Trump mantendrá orden de Obama contra discriminación a LGTBQ
Trump mantendrá orden de Obama contra discriminación a LGTBQ

INFORME REALIZADO POR EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (IPE)

En su primera semana como presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para iniciar la construcción de una de sus principales promesas de campaña: un muro que recorra la frontera entre su país y México con el objetivo de detener la inmigración ilegal proveniente de este último.

El presidente Trump y su equipo alegan que la llegada de inmigrantes del lado sur de la frontera reduce los salarios en el mercado laboral y los puestos de trabajo para los nativos. Asimismo, mencionaron que la inmigración habría incrementado la delincuencia en aquellas ciudades que la acoge. Por último, se dice que el aumento de la población inmigrante afecta el financiamiento de los servicios de seguridad social en EE.UU. y la calidad de su servicio.

¿TIENE RAZÓN DONALD TRUMP?

¿Cuánto hay de cierto en estas afirmaciones? En el contexto de una creciente política anti-inmigratoria en el mundo desarrollado, es relevante revisar la evidencia acerca de los efectos de la inmigración en el país receptor.

Respecto al supuesto incremento del crimen generado por la inmigración, diversos estudios en Estados Unidos demuestran que los niveles de inmigración y las tasas de criminalidad no tienen mayor relación. Incluso, según una investigación publicada en el National Bureau of Economic Research, se ha encontrado que los estadounidenses nativos tienen mayor probabilidad de ser encarcelados que los inmigrantes.

Aparte de características particulares a cada población, una posible explicación para ello es la gravedad de las penas por cometer crímenes: los inmigrantes pueden ser deportados, lo que los hace menos propensos a violar la ley. 

El nuevo gobierno estadounidense también ha catalogado a las llamadas ciudades “santuario” –aquellas jurisdicciones en las que la policía local no tiene la obligación de informar a las autoridades migratorias federales acerca de inmigrantes indocumentados- como “incubadoras” de crimen. En realidad, la información estadística es poco concluyente al respecto, pero una reciente investigación de la Universidad de California en San Diego informa que las ciudades santuario reportan menor cantidad de crímenes al ser comparadas con ciudades equivalentes en características de población y demografía.

Por otro lado, tampoco existe evidencia definitiva de que la llegada de trabajadores inmigrantes genere, a nivel agregado, un impacto negativo sobre el empleo de trabajadores nativos ni sobre sus salarios. Más bien, la evidencia apunta a lo contrario. Varios estudios sugieren que el trabajo de los inmigrantes en general es complementario -no sustituto- del trabajo de los estadounidenses, y que en este sentido contribuiría incluso a mejorar la productividad de los empleados locales.

La oferta de trabajadores inmigrantes poco calificados en los sectores agrícola y de construcción, por ejemplo, permite que personas locales más calificadas se desempeñen en tareas de mayor productividad.

Otra idea ampliamente difundida es que los inmigrantes -al recibir diversos beneficios sociales subsidiados como salud, vivienda y educación- son una carga tributaria para los contribuyentes locales. Ello afectaría la sostenibilidad fiscal del Estado y la calidad de los servicios provistos.

Al igual que en los casos anteriores, las percepciones son equivocadas. Según estimaciones de la Administración del Seguro Social de EE.UU., los aportes de trabajadores inmigrantes generan un efecto positivo neto en las finanzas del seguro social, dado que el monto de sus contribuciones es significativamente mayor a lo que reciben en beneficios.

Por otra parte, para una muestra de países miembros de la OCDE, estudios de esta organización sostienen que la inmigración tiene un impacto fiscal neutral; es decir, los beneficios recibidos por los inmigrantes son financiados por impuestos pagados por ellos mismos. No obstante, este último estudio advierte que si bien la inmigración no genera una carga fiscal, tampoco debe ser considerada como una solución de largo plazo ante problemas fiscales futuros. Asimismo, según BBVA Research, no existe evidencia alguna de que la inmigración afecte la calidad de los servicios públicos en EE.UU.

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