La Ley N°30640, que modifica el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos en materia de cabeceras de cuenca, ha sido blanco de críticas por parte de los empresarios mineros esta semana, durante la cumbre Perumin.
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Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura y presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) encabeza la lista de quienes han hecho sonar la alarma. Asegurando que la norma introduce el concepto de cabecera de cuenca en la normatividad peruana y podría ser utilizada políticamente por algunos sectores para bloquear la ejecución de inversiones en el sector; cuya cartera asciende a US$47.000 millones.
“Debemos hacer una reflexión porque puede traer nubarrones en el desarrollo de proyectos mineros. Esta ley sería un duro revés”, enfatizó a pesar de que, en realidad, el término cabecera de cuenca y la posibilidad de que la Autoridad Nacional del Agua las declare intangibles está vigente desde que se promulgó en 2009 la Ley de Recursos Hídricos.Lo que la nueva norma hace es modificar el artículo 75 de la mencionada ley, ordenando a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) elaborar una metodología para identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca. El mismo que está siendo ya preparado por la ANA y será sometido a consulta pública en seis meses.
RESPUESTA DEL CONGRESO
Algunos empresarios han afirmado que la norma es “una fantasía de los antimineros”. Sin embargo, esta modificación fue aprobada por el Congreso hace tres meses de por la Comisión Permanente con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Por ello, El Comercio buscó a varios de los parlamentarios que la apoyaron para conocer sus reacciones a las advertencias que los empresarios han lanzado; más de un mes de que la norma fuera refrendada y publicada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El congresista de la bancada de Fuerza Popular, Cesar Segura Izquierdo, afirmó que los empresarios deben entender que el espíritu de la ley es mejorar los mecanismos existentes para no afectar el recurso hídrico, y los invitó a “sumarse, a apoyar a que esta ley se aplique de manera efectiva para todos. El tema de fondo es que se deben proteger los recursos hídricos”.
Otro parlamentario de Fuerza Popular que votó a favor de la norma es Segundo Tapia, quien insistió en que las mineras deben respetar las cabeceras de cuenca. “Es un tema de responsabilidad social”, señaló. “No hay que caer en un tema alarmista les sugiero calma y tranquilidad mientras el ANA regula. Nosotros siempre estaremos del lado de las inversiones con responsabilidad social”, agregó.
A ese pedido y reafirmación en apoyo a las inversiones se sumó Cesar Vásquez Sánchez, de Alianza Para el Progreso (APP).
Por su parte, Juan Sheput, de Peruanos Por el Kambio (PPK) lamentó que las opiniones de los empresarios lleguen en este momento. “La norma no se aprobó entre gallos y medianoche. La norma fue socializada y los empresarios tienen enlaces parlamentarios. No tiene sentido que se quejen ahora”, dijo.
Respecto al fondo de la norma, Sheput señaló que no hay ningún sentimiento o intención de perjudicar al sector, sino por el contrario de reducir vacíos legales que agravan la situación de estrés hídrico del país. “Incluso, esta norma debe orientarnos hacia una ley de ordenamiento territorial para que no quede en letra muerta”, declaró.
Cabe mencionar que la Ley 30640 fue el resultado de la fusión de dos proyectos de ley; uno presentado por Marco Arana de Frente Amplio y otro de Cristina Melgarejo de Fuerza Popular. El texto final de la norma aprobada es el segundo.
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