El ministro de Economía, Carlos Oliva, dio un balance de los resultados tras la vigencia de la Ley 30737.
El ministro de Economía, Carlos Oliva, dio un balance de los resultados tras la vigencia de la Ley 30737.
Redacción EC

A un año de estar vigente la Ley 30737 que viabiliza las ventas de activos de empresas involucradas en delitos de corrupción, el Fideicomiso Retención y Reparación (FIRR) para asegurar las asciende a S/621,7 millones, informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (), Carlos Oliva.  

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Esta cifra se logró luego de que en abril se concretara la venta de la participación de en la hidroeléctrica Chaglla, cuyo valor de venta neta fue de US$638 millones.

"A raíz de esa operación [Chaglla] se tuvo que depositar el 50% del valor neto de la venta, que equivalía a US$319,1 millones; es decir, S/1.056 millones. De ese monto, S/434 millones fueron a Sunat. Quedaron en el FIRR S/621,7 millones destinados a los eventuales pagos de las reparaciones civiles que se determinen", indicó Oliva durante su participación en la comisión de Economía del Congreso.

El FIRR está compuesto por empresas distribuidas en tres tipos: La categoría 1 incluye a empresas condenadas o que han admitido delitos de corrupción; la categoría 2, socias o consorciadas de las de la primera categoría; y la categoría 3, empresas que tienen investigación fiscal. Todas ellas contribuyen al fondo; sin embargo, los montos de las empresas de la categoría 2 y 3 les será devuelto en caso no se les condene por corrupción.

En esa línea, el ministro indicó que la lista de empresas incluido en cada categoría ha cambiado desde mayo del año pasado: ahora en la categoría están 56 empresas vinculadas a Odebrecht; 7 firmas en la categoría 2; y 46 empresas en la categoría 3.

Además de Odebrecht, son 31 empresas incluidas en la categoría 1; es decir, que han admitido delitos de corrupción.
Además de Odebrecht, son 31 empresas incluidas en la categoría 1; es decir, que han admitido delitos de corrupción.

En la categoría 1, 32 empresas son domiciliadas en el Perú y de esas solo 13 cuentan con bienes inscritos. Algunos de estos son IIRSA Norte e IIRSA Sur Tramo 2. Las otras 19 empresas no cuentan con bienes.

CATEGORÍAS 2 Y 3
Solo tres de las siete empresas de la categoría 2 han formado un fideicomiso por un monto que equivale S/107 millones, informó Oliva.

"La empresa GyM S.A. ha puesto en fideicomiso S/55 millones vinculados a los préstamos del tren eléctrico línea 1 tramo 1 y tramo 2; , S/24 millones vinculados a IIRSA sur tramos 2 y 3; e IICGSA, S/28 millones vinculados a IIRSA Sur tramos 2 y 3", explicó. 

El 86% de las empresas de la categoría 2 han adoptado un programa de compliance, añadió Vicente Zeballos, ministro de Justicia. 

"Esto coadyuva a que no se detenga la cadena de pagos mediante estas empresas y finalmente tenemos percepción de que la ley ha contribuido al reordenamiento del sector construcción; a la mitigación del riesgo de paralización de la ruptura de cadena de pagos de dicho sector", dijo Zevallos.

De otro lado, indicó que las empresas de la categoría 2 que están en un procedimiento concursal no pueden formar un fideicomiso; entre ellas, Consultora de Ingenieria y Construcción (CCG S.A.), Obrainsa y Enagás.

En la categoría 3, se encuentra un "buen número de empresas", según el MEF. A la fecha ninguna empresa ha accedido voluntariamente a esta categoría, a pesar de beneficios como la suspensión de medidas cautelares y embargos de la Sunat.

SOLICITUDES A LA FECHA
El Ministerio de Justicia informó que ha atendido 55 solicitudes de adquisición y daciones en pago; y ha retenido 50% del valor de venta de dichos activos en el fideicomiso. De estas, 38 solicitudes corresponden a adquisiciones y 17 a dación en pago.

De las 38 solicitudes de adquisición, cuatro cayeron en abandono, 10 están en trámite y 24 han sido autorizadas. De las daciones, 13 fueron denegadas o desestimadas y 4 exoneradas porque los montos no superaban las 100 UIT exoneradas.

A la fecha se han retenido US$319,5 millones que pasa como pago de reparación civil o para satisfacer obligaciones tributarias.