El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, conversa con la editora de Economía, María Rosa Villalobos, sobre el discurso de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias.
¿En el mensaje presidencial hubo un mensaje claro a la inversión privada?
Hay que rescatar la naturaleza democrática e institucional del mensaje. Estuvo muy enfocado en eso, así como en el rol igualador de oportunidades del Estado para las personas. También, hubo un énfasis en señalar los temas de salud, identificando esa carencia tan grande en los peruanos e hizo un enorme listado de hospitales grandes para tratar de apalear esto. Me hubiera gustado ver más énfasis en los hospitales más pequeños, donde se atienden el 80% de las necesidades de la población.
Mencionó la construcción de seis hospitales vía gobierno a gobierno.
Seis hospitales de alta complejidad. Si bien eso es importante, no se hizo una referencia a los pequeños hospitales resolutivos, donde el 80% de las atenciones se hacen. Hay que saludar el interés en el tema de salud.
También hay que saludar la cantidad de menciones que hizo a la inversión privada, dándose cuenta de que por ahí viene el crecimiento. Lo que no encontramos sobre la inversión privada en ese extenso discurso fue cómo facilitar el rol de las inversiones. Hoy el Estado es muy complejo, los trámites son muy engorrosos, muy largos y hay mecanismos de trabas a la inversión que por la propia naturaleza de los procesos administrativos se traban. También estuvieron ausentes la conflictividad social y el acompañamiento del Estado para poder acelerar los trámites.
Creo que ha sido un buen discurso, no hubo populismo. Pero creo que hay cosas puntuales que me hubieran gustado ver, sobre la reducción del tamaño del Estado, cómo deberíamos acumular entidades administrativas en una sola para no tener las ideas y vueltas a las que nos tienen acostumbrados.
Hemos tenido tres horas de discurso, no tenemos precedente.
Al tocar tantos puntos se relativizan todos, cuando ha tocado puntos de altísima importancia de repente se pierden. Cuando ha tocado todos, ¿cuál debemos priorizar? Entonces el servicio de la administración pública ha sido importante, el ofrecimiento de apoyo a las regiones lo quiero destacar como de altísima importancia. Sabemos que ahí hay grandes déficits en el cumplimiento de los proyectos de inversión en infraestructura, sobre todo esa infraestructura para el alivio de la pobreza.
La extensión tan larga quizás nos hizo perder atención a algunas cosas importantes, pero hay que saludar las buenas intenciones del Ejecutivo.
La presidenta también anunció que espera prontamente la mejora del sueldo mínimo.
Eso es algo negativo porque está generando expectativas en la población laboral formal cuando claramente lo que hemos comentado en la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) es que se tendrá que establecer si hay los mecanismos técnicos para determinar si hay cabida para determinar si hay un incremento de remuneración mínima vital (rmv). Acá la presidenta ha adelantado una información que no ha sido parte de la breve reunión que hemos tenido.
Esperemos no tenga el efecto boomerang en el 2020 cuando el Congreso transitorio se ensañó con el sector agrícola formal, les puso una bonificación extraordinaria ligada a la rmv del 30% y lo que hizo ese efecto fue reducir el número de empresas formales del sector. Fomentó la informalidad y, de las que quedan formales, la remuneración promedio del sector se vio reducida. Ese es el efecto boomerang de una medida antitécnica referida a la rmv.
Se mencionó también un fideicomiso para obras de infraestructura.
Lo mencionó, no lo desarrolló, pero me parece interesante. Es un mecanismo que ha funcionado en diversas partes del mundo porque las reglas para acceder a esos fondos de inversión no los conocemos ahora, pero sabemos que puede ser un gran dinamizador del desarrollo de infraestructura. Estamos ansiosos por saber cuál es la idea y por supuesto ofrecer desde el sector privado todo el apoyo.
Hubo anuncios vinculados a la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin). La presidenta anunció que Majes Siguas II pasaría a ser administrado por la Anin. ¿Cuál es tu opinión?
La Anin es una nueva institución que se creó sin rebotar ideas con el sector privado. En conversaciones con el Ejecutivo nos comentó que en el reglamento de la ley, que es donde están los detalles y dónde estaría invitando a los diferentes sectores de la economía a contribuir. Como digo siempre, tienen buenas intenciones, necesitamos un buen reglamento de la Anin para que no sea otra institución más que no funciona y estemos burocratizando el país. Tengo fe que puede funcionar, que es una buena idea, pero el demonio está en los detalles, hay que meterse en los detalles y compartir con los actores cuáles han sido las dificultades del desarrollo de infraestructura en el Perú y cómo la Anin estaría ayudando para que esas dificultades desaparezcan.
También se pidió facultades legislativas para 50 normas, principalmente centradas en seguridad ciudadana. ¿Qué opinión tienes?
Hay que destacar del mensaje presidencial que no quieren pasar piola y llegar al fin del mandato haciendo poca bulla. El simple hecho de pedir esto es una señal de que quieren trabajar. Es una buena señal. El reto está en la ejecución de esto. Hay que ver cuáles son esas 50 normas y cómo ayudan en la seguridad ciudadana.
Perú ha llegado a un nivel de violencia inaceptable en todos los frentes. La delincuencia, pero también la protesta violenta. Los peruanos debemos ser capaces de entendernos conversando, discutiendo, discrepando, pero no con violencia.
Los gremios de las mypes hicieron llegar una nota de prensa indicando que no hubo suficientes anuncios para la reactivación. ¿Cree usted que es correcto?
Coincido con los gremios. Por ejemplo, sabemos que hay unas propuestas dando vueltas y que nos hubiera gustado que fueran acogidas. Por ejemplo que haya incentivos a las empresas para adquirir productos de los microempresarios. Sabemos que es más complejo, más engorroso y sabemos que es más fácil comprarle a los usuales proveedores que ya están establecidos. Nos hubiera gustado ver trabajado el proyecto de incentivos, que realmente las microempresas son frágiles hoy y en realidad el riesgo es que se vaya a incrementar la informalidad en estas que están pasando a la formalidad y con un plan interesante. Espero que no todo lo que se dice en el discurso presidencial sea lo que se haga.
Insistiremos conjuntamente con los gremios de microempresarios, que además son miembros de Confiep, para hacerle una propuesta integral adicional a la que ya se ha hecho a la PCM.
Hemos tenido anuncios sobre movilidad urbana en Lima y Callao, el Anillo Vial Periférico, la construcción de la Línea 2 y el ramal de la avenida Faucett. ¿El mensaje ha estado más enfocado en obras de infraestructura para mover la aguja de la inversión pública y no tanto en la inversión privada?
No lo sé, porque todos esos proyectos tienen APP y concesiones. Lo que no debemos perder de vista es que el Estado solo, por más que es un Estado rico, no tiene los medios para resolver los problemas integrales de la inversión en infraestructura. Requiere necesariamente del sector privado. El 80% de todas las inversiones nacionales vienen del sector privado, solo el 20% viene del sector público. Entonces no está alejado lo que la presidenta ha anunciado sobre infraestructura, me parece valioso. La ciudad de Lima ha crecido muchas veces en población y casi nada en infraestructura urbana. Entonces las horas-hombre que dedican los peruanos que viven en la periferia para llegar a su centro de trabajo o movilizarse por Lima es muy costoso para ellos y para el país. Entonces es un clamor a gritos tener una infraestructura, no solo Lima, en todo el Perú. Cuando se hacen anuncios para infraestructura en Lima hay que saludarlo, apoyarlo y ver qué mecanismos de asociación público privado o concesiones podemos aportar.
No se hizo mención del puente Santa Rosa ni del acceso al aeropuerto Jorge Chávez.
Hizo mención a la vía expresa Santa Rosa, pero no al puente Santa Rosa que se quedó sin postores este lunes.
Hay que facilitar el acceso al aeropuerto. Lo peor que nos puede pasar es que la concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez haya terminado el nuevo terminal, haya terminado el aeropuerto y los pasajeros no podamos acceder al aeropuerto ni salir de él.
Quizás que se declarara desierto refleja la poca flexibilidad del Estado en esta licitación.
Cuando vinieron los Panamericanos y había que hacer infraestructura a toda velocidad nos tuvimos que bypassear la ley de contrataciones del Estado. Utilizaron mecanismos más avanzados como los contratos NEC, los PMO, la gerencia de proyectos. Creo que tenemos que poner las barbas en remojo y ver cómo podemos hacer una ley que sea más flexible sin claudicar la lucha contra la corrupción. Los NEC y los PMO contemplan en su estructura mecanismos invulnerables para la corrupción y son absolutamente transparentes. Aprovechemos que tenemos esta urgencia para ser más permisivos en este tipo de proyectos.
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