Más de 8 millones de alumnos regresan a clases en un sistema educativo en crisis

Este mes, más de ocho millones de alumnos peruanos regresaron a clases en un sistema educativo deficiente. Los malos resultados de pruebas de aprendizaje son evidencia de ello. Según la última evaluación PISA, el rendimiento académico de los estudiantes peruanos en matemática ubica al país en el puesto 59 de 81 a nivel mundial. A nivel nacional, la evaluación censal del Minedu de 2023 mostró que solo el 23% de los alumnos alcanzaron un puntaje satisfactorio en matemáticas, una disminución significativa desde el 31% reportado en 2018.

Este retroceso es resultado de factores estructurales y coyunturales que afectan la calidad educativa. Por un lado, el mal estado de la infraestructura impide que los alumnos cuenten con un espacio seguro y adecuado para aprender. De acuerdo con el Minedu, la mitad de los colegios se encuentran en riesgo de colapso y necesitan ser reemplazados por completo. Estos albergan cerca del 20% del total de alumnos en el sistema educativo. Además, menos del 40% de los colegios cuentan con servicios de electricidad, agua y desagüe y menos del 50% de las escuelas primarias tienen Internet.

Por otro lado, la calidad de la enseñanza se ve afectada por la aprobación de normas que favorecen a profesores que no cumplen con requisitos para garantizar un buen desempeño. En abril del 2024, el Congreso aprobó la reincorporación de más de 14 mil docentes que habían sido cesados por no cumplir con los requisitos de la Ley de Reforma Magisterial como, por ejemplo, aprobar la evaluación docente o contar con título pedagógico. Además, se aprobó el nombramiento automático de docentes contratados con más de tres años de experiencia, sin necesidad de que rindan y aprueben la evaluación de conocimientos. Si bien esta norma fue observada por el Ejecutivo, se encuentra en comisión para ser debatida nuevamente. De aprobarse, cerca de 130 mil docentes serían nombrados sin haber aprobado los filtros de calidad.

A pesar de las grandes brechas en infraestructura y servicios básicos, el presupuesto para inversión educativa ha crecido solo 4% en términos reales en la última década. En comparación, el presupuesto para remuneraciones ha crecido 60%, sin que esto se traduzca en mejoras en la calidad de la enseñanza.

En los últimos meses, además, la coyuntura de delincuencia y extorsión por la que atraviesa nuestro país ha comenzado a afectar a las escuelas. Según la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú, más de 450 colegios privados han sido extorsionados en lo que va del año, suma que ya supera lo reportado durante todo el 2024. Frente a las amenazas, muchos colegios han optado por aplazar el inicio de clases o iniciar de manera virtual. La falta de equipamiento necesario para la educación a distancia hace evidente que esta no es una solución viable para muchos alumnos en nuestro país. De hecho, más del 60% de hogares no cuenta con una computadora, 90% en zonas rurales, según el INEI.

En este contexto, desde Apoyo Consultoría, proponemos medidas para mejorar la calidad educativa a través de inversión en infraestructura, respeto a la meritocracia en el nombramiento de docentes y lucha contra la extorsión.

1. Ampliar el alcance del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas del Bicentenario. Proponemos aprovechar el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Reino Unido para acelerar inversiones urgentes en infraestructura educativa. La asistencia técnica y el apoyo en ejecución y gestión del Reino Unido a la unidad ejecutora del PEIP Escuelas del Bicentenario, adscrita al Minedu, han permitido que esta logre una ejecución récord del 99% de su presupuesto en los últimos dos años (casi S/ 2.400 millones invertidos anualmente). En contraste, la ejecución en infraestructura educativa básica por parte de otras unidades ejecutoras (Gobiernos Regionales y Locales) ha sido baja en la última década (71% en promedio, cerca de S/ 2.000 millones sin ejecutar al año). Proponemos que se otorgue al Minedu, a través de una ley, la responsabilidad de definir las unidades ejecutoras para los colegios en riesgo según su capacidad de ejecución. Así, las entidades que no alcancen el umbral de ejecución necesario no serían responsables de los colegios, que pasarían a ser gestionados por Escuelas del Bicentenario.

2. Garantizar el mantenimiento de infraestructura y conexión a servicios básicos de los colegios a través de Asociaciones Público-Privadas (APP). Proponemos firmar contratos de APP para asegurar el mantenimiento a largo plazo de la infraestructura y la conexión a servicios esenciales como agua, desagüe, Internet, electricidad, entre otros. Para hacer la inversión más atractiva para los postores privados, se podrían agrupar colegios por zonas. A largo plazo, este modelo de colaboración público-privada debería priorizarse tanto para el mantenimiento como para la construcción de nuevos colegios, ya que aprovecha el financiamiento privado y reduce la carga fiscal.

3. Implementar un programa de capacitación y rediseñar la evaluación docente para promover la meritocracia: Las normas aprobadas por el Congreso que nombran docentes sin exigir un filtro de desempeño atentan contra el principio de mérito y capacidad docente establecido en la Ley Magisterial y ponen en riesgo la calidad de la educación que reciben los alumnos. Es fundamental que se dejen de promover este tipo de iniciativas en el Congreso o, de ser necesario, sean observadas y bloqueadas por el Poder Ejecutivo hacia delante. Además, es importante garantizar que los filtros de calidad docente sean adecuados y se encuentren actualizados. En ese sentido, proponemos implementar un programa nacional de capacitación continua y acompañamiento que priorice el desarrollo de habilidades didácticas y conocimiento pedagógico. Este programa debe ser obligatorio para docentes en las primeras escalas de la Carrera Pública Magisterial y opcional para aquellos en niveles superiores, con incentivos por

desempeño. Además, se debe rediseñar la Prueba Única Nacional y la evaluación de ascenso, para alinearlas a las competencias realmente necesarias en el aula. Se propone incluir evaluaciones prácticas como un segundo filtro para quienes aprueben la evaluación de conocimientos.

4. Fortalecer las acciones contra la extorsión en el contexto escolar. El Gobierno ha anunciado un Plan Escolar Seguro 2025, que contempla el despliegue de más de 3.000 policías para resguardar la entrada y salida de alumnos en colegios, patrullaje preventivo y la presencia permanente de policías y serenazgos en zonas de riesgo. Este tipo de medidas implican un alto costo de movilización de recursos para la policía y es poco probable que sean sostenibles en el tiempo. Además, no abordan el problema específico de la extorsión, que requiere intervenciones especializadas enfocadas en desmantelar las organizaciones criminales responsables. Por ello, es necesario implementar acciones dirigidas a combatir la extorsión, como mejorar el manejo de los penales –desde donde suelen hacer coordinaciones las bandas criminales– a través de la tercerización del control de los penales, requisas frecuentes y bloqueos de llamadas. También se puede colaborar con el sector privado, como bancos y operadoras telefónicas, para recabar información, crear listas negras de cuentas y números sospechosos, monitorear transacciones y establecer un sistema de alerta para reportar llamadas o cuentas vinculadas a actividades ilícitas.