¿Cuánto cuestan las votaciones, referéndum y revocatorias en el Perú?

El presidente Martín Vizcarra propuso, durante su Mensaje a la nación, adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para julio del 2020 como respuesta a la "crisis institucional" entre el Congreso y el Ejecutivo. Esta medida, que es parte de una reforma constitucional, deberá ser ratificada mediante un referéndum.

En este contexto,de aprobarse dicha reforma en el Parlamento, el Gobierno deberá asumir un mayor gasto en la inversión por votaciones nacionales. 

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Las votaciones en el Perú en los últimos 12 años (incluyendo las presidenciales, subnacionales, referendos y revocatorias) le han costado al país S/2.018,2 millones. Las del 2016 fueron las más caras de todas, por las elecciones presidenciales. 

De esta manera, tomando en cuenta los últimos comicios nacionales de los que se tiene datos (2014, gobernadores y alcaldes; y 2016, presidenciales), la inversión del Estado para garantizar que todos los peruanos puedan acceder al voto es de S/15,1 o US$4,54 por ciudadano.

En comparación con el resto de países de la Alianza del Pacífico, las votaciones en el Perú no son particularmente caras.

En las últimas elecciones presidenciales en Chile, el país del sur invirtió US$58,99 millones para un total de 13,5 millones de personas habilitadas para votar, es decir, US$4,36 por voto. En Colombia, el costo por voto asciende a US$2,04, y en México (que acaba de realizar las elecciones más caras de su historia), a US$16.

El precio de un proceso electoral depende de varios factores demográficos y, en consecuencia, logísticos. En primer lugar, a más personas, mayor cantidad de cédulas de sufragio por imprimir. Por ejemplo, mientras que en las votaciones presidenciales del 2010 había 19,9 millones de personas inscritas para votar, en el 2018 este número giraba en torno a los 23 millones.

No obstante, según explica el especialista en temas electorales y municipales Julio César Castiglioni, la tendencia es que el precio decrezca conforme se vaya incorporando el voto electrónico.

“Toda Lima ya debería tener voto electrónico. El voto manual es mucho más caro que el electrónico. El voto electrónico te cuesta por la máquina, mientras que en el manual tienes que imprimir toda la papelería, remitir a provincias, ir a provincias, repartirla, contarla, regresarla a Lima, etc.”, explica.

Además, el voto electrónico garantiza que la opción que la persona ha elegido llegue finalmente al Estado y no se pierda en el camino, sea por un accidente o por un ataque dirigido.

“En estas elecciones regionales, en Huancayo hubo la quema de ánforas. Esos votos están perdidos. Con el voto electrónico, así destruyan la máquina, una vez que se marcó la opción esta se guarda en un servidor”, detalla Castiglioni. Cabe resaltar que lo mismo ocurrió en la localidad de Guadalupito, en la provincia de La Libertad, que espera la segunda vuelta en las votaciones regionales.

Por otro lado, la continua creación de distritos en el país también exige a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegar a destinos que pueden resultar muy costosos.

Al 2018, existen 1.678 municipalidades distritales, mientras que en el 2006 existían 1.637, es decir, 41 menos para instalar los equipos de votación. Cabe resaltar, adicionalmente, que a junio del 2018, se habían presentado 53 iniciativas de “declaratorias de interés” que promueven la creación de nuevos distritos o provincias, que de ser aprobadas generarían nuevos gastos en los próximos comicios.

COMPETITIVIDAD PARA EVALUAR

Otro indicador a medir en el costo de las votaciones tiene que ver, finalmente, con sus resultados. Será necesario evaluar si el referéndum que se tiene planeado para el 9 de diciembre, en el que se votará por llevar a cabo tres reformas políticas y una judicial, tendrá un impacto en la competitividad institucional del país.

De acuerdo con el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, el Perú ocupa el puesto 116 de 137 en el área de Instituciones. Aumentando el puntaje al mismo nivel que el que tiene Chile en solo 4 de los 21 indicadores de esa área –confianza en los políticos, pagos indebidos y sobornos, transparencia en gobernanzas y (prevención del) crimen organizado–, el Perú subiría hasta el puesto 92.

Como los últimos resultados electorales han demostrado, el consecuente efecto en la competitividad y economía del país que pueda tener cualquier votación dependerá, finalmente, no solo de las opciones elegidas, sean leyes o personas, sino también de la forma en como estas se ejecutan, gobiernan o las dejan gobernar.