios de directores y de control, vender acciones y hacer reformas internas para asegurarse de que casos así no puedan repetirse. Pero de allí a meterles una bomba como este proyecto de ley para quebrarlas hay muchísima distancia”, responde Prialé.

—Sociedad dañina—
Beteta
explica que su iniciativa parte de la premisa de que las empresas que formaron parte de consorcios para obras o proyectos donde hubo corrupción habrían tenido conocimiento de los hechos delictivos por los que se han beneficiado. “Hay que ser bien ingenuos para creer que ellos no sabían [la manera en que] sus socios lograban las licitaciones”, sostiene la congresista.

Karina Beteta, Odebrecht

Proyecto de ley de Karina Beteta fue presentado en medio de discrepancias entre primer ministro Fernando Zavala y presidenta del Congreso, Luz Salgado.

Proyecto de ley de Karina Beteta fue presentado en medio de discrepancias entre primer ministro Fernando Zavala y presidenta del Congreso, Luz Salgado.

Proyecto de ley de Karina Beteta fue presentado en medio de discrepancias entre primer ministro Fernando Zavala y presidenta del Congreso, Luz Salgado.

El constitucionalista Enrique Bernales advierte que, de ser aprobado el proyecto, se estaría institucionalizando la sospecha. Sin embargo, Beteta descarta que su proyecto vulnere la presunción de inocencia. La congresista argumenta que las medidas establecidas en su propuesta no implican una sanción para las empresas que hayan sido socias de compañías corruptas, sino una forma de responsabilizarlas preventivamente. Para ella, estas disposiciones son similares a una medida cautelar, la cual se establece antes de que un proceso judicial llegue a su final.

“Estamos haciendo una prevención para efectos de tener una seguridad de una posible reparación civil. Si no fuera por el fideicomiso [creado por el decreto 003], tenlo por seguro que, cuando salga una sentencia, simplemente no podrá ser efectiva, porque las empresas alegarán que no tienen nada, porque todo lo han vendido, todo lo han trasladado a terceros”, alega Beteta.

No obstante, AFIN sostiene en un informe legal enviado a Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, que la iniciativa de Beteta no solo violaría este precepto, sino también el debido proceso, el derecho de defensa y tutela jurisdiccional, el derecho de propiedad y la irretroactividad de la ley.
“El proyecto especula sobre que, si bien es cierto que las empresas peruanas [...] podrían no haber participado directamente en la comisión del delito [...], estas terminaron beneficiándose con la rentabilidad obtenida como consecuencia de las actividades ilícitas”, detalla AFIN en el documento.

—Onda expansiva—
Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, otro gremio que ha criticado el proyecto, teme que se condene la figura del consorcio.

Construcción

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Archivo El Comercio

“Acá hay un nivel alto de concentración y son frecuentes los consorcios. Hay 40 empresas en el Perú que pueden tener el 70% de las grandes obras públicas”, explica.

De hecho, la figura del consorcio entre firmas extranjeras y socios locales puede ser aun más importante ante los desafíos que encara este gobierno: la reconstrucción, cuya inversión alcanzaría los US$6.400 millones hasta el 2021, y sacar adelante la cartera de proyectos de Pro Inversión, que asciende a US$14.000 millones.

“Soy escéptico de que puedan venir nuevas empresas extranjeras a llenar el vacío que dejarían las empresas impedidas de participar. Instalarse no es tan fácil, porque hay que mover maquinaria pesada y contratar recursos humanos. No es que puedas decidir que una nueva empresa extranjera empiece a operar mañana”, argumenta Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía.

Fernando Cáceres, presidente de Contribuyentes por Respeto, agrega que el efecto práctico de este proyecto de ley sería impedir que todas las empresas que alguna vez tuvieron relación con las brasileñas, por más mínima que haya sido esa participación, puedan contratar con el Estado. “No podrían participar en la reconstrucción, porque de hacerlo los montos a pagárseles serían retenidos”, dice.

No obstante, Beteta responde a las críticas afirmando que las empresas socias de Odebrecht podrán seguir licitando con el Estado y operando en el país. También sostiene que en realidad dependerá del Ejecutivo que sean parte de la reconstrucción.

Una fuente del MEF asegura que el PL no solo generará una situación de estrés financiero a estas empresas, sino también para los contratistas con los que trabajan, y desde este ángulo “sería absolutamente devastador para la economía”, advierte, ya que sería un golpe muy fuerte para la economía, para la generación de empleo y para la salud del sistema financiero.

“Tienen que hacerse cambios estructurales”, subraya Beteta. “Todo cambio es duro y puede muchas veces generar algún tipo de retraso en nuestra economía, pero yo estoy convencida de que [el proyecto] no afectará en nada a la economía”, sentencia.

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