Gonzalo Carranza

Director general de LLYC Lima

Resulta difícil sintetizar la conversación que tuvieron Pedro Grados Smith, Luis Valdivieso y Pablo Secada en el marco del foro Perspectivas de la en el Contexto Electoral, organizado por CFA Society, pues refleja el ánimo contradictorio que muestran hoy en día quienes toman las decisiones empresariales. 

Secada, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, graficó esta confusión de los “espíritus animales” con un dato: las expectativas empresariales a tres meses se mantienen pesimistas, pero cuando estas se miden a un año pasan al tramo optimista. 
Ello se da porque una de las principales preocupaciones del empresariado quedará resuelta recién a mediados de año: quién será el próximo presidente. 

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No obstante, si se preguntara por la expectativa en los próximos cinco o diez años, asaltan las dudas relacionadas con el gran pendiente de los últimos tiempos: la falta de como traba para la inversión privada.

PROBLEMA Y POSIBILIDAD 
El crecimiento del PBI del 2016 y 2017 depende en gran medida de proyectos de infraestructura. No obstante, resaltó Secada, el diseño de los procesos y contratos de concesión ha fracasado al no convocar empresas de clase mundial y mantener contratos que luego acumulan adenda tras adenda. 

(Archivo: El Comercio)

Así se terminan dando casos como la construcción del aeropuerto de Chinchero, cuyo modelo financiero fue recientemente rechazado por Ositrán, y el gasoducto surperuano, de cuyo cierre financiero se tienen dudas.

De acuerdo con Grados, vicepresidente de Wealth Management del Grupo Scotiabank, las dudas sobre la viabilidad de los proyectos no se relaciona con falta de financiamiento disponible.

“Hay recursos para los proyectos de infraestructura, más allá de los problemas de las concesiones y las adendas”, sostuvo.

Grados y Valdivieso, este último presidente de la Asociación de AFP, coincidieron en que los fondos están disponibles en los bancos, que financian los tramos de corto plazo de los proyectos, y en las AFP, que se ocupan de la parte de largo plazo. Más bien, los problemas en el diseño de las concesiones han desembocado en un excesivo celo de la administración estatal.

“Si el regulador o el político no es amigable hacia la inversión, tenemos un obstáculo”, afirmó Grados.

Secada resaltó que se estima que las tasas y las multas relacionadas con la regulación en el Perú cuestan 3% del PBI, mientras que el Impuesto a la Renta de personas naturales es de 2%. 

Los expertos coincidieron en que el inicio de un nuevo gobierno es una oportunidad para lanzar una ola de reformas. Pero su viabilidad no solo estará en la voluntad del gobierno, sino en el segundo y tercer nivel de funcionarios.

“Basta que una reforma entre a la línea de funcionarios del MEF para que no salga nunca. Ni siquiera cruza del jirón Junín a Palacio de Gobierno”, sentenció Secada.