MEF reafirma el impacto fiscal de las leyes del Congreso anterior: Costo de las medidas podría alcanzar hasta S/50 mil millones al 2027

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, un documento que presenta las proyecciones de las principales variables macroeconómicas en el contexto vigente a nivel local e internacional. En dicho documento, el MEF es severo al reconocer que las cuentas fiscales peruanas enfrentan un “efecto adverso” ante el aumento de iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso de la República en los últimos años; medidas que, tal como se advirtió en el pasado, afectarán en mayor medida a las cuentas públicas del Estado.

De acuerdo con el MEF, entre el 2021 y 2025 se aprobaron 248 iniciativas legislativas que generan dicho impacto negativo “por la vía del gasto público, de medidas tributarias o de transferencias a gobiernos subnacionales”.

La cifra no es menor: el MEF remarca en el MMM que esta triplica el promedio de 78 leyes de impacto negativo aprobadas en los períodos congresales previos —entre el 2006 y 2021—.

“Resulta particularmente llamativo el impacto sobre el gasto público, pues 199 de estas leyes (aproximadamente el 80% del total) se concentraron en incrementar el gasto, principalmente a través de remuneraciones y pensiones”, se precisa en el documento del MEF.

La cartera resalta, asimismo, que el costo de estas casi 200 medidas ha sido creciente, en tanto se han ido implementando de manera gradual. Así, un costo de S/3.500 millones en el 2022 escaló hasta S/30.000 millones este 2026; un aumento que comprometió la formulación del presupuesto público para este año.

“Esta acumulación de compromisos rígidos presionó directamente la formulación del presupuesto 2026, que incorporó una importante expansión del gasto corriente en desmedro de la inversión pública: mientras la participación de la inversión dentro del presupuesto no financiero se redujo de 28,5% en el 2023 a 22,3% en el 2026, la del gasto corriente aumentó de 68,7% a 74,3% en el mismo período”, se lee en el documento.

De no adoptarse medidas correctivas frente a las iniciativas del Congreso que fomentan este elevado gasto corriente, el MEF advierte que el costo fiscal ocasionado por estas normas podría elevarse hasta S/50.000 hacia el próximo año (2027), un hecho que, de ocurrir, reducirá el espacio disponible para otras prioridades de inversión pública.

El MEF apunta, también, que a esto se suma “un nivel de ingresos fiscales estructuralmente bajo”, constantemente alertado por instituciones locales e internacionales: el sector anota que este 2026 los ingresos representarían 19,4% del PBI, una cifra que está muy por debajo del promedio de América Latina (29,9% del PBI) y de los países miembros de la OCDE (40,3% del PBI).

Esto refleja, en ese sentido, la informalidad, la evasión y la complejidad tributaria que caracteriza al sistema peruano.

“En este contexto de deterioro progresivo de las finanzas públicas, de asumirse la totalidad de las medidas de gasto aprobadas por el Legislativo, el déficit fiscal y la deuda pública mantendrían una senda ascendente y permanentemente elevada, superando sus parámetros de mediano plazo (1,0% y 30% del PBI, respectivamente)”, se detalla en el MMM.

El MEF reconoce, también, que para enfrentar el escenario de deterioro progresivo de las cuentas fiscales del país se requieren medidas que permitan mejorar la calidad del gasto público, atendiendo tanto su eficiencia como su rigidez, así como fortalecer los ingresos permanentes del Estado. En esa misma línea, el MEF subraya que se trabajará en fortalecer integralmente el marco macrofiscal, “incluyendo las reglas fiscales, procurando no comprometer la sostenibilidad ni la solvencia fiscal del país en el tiempo”.

Así, mediante una iniciativa legislativa, el MEF anticipa establecer una nueva senda de convergencia fiscal que permita que la política fiscal peruana sea más creíble, anclando, de este modo, las expectativas de los agentes económicos y preservando “niveles prudentes y sostenibles de deuda pública”.

No obstante, el sector anota que las mejoras no se limitarán a la modificación de la regla fiscal: también se prevé perfeccionar otros elementos del marco macrofiscal, como la gestión de ‘buffers’ fiscales, las metodologías empleadas y el análisis de riesgos fiscales a mediano y largo plazo, entre otros ámbitos.

Este proceso, apunta el MEF, se evaluará de manera integral, con el acompañamiento técnico de organismos especializados y autónomos.

“Se impulsarán acciones orientadas a reducir la rigidez del gasto, incluido el uso de los mecanismos constitucionales que permiten resguardar el equilibrio fiscal y presupuestal frente a normas que lo comprometan. Por el lado de los ingresos, dado el elevado nivel de incumplimiento tributario, se fortalecerán las acciones para reducir la evasión y la elusión, así como las capacidades de la administración tributaria, con el fin de incrementar los ingresos fiscales de manera permanente”, se apunta.

Regla fiscal y ámbito tributario

Pese al diagnóstico del MEF, el documento precisa que en tanto no se apruebe una nueva ley de consolidación fiscal “el Marco Macroeconómico Multianual, que constituye el sustento del Presupuesto, debe elaborarse conforme a la trayectoria del déficit fiscal vigente, con los parámetros de mediano plazo del déficit fiscal y la deuda pública enmarcados en el Decreto Legislativo N° 1621 y el Decreto Legislativo N° 1276”.

En esa línea, según manda la ley, las proyecciones del MMM señalan que el déficit fiscal de este año debe alcanzar 1,8% del PBI, por debajo del 2,2% del PBI registrado en el 2025.

“Para el 2027, acorde con la trayectoria de consolidación fiscal vigente, el déficit fiscal debe reducirse a 1,4% del PBI, lo que implica un esfuerzo mayor en un contexto de creciente rigidez del gasto público”, se explica. En tanto, para el período 2028-2030 el déficit fiscal, según normativa, deberá ubicarse en 1% del PBI.

Respecto a los ingresos y la necesidad de mejorarlos, el MEF puntualiza que “cerrar la brecha de incumplimiento tributario mediante la modernización de la administración tributaria y la fiscalización basada en riesgo permitiría elevar la recaudación permanente sin incrementar tasas ni la carga sobre quienes ya cumplen, para lo cual también se conformará una comisión de trabajo encargada de reducir la problemática tributaria”.